Bolivia | SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL No 1865/2012 del 05 de Octubre de 2012

RESUMEN: Sucré, 5 de octubre de 2012 Expediente: 00617-2012-02-AlC Departamento: Tarija

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1865/2012

Sucre, 12 de octubre de 2012

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator: Efren Choque Capuma

Acción de amparo constitucional

Expediente: 01389-2012-03-AAC

Departamento: La Paz

En revisión la Resolución de 14/2012 de 7 de agosto, cursante de fs. 146 a 160, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mirian Apaza Choque y Madonna Mariscal Limachi contra Enrique Morales Díaz, Juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 27 de julio de 2012, cursante de fs. 118 a 121 vta., subsanado por memorial de 2 de agosto del mismo año, cursante de fs. 129 a 130 vta., las accionantes exponen los siguientes fundamentos.

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En proceso penal seguido en su contra por José Luís Chávez Torrico y otros, por la presunta comisión de los delitos de engaño a persona incapaz, falsedad y otros, bajo control jurisdiccional del Juez Primero de Instrucción en lo Penal. Jesús Franco Espejo, codenunciado, Notario de Fe Pública, planteó excepción de prejudicialidad, debido a que el Consejo de la Magistratura, inició en su contra proceso disciplinario. Declarada probada la excepción planteada mediante Resolución 160/2011 de 25 de abril, disponiendo la suspensión del proceso penal, hasta que el procedimiento extrapenal instaurado ante la Unidad de Régimen Disciplinario del Consejo de la Magistratura sea resuelto en todas sus instancias y puedan emerger o no responsabilidades de carácter civil, penal o administrativo, de conformidad a lo establecido por los arts. 308 y 309 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Hasta la presente fecha, no se presentó el fallo extrapenal ejecutoriado y siendo el proceso penal único e indivisible, no admite la suspensión parcial, de conformidad al art. 45 del citado cuerpo legal, una interpretación contraria vulneraría el debido proceso al fragmentar el proceso penal disponiendo la continuación de la investigación respecto de los demás denunciados; empero, por decreto de 8 de febrero de 2012, el nuevo Juez, ahora demandado, de manera arbitraria, ilegal y desconociendo los efectos de la Resolución de prejudicialidad, dispuso la prosecución del proceso penal, ignorando flagrantemente lo dispuesto en Resolución 160/2011 y lo previsto en los arts. 308 y 309 del CPP; recurrió de reposición, negado por proveído de “13 de junio del mismo año”, en función al cual, el Ministerio Público continúa la investigación en su contra, sin que se hubiere presentado la Resolución extrapenal ejecutoriada, dado que el recurso de apelación se presentó el 7 de mayo del citado año y aún se encuentra en trámite ante el Consejo de la Magistratura.

Agotadas las instancias ordinarias y dentro del plazo de caducidad, interpone la presente acción, dado que el decreto de 13 de junio de 2012, se emitió sin previa sustanciación y audiencia que pueda dar mérito a otro tipo de recurso; además, el proveído de 8 de febrero de ese año, es un acto contrario a la ley. El art. 309 del CPP, deja fuera de duda cualquier interpretación contraria, en el entendido que el proceso penal queda suspendido hasta que el procedimiento extrapenal adquiera calidad de cosa juzgada; por cuanto, los arts. 300, 301 y 302 del CPP, son inaplicables e impertinentes por que no modifican ni dejan sin efecto la suspensión dispuesta.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Las accionantes denuncian como vulnerado su derecho y garantía al debido proceso, sin citar norma alguna de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda el amparo invocado, disponiendo: a) La nulidad de los decretos de 8 de febrero y 13 de junio de 2012, y todos los actos que se hubieren realizado en cumplimiento a los indicados decretos; b) Se disponga el cumplimiento de los precedentes jurisprudenciales y el respeto a sus derechos y garantías; y, c) Se condene en costas a la autoridad “recurrida”, más la responsabilidad civil por los daños causados.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 7 de agosto de 2012, concurrieron las accionantes asistidas por su abogado, Enrique Morales Díaz, Juez demandado, José Luis Chávez Torrico, Jesús Franco Espejo y Wilma Ramírez Delgadillo, terceros interesados, acompañados por sus abogados; ausentes Ricardo, Rubén Carlos y Raymundo Eduardo, todos de apellido Chávez Torrico y el representante del Ministerio Público, según se tiene del acta cursante de fs. 138 a 145 vta., de obrados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Ángel Huanca Linares, abogado de las accionantes, ratificó la acción y la amplió indicando que por efecto de la suspensión del proceso no existía control jurisdiccional debido a que el Juez de la causa perdió competencia.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Enrique Morales Díaz, Juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz, demandado, no presentó informe escrito y en la audiencia, expresó: 1) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra las accionantes, Jesús Franco Espejo, Wilma Ramírez Delgadillo, Madonna Mariscal Limachi y Mirian Apaza Choque, por la presunta comisión de los delitos de engaño a personas incapaces, falsedad ideológica, asociación delictuosa y otros, no existe imputación formal, sólo se tienen actos iniciales de investigación; 2) Jesús Franco Espejo, interpuso excepción de prejudicialidad, argumentando que hasta ese momento funge como Notario de Fe Pública y emergente de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, se le inició proceso administrativo, motivo por el cual la excepción fue declarada probada por Resolución 160/2011 de 25 de abril, por el Juez Freddy Gutiérrez, que determinó la suspensión del proceso hasta que el proceso iniciado por la Unidad de Régimen Disciplinario del Consejo de la “Judicatura” sea resuelto; empero, no especifica respecto de quien se suspende el proceso, deduciéndose que es sólo para el excepcionista y no para demás denunciados. En ese sentido y de acuerdo a los alcances de los arts. 300, 301 y 302 del CPP, ordenó que el fiscal continúe la investigación; recurrida, de reposición por las accionantes y rechazada por haberse planteado contra un Auto y no un proveído; 3) Paralizado el proceso la parte querellante incidentó falta de notificación, posteriormente el apoderado legal y víctima José Luis Chávez Torrico, solicitó control jurisdiccional, indicando la indebida suspensión; 4) El argumento de procesamiento indebido, es inexistente, dado que las normas se interpretaron adecuadamente de conformidad al procedimiento, dado que no están siendo sometidos a dos procesos distintos; 5) El art. 45 del CPP, señala la indivisibilidad del juzgamiento, en el caso concreto se trata de un solo proceso y cuatro de los denunciados no son funcionarios judiciales; 6) El proceso disciplinario se resolvió por Sentencia 029/2012 de 19 de abril, que suspendió al referido Notario de Fe Pública por seis meses. En su interpretación, dicha decisión emerge de un proceso administrativo y no jurisdiccional; por cuanto, su antecesor se extralimitó en su conocimiento, dado que se trata de un proceso administrativo por faltas disciplinarias al reglamento y no por un tipo penal como sucede en el proceso penal, en el que se lo investiga por la presunta comisión de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública; por cuanto, no existe violación al debido proceso; 7) Su actuación se sujetó al procedimiento y obedece a la petición formulada por la parte. Al ser confusa la Resolución que declaró probada la excepción de prejudicialidad, es su obligación aclararla y así lo hizo en Auto que rechazó la reposición; 8) Iniciado el proceso el 4 de marzo de 2011 hasta el 13 de junio de 2012, transcurrieron un año y tres meses, que no se resolvió la causa y a efectos de que la justicia penal sea pronta y oportuna, motivó la decisión asumida, aplicando de manera adecuada las normas del procedimiento penal; y, 9) Solicitó el rechazo de la acción.

I.2.3. Intervención de terceros interesados

José Luis Chávez Torrico, tercero interesado, en audiencia a través de su abogado manifestó: i) La uniforme línea jurisprudencial, es clara al sostener que la competencia del Juez o Tribunal de garantías, no se abre para conocer y resolver la nulidad de una Resolución judicial como pretenden las accionantes. En ese sentido, el petitorio se constituye en un requisito de fondo de la demanda y define la competencia del Juez o Tribunal de amparo, así lo precisó el Auto Constitucional 0050/2010-RCA de 17 de mayo; en el caso concreto, se pretende la nulidad del decreto de 8 de febrero de 2012, cuando existe un recurso específico para ese propósito, conforme se establece en el AC 0081/2010-RCA de 14 de junio y la SC 0087/2010-R de 4 de mayo; ii) Existen tres parámetros para que las personas afectadas en sus derechos y garantías cumplan a tiempo de interponer la acción de amparo constitucional, fijados por la SC 1718/2011-R de 7 de noviembre. En la presente acción, no se explicó porque la labor interpretativa resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando las reglas de interpretación; no se precisó, si el debido proceso se violó como derecho fundamental o garantía jurisdiccional, al respecto la SC 1265/2005-R, sostiene que el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo al derecho al debido proceso sólo en los casos que tenga relevancia constitucional y precisamente la “SC 1274/01-R”, refiere no ser suficiente se argumente la violación al debido proceso, debe precisarse qué se vulneró. En materia penal, el debido proceso comprende garantías mínimas, que en el caso concreto, no se lesionaron; iii) La legitimación activa de las accionantes, está cuestionada dado que la excepción de prejudicialidad la planteó Jesús Franco Espejo y no ellas, quienes se limitaron a interponer reposición del Auto que resolvió la excepción; iv) Debido a la falta de notificación con la Resolución que declaró probada la excepción de prejudicialidad, no recurrieron de apelación; v) Estando suspendido el proceso penal, solicitaron control jurisdiccional respecto de los otros coimputados, respetando la procedencia de la excepción, con relación al Notario de Fe Pública; vi) La SC 1036/2002, aclaró que el proceso penal comienza cuando existe imputación formal y se encuentra notificado el imputado; vii) De conformidad al art. 309 del CPP, la suspensión del proceso penal no es absoluta, pudiendo realizarse actos indispensables para la conservación de las pruebas; en ese sentido, toda actividad realizada a la fecha tiene esa finalidad; viii) El Notario de Fe Pública, planteó incidente de actividad procesal defectuosa, respecto de la decisión de continuación del proceso penal, que se encuentra con traslado; y, ix) La decisión asumida en el proceso disciplinario, no aportará absolutamente nada para resolver el tipo penal investigado; por lo que, solicita se rechace la acción.

Jesús Franco Espejo, tercero interesado, adhiriéndose a la acción interpuesta por Mirian Apaza Choque y Madonna Mariscal Limachi, indicó: a) El proceso penal se inició a consecuencia de una denuncia contra su cliente por la presunta comisión del delito de engaño a personas incapaces, tipificado en el art. 342 del Código Penal (CP); durante su tramitación, se realizaron actuados procesales y jurisdiccionales, entre ellas la Resolución que declaró probada la excepción de prejudicialidad y que está ejecutoriada; b) Por efecto de la indicada decisión judicial, el proceso como unidad quedó suspendido; por cuanto, la decisión del Juez demandado de suspender el proceso para ciertas personas y no con relación a otras, no le estaba permitido. En ese sentido, la excepción de falta de acción establecida en el art. “302” del citado cuerpo legal, es la única que excluye al imputado del proceso penal, beneficiando sólo a la persona que lo plantea; c) Se adhiere in extenso al petitorio de la presente acción, precisando que de acuerdo a la SC 0087/2010-R de 4 de mayo, no se puede pedir la nulidad, cuando existe un recurso subsistente. Concretamente, contra la Resolución 160/2011, que determina la continuación del proceso, las accionantes y su cliente recurrieron de reposición, por tratarse de un simple proveído, contra el cual no existe recurso posterior de conformidad al art. 402 del CPP; y, d) Solicitó se conceda el amparo solicitado.

Wilma Ramírez Delgadillo, tercero interesado, en audiencia por intermedio de su abogado, manifestó: 1) El proceso penal iniciado en su contra y otros, es uno solo; por lo tanto, la Resolución 160/2011 que lo suspendió, no puede ser interpretada en el sentido que lo hizo la autoridad demandada; 2) Se violentó flagrantemente el debido proceso, dado que la causa no puede continuar y realizarse actos de investigación sin que los procesados concurran y asuman defensa; lo contrario, implicaría una dualidad de actos procesales, violentando el debido proceso y el derecho a la defensa. En el caso concreto, el principal acusado es el Notario de Fe Pública y los demás denunciados, habrían ayudado a cometer el ilícito; 3) Con relación a la SC 1032/2002-R, el proceso penal es un cúmulo de etapas; en el caso concreto, la continuación del proceso para precautelar y preservar las pruebas, resulta ilógico, dado que no existe prueba que vaya a perecer por tratarse de documentación que cuenta con registros y respaldos; 4) Evidentemente, un proceso disciplinario administrativo no es similar a un penal; empero, fueron los querellantes quienes lo iniciaron. De conformidad a la CPE, una persona no puede ser procesada dos veces por el mismo hecho, en el presente caso, las denuncias que dieron lugar a la apertura de los citados procesos, son por distintos hechos; debiendo, resolverse el proceso disciplinario determinando la responsabilidad ejecutiva, civil o penal y después sustanciar el proceso penal; 5) En consecuencia, debe anularse actuados procesales, no pudiendo convalidarse actos jurisdiccionales o de investigación que vulneren el debido proceso; y, 6) A tiempo de adherirse a la acción de amparo constitucional, solicita se conceda la tutela solicitada y se deje sin efecto el acto jurisdiccional y de investigación hasta que se dé cumplimiento a la Resolución 160/2012.

I.2.4. Resolución

Concluida la audiencia, el Juez Primero de Partido y Sentencia Penal de El Alto, en suplencia legal de su similar Cuarto, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/2012 de 7 de agosto, cursante de fs. 146 a 160, concedió la tutela solicitada, sin costas por ser excusable, disponiendo: i) Dejar sin efecto el decreto de 8 de febrero de 2012 y el Auto de 13 de junio del mismo año, dictado por el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y José Luis, Ricardo, Raymundo Eduardo y Rubén Carlos Chávez Torrico contra Jesús Franco Espejo, Wilma Ramírez Delgadillo, Madonna Mariscal Limachi y Mirian Apaza Choque por la supuesta comisión de los delitos de engaño a personas incapaces, falsedad material, falsedad ideológica y asociación delictuosa; por considerar que agotada la vía ordinaria y no existir otro recurso para dejar sin efecto las citadas resoluciones; y ii) El estricto y fiel cumplimiento del Juez demandado a los términos de la Resolución 160/2011, que se encuentra ejecutoriada; con los siguientes fundamentos: a) El debido proceso se encuentra previsto en el art. 115.II y 117.I de la CPE, como garantía jurisdiccional y derecho fundamental, así lo precisó la SC 1196/2010-R, en el caso concreto se vulneró como derecho fundamental, dado que el Juez demandado, mediante decreto de 8 de febrero de 2012, al disponer que el fiscal asignado al caso emita Resolución de conformidad a los arts. 300, 301 y 302 del CPP, ordenó la continuación del proceso penal, sin que previamente exista fallo extrapenal ejecutoriado; b) Del art. 309 del CPP y la SC 1541/2010-R, se extrae que el efecto fundamental de la excepción de prejudicialidad, es suspender el proceso penal en curso o de fondo, mientras concluya otro del cual dependa la existencia o no del delito, sin establecerse que proceso penal deba continuar para aquellos que no interpusieron la excepción. Consiguientemente, el decreto de 8 de febrero de 2012 y Auto de 13 de junio del mismo año, contravienen el art. 309 y la referida jurisprudencia constitucional; c) De acuerdo al art. 16 del CPP, la acción pública la ejerce el Ministerio Público en delitos perseguibles de oficio, que no se suspenderá, interrumpirá ni cesará, salvo los casos previstos por ley. La continuación o no del proceso penal, depende de la existencia de una Resolución definitiva y ejecutoriada dictada en la jurisdicción extrapenal, de conformidad al art. 278 del mismo cuerpo legal; d) Una de las características de la acción penal pública, es su indivisibilidad, que comprende a todas las personas que presuntamente participaron en la comisión de un hecho delictuoso; la SC 0781/2004-R, la definió como principio de indivisibilidad de juzgamiento, que en el caso concreto se conculcó, así como el debido proceso, dado que creó una “cierta” individualización del proceso penal, incumpliendo una Resolución ejecutoriada que dispuso la suspensión del proceso penal; y, f) Por concurrir los presupuestos establecidos en el art. 128 de la CPE, resulta viable la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las siguientes conclusiones:

II.1. Mediante informe de inicio de investigación, presentado el 5 de marzo de 2011, el representante del Ministerio Público, hizo conocer sobre la apertura de investigación contra Jesús Franco Espejo, Wilma Ramírez Delgadillo, Madonna Mariscal Limachi y Mirian Apaza Choque, por la presunta comisión de los delitos de engaño a personas incapaces, falsedad material, falsedad ideológica y asociación delictuosa, como emergencia de la querella formulada por José Luis, Ricardo, Raymundo Eduardo y Rubén Chávez Torrico; cuyo control jurisdiccional, recayó en el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, según decreto de 15 de ese mes y año (fs. 11 a 12 vta.).

II.2. Por memorial presentado el 29 de marzo de 2011, Jesús Franco Espejo, planteó excepción de prejudicialidad, alegando la existencia de un proceso extrapenal, seguido en su contra por la Unidad de Régimen Disciplinario del Consejo de la “Judicatura”, a denuncia de José Luis, Ricardo y Raymundo Eduardo Chávez Torrico, alegando la comisión de una serie de irregularidades cometidas en su ejercicio como Notario de Fe Pública y específicamente en el reconocimiento de las huellas digitales de Rubén Chávez Uria; de cuyo proceso administrativo dependería la existencia o no de los elementos constitutivos del tipo penal (fs. 13 a 15).

II.3. Mediante Resolución 160/2011 de 25 de abril, Freddy Alex Gutiérrez Flores, Juez Primero de Instrucción en lo Penal, declaró probada la excepción de prejudicialidad, disponiendo la suspensión del proceso penal hasta que el procedimiento extrapenal instaurado por la Unidad del Régimen Disciplinario del Consejo de la “Judicatura” sea resuelto en todas sus instancias y puedan emerger o no responsabilidades de carácter penal, civil o administrativo, una vez resuelto se haga conocer los resultados al órgano jurisdiccional para determinar lo que corresponda en derecho (fs. 24 a 27).

II.4. En decreto de 8 de febrero de 2012, amparado en los arts. 300 y 302 del CPP, el Juez demandado, indicó que dada la fecha de aviso de inicio de investigación, el Fiscal debe adecuar su conducta a lo previsto en el art. 301 del citado cuerpo legal, bajo pena de responsabilidad, para cuyo efecto ordenó su notificación e indicó que la investigación debe proseguir (fs. 102).

Determinación recurrida de reposición por Jesús Franco Espejo, el 10 de mayo del citado año, declarada no ha lugar por proveído de 11 de mayo de ese año, en aplicación del art. 401 del citado cuerpo legal (fs. 108 a 109); en el mismo sentido, las accionantes, presentaron recurso de reposición del citado decreto, rechazado por Auto de 13 de junio de 2012, con el fundamento que la Resolución 160/2011 de 25 de abril, ordenó la suspensión del proceso penal sólo respecto de Jesús Franco Espejo y no así con relación a los demás “coimputados”, contra quienes los actos investigativos deben proseguir (fs. 116 a 117).

II.5. Mediante memorial presentado el 6 de junio de 2012, Jesús Franco Espejo, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa, argumentando que declarada probada la excepción de prejudicialidad, el proceso penal se suspende hasta que se resuelva el proceso extrapenal, aspecto inobservado por el representante del Ministerio Público, dado que continua ejerciendo actos investigativos, ordenando su notificación para dos audiencias de inspección ocular, situación que vulnerara sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la garantía de la “seguridad jurídica”. Corrido en traslado por decreto de 8 de igual mes y año (fs. 114 a 115). Empero, no cursa en obrados la resolución de dicho medio de defensa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Declarada probada la excepción de prejudicialidad y suspendido el proceso penal seguido en su contra, el Juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, en un acto manifiestamente contrario a la ley y desconociendo la indivisibilidad de juzgamiento, los efectos de la Resolución que suspendió el proceso penal y lo previsto por los arts. 308 y 309 del CPP, ordenó la continuación del referido proceso aún cuando en el proceso extrapenal no existe sentencia ejecutoriada. Por consiguiente corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos lesivos al derecho al debido proceso de las accionantes con la finalidad de conceder o no la tutela reconocida por este medio de defensa.

III.1. De la acción de amparo constitucional

Antes de entrar a la consideración sobre la resolución y antecedentes de la presente acción tutelar elevada en revisión, es pertinente, referirse a algunos aspectos inherentes a la acción de amparo constitucional instituida en la Constitución Política del Estado (CPE), con relación, a la naturaleza de la institución jurídica constitucional.

La Norma Fundamental, en la Sección II, del Capítulo segundo (Acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado – derechos, deberes y garantías) ha instituido la acción de amparo constitucional. En ese marco, el art. 128 establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. A su vez el art. 129.I, resalta que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

El art. 73 de la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTC), de 6 de Julio de 2010, al referirse al objeto de la acción de amparo constitucional, señala lo siguiente: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley”.

En consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Norma Fundamental del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida.

III.2. Del principio de subsidiariedad

Dada la configuración constitucional de esta acción tutelar, cabe anotar que se distingue de las demás acciones de defensa, porque en su naturaleza jurídica se advierte la preeminencia de los principios de subsidiariedad e inmediatez. A efectos de resolver la problemática planteada, corresponde referirnos al primero, que de acuerdo al mandato contenido en el art. 129.I de la CPE, dispone: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; es decir, que la protección que brinda esta garantía jurisdicción, está condicionada al agotamiento previo de los medios o recursos legales para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos o suprimidos o amenazados. Advirtiendo así que su finalidad no es la de constituirse en un medio alternativo o instancia ordinaria o administrativa que reemplace los medios o recursos legales previstos en el orden jurídico vigente. Dicho de otro modo, el principio de subsidiariedad exige, que ante la existencia de mecanismos o medios ordinarios para el efectivo restablecimiento de los derechos considerados como conculcados, éstos deben activarse antes de acudir a esta jurisdicción; concluyendo, que la acción de amparo constitucional no sustituye ni reemplaza los recursos o instancias ordinarias preestablecidas en los instrumentos normativos de la materia.

Bajo ese marco constitucional, el art. 76 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), establece: “La Acción de Amparo constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; es decir, que verificada la existencia de medios ordinarios o administrativos que cumplan la misma finalidad -restablecer un derecho fundamental o garantía constitucional-, deben ser planteados y agotados en las instancias de impugnación correspondientes. En ese orden, la persistencia en la lesión del derecho fundamental o garantía constitucional, pese a haber agotado los recursos ordinarios o administrativos, recién se abre la tutela constitucional que brinda este medio de defensa, razonamiento que se funda en su naturaleza jurídica.

III.3. Análisis del caso concreto

Los hechos que motivaron la interposición de la presente acción, se fundan en los decretos de 8 de febrero y 13 de junio de 2012, que a criterio de las accionantes lesionaron su derecho y garantía al debido proceso, dado que a través del primer proveído, el Juez demandado ordenó la continuación del proceso penal seguido contra las accionantes y otros por la presunta comisión de los delitos de engaño a personas incapaces, falsedad material, ideológica y asociación delictuosa; que hasta ese momento se encontraba suspendido por efecto de la excepción de prejudicialidad planteada por Jesús Franco Espejo, Notario de Fe Pública. Mediante el segundo se declaró no ha lugar la reposición solicitada, aclarando que la continuación del proceso, no comprende al referido Notario Fe Pública.

En ese orden, a través del proveído de 11 de mayo de 2012, el Juez demandado declaró no ha lugar la reposición del decreto de 8 de febrero de ese año, solicitada por Jesús Franco Espejo y que motivó la interposición del incidente de actividad procesal defectuosa, formulado el 6 de junio del mismo año, cuya resolución se encuentra pendiente, según Resolución de 8 de ese mes y año, que ordenó se corra en traslado. De la revisión del referido incidente, se advierte que se funda en los mismos hechos que motivaron la interposición de la presente acción, dado que el Ministerio Público, lo citó para que intervenga en audiencias de inspección ocular, actos que vulnerarían -a su criterio- sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la garantía de la “seguridad jurídica”.

Bajo ese contexto, cabe referir que en la audiencia de acción de amparo constitucional, Jesús Franco Espejo manifestó su voluntad de adherirse al petitorio de la presente acción a efecto que se declare la nulidad de los decretos de 8 de febrero y 13 de junio de 2012 y todos los actos que se hubieren realizado emergentes de esos proveídos, así como el cumplimiento de la jurisprudencia constitucional citada en memorial de acción de amparo constitucional y la consiguiente condenación en costas, más responsabilidad civil por los daños causados. Empero, dada la naturaleza jurídica de la presente garantía jurisdiccional, su carácter formal, entendido como la inexcusable observancia de requisitos tanto de contenido como de forma, para activar este mecanismo de defensa, previstos por la CPE y la LTCP, no es posible admitir la adhesión de Jesús Franco Espejo y porque pudiera colocarse al demandado en estado de indefensión.

En función a lo expresado y dado que la presente acción se rige esencialmente por el principio de subsidiariedad, conforme se explicó en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde denegar la tutela solicitada, por existir un mecanismo legal ordinario pendiente de resolución en la jurisdicción ordinaria, activado por Jesús Franco Espejo, Notario de Fe Pública y codenunciado en el proceso penal seguido contra las accionantes y otros, quien planteó incidente de actividad procesal defectuosa contra el decreto de 8 de febrero de 2012, con idéntico fundamento al que motivó la presentación de esta acción tutelar, el cual, según se explicó, se encuentra pendiente de resolución por el Juez demandado. Consecuentemente, existe una casual que impide a esta jurisdicción ingresar al análisis de fondo del problema jurídico planteado, en el entendido, que implicaría emitir un pronunciamiento paralelo al que dictará el Juez de la causa, ahora demandado, considerando, además, que la determinación que asuma esa autoridad, incidirá en todos los denunciados en el proceso penal; dicho de otro modo, los efectos de la Resolución del incidente de actividad procesal defectuosa, en el supuestos de declararse probado, involucrará a todos los denunciados en la investigación.

Por los fundamentos expuestos, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela invocada, obró incorrectamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, y el art. 12.7 de la LTCP; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2012 de 7 de agosto, cursante de fs. 146 a 160, pronunciada por el Juez Primero de Partido y Sentencia de El Alto, en suplencia legal de su similar Cuarto del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo. Soraida Rosario Chánez Chire

MAGISTRADA


FICHA TÉCNICO JURÍDICA DCMI


Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia

Enlace Gaceta Bolivia: https://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/

Edición: Gaceta No 0685

Tipo: SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL No 1865/2012

Enlace Permanente para citar: https://www.vobolex.org/bolivia/sentencia-constitucional-plurinacional-no-18652012-del-05-de-octubre-de-2012

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