Bolivia | SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL No 2139/2012 del 08 de Noviembre de 2012 - 1

RESUMEN: Sucre, 8 de noviembre de 2012 Expediente: 00467-2012-01-AIC Departamento: Beni

SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 2139/2012

Sucre, 8 de noviembre de 2012

SALA PLENA

Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga

Acción de inconstitucionalidad concreta

Expediente: 00467-2012-01- AIC

Departamento: Beni

En la acción de inconstitucionalidad concreta, promovida por el Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial del departamento de Beni, a instancia de Harry Gino Serrano Arroyo, dentro del proceso ordinario seguido contra la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián (UABJB); demandando la inconstitucionalidad del art. 564 del Código Civil (CC), por ser presuntamente contrario a los arts. 8.II; 13.I; 14.I y III; 115.I y II; 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Mediante memorial presentado el 19 de julio de 2011, cursante de fs. 129 a 133 vta., Harry Gino Serrano Arroyo, dentro de un proceso ordinario de rescisión de contrato, seguido contra la UABJB, solicita que se promueva el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, señalando que mediante documento de compraventa de un predio a favor de la mencionada Universidad, el 4 de octubre de 2007, se acordó la transacción por un monto acordado que ascendía a más de Bs3 300 000.-(tres millones trescientos mil bolivianos), suma que debió pagarse en dos cuotas; sin embargo la contraparte, en febrero de 2011, suscribió una minuta unilateral, en la que aclaraba que dicho predio no se encontraba en una propiedad rural, sino urbano, por lo que en sujeción a la Ordenanza Municipal (OM) 23/1976, el monto debía ascender a un 50 % del costo inicial, por lo que el recurrente, en apego al art. 561 al 563 del CC -que indica que ante la existencia de una figura de esta naturaleza, se podrá rescindir el contrato a pedido de parte perjudicada- pidió se declare probada la demanda de rescisión de documento, así como la cancelación del asiento correspondiente, registrado en Derechos Reales (DD.RR.), a su vez demanda la inconstitucionalidad del art. 564 del CC, sobre la base de los siguientes argumentos:

El artículo impugnado, en su parágrafo I, establece que el plazo de la acción rescisoria de un contrato prescribe en dos años, contados desde el momento en que se concluyó el mismo; por lo que en primer lugar se debe aclarar que se trata de una norma del Decreto Ley (DL) 12760 de 6 de agosto de 1975, lo que la hace inconstitucional por su origen normativo, ya que fue expedida por una autoridad del poder ejecutivo, cuando la Constitución Política del Estado, dentro de su art. 158 -así como la Constitución Política del Estado abrogada-, reservan dichas facultades exclusivamente al Órgano Legislativo, consiguientemente, es claro que la norma impugnada en virtud de su origen, resulta ser inconstitucional, dada la inexistencia de potestad ni competencia del Órgano que la expidió.

En segundo lugar, el Código impugnado dentro del presente caso, resulta ser inconstitucional precisamente porque afecta valores, garantías y derechos constitucionales, específicamente en cuanto al derecho de acción, que es entendida como la potestad de las personas de poder acudir a los órganos jurisdiccionales en procura de justicia, derecho que puede ser afectado por el contenido de la misma, dado la desproporcionalidad al determinar el plazo de la prescripción de la acción rescisoria en tan sólo dos años, desde el momento en que se concluyó el contrato, vulnerando de esa manera el derecho a la petición, establecido por el art. 24 de la CPE, y la garantía de acceso a la justicia, que se estaría restringiendo de manera irrazonable y arbitraria, tomando en cuenta que para otras formas de invalidez de los contratos, como por ejemplo, la acción de anulabilidad de los contratos, el plazo es de cinco años, por lo que se está limitando en relación a los distintos tipos de acciones de ineficacia de los contratos, haciendo imposible que se materialicen las garantías de protección del Estado de los arts. 9 inc. 4) y 13 inc. 1) de la CPE.

Sostiene que en el caso de la rescisión de un contrato, la prescripción no puede tener un tratamiento distinto dentro de los institutos de ineficacia y además que no puede empezar a computarse el plazo de la prescripción desde la conclusión del contrato, sino desde el conocimiento del evento que motiva la misma, debido a que la prescripción no puede contarse antes que la obligación sea exigible, ni es posible postergarla hasta la finalización del contrato, al margen de que pueden mediar aspectos sobrevinientes, y es que, las personas gozan de los derechos sin distinción (art. 14.I) y concurre la garantía del libre ejercicio sin discriminación alguna (14.III), entre ellos el derecho de petición y de acceso a la justicia.

Si bien la prescripción, en todas sus formas es una institución válida en el estado social de derecho, que conlleva a brindar garantía jurídica, por lo que no es admisible que se fijen plazos irrazonables, que se constituyen en instituciones jurídicas que restringen inadecuadamente el derecho de acceso a la justicia y restan la posibilidad a particulares e incluso al propio Estado, que a través de sus órganos jurisdiccionales se le brinde la protección constitucional de sus derechos considerados inviolables. Dentro de ese contexto, la disposición del Código Civil, comporta una restricción y violación evidente del derecho de acceso a la justicia y al derecho de petición, que se traducen en ser oído por autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, tal y como lo establece el art. 120 del texto constitucional.

Finalmente, en aplicación del art. 63 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), solicita que se deje en suspensión la resolución de las excepciones deducidas hasta el pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional.

I.2. Admisión y citación

Mediante Auto Constitucional (AC) 0497/2012-CA de 27 de abril, cursante a fs. 153 a 158, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, admitió la acción de inconstitucionalidad concreta y dispuso se ponga en conocimiento de Álvaro Marcelo García Linera, Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como representante legal del Órgano que generó la norma impugnada, citación que se llevó a cabo el 28 de agosto del 2012.

I.3. Alegaciones del personero del órgano que generó la norma

impugnada

Álvaro Marcelo García Linera, Vicepresidente Constitucional del Estado Plurinacional y Presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante memorial presentado el 18 de septiembre de 2012, que cursa de fs. 199 a 205, señaló lo siguiente: a) La eficacia de los actos jurídicos o contratos es la regla, por lo que la ineficacia de los mismos se constituye en la excepción; sin embargo, no se trata de una excepción ocasional o poco frecuente, sino todo lo contrario, suele presentarse en muchos casos, que impide por diversas razones que los actos jurídicos y los contratos puedan surtir efectos; b) El accionante al referirse a otros institutos jurídicos que prevén la ineficacia de un contrato no tomó en cuenta que: La anulabilidad, si bien es parecida a la rescisión, se distingue de ésta en mérito a que se fundamenta en un vicio del propio acto o contrato cuya invalidez está pendiente y no en un perjuicio hacia alguna de las partes, es por ese motivo que sus plazos son diferentes, debido a que las causales de la anulabilidad se consideran más graves que las de la rescisión; en cuanto a la nulidad de los contratos, es considerada como causal de una ineficacia o invalidez permanente de los actos o contratos jurídicos, lo que en doctrina significa que el acto nunca fue válido, es decir, que su ineficacia se prolonga desde el momento de su celebración en adelante; en cambio, la acción de rescisión, si no existe la declaratoria judicial de rescisión y transcurre el plazo prescriptorio de dos años establecido, el contrato será válido; c) La rescisión deja sin efecto un contrato por causal existente al momento de celebrarlo, es una acción que concede la ley civil a personas en determinadas circunstancias, al existir un vicio previsto por la ley. La rescisión debe ser declarada judicialmente y los efectos de la sentencia se retrotraen al momento de la celebración del contrato, siempre y cuando se den dentro de determinados presupuestos como ser: 1) La lesión a una de las partes, cuando la desproporción entre las prestaciones excede a la mitad del valor de la prestación ejecutada o prometida y siempre que tal diferencia resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes de la necesidad apremiante del otro; y, 2) Otro caso de rescisión es cuando el contrato se ha suscrito y concluido en estado de peligro, por lo que una de las partes, en la necesidad de salvarse así o a terceras personas, o sus bienes propios o ajenos, de un peligro actual e inminente, es explotada en forma inmoral por la otra parte, que conociendo ese estado de necesidad y peligro se aprovechó de él para obtener la conclusión del contrato; cabe advertir que el efecto de la rescisión de un contrato retrotrae al momento de la celebración del mismo, pues en ese preciso momento en el cual está presente el vicio que originó la rescisión, en este aspecto tiene una similitud con la anulabilidad; sin embargo, en la anulabilidad la confirmación del contrato tiende a subsanar un vicio con el que el mismo nació; d) En ese orden de ideas, el accionante reclama la diferencia de plazos para la prescripción de la acción entre la nulidad de los contratos y la rescisión de los mismos, aspecto que obedece precisamente a que la norma considera más importante, tanto por las consecuencias patrimoniales que acarrearía su prescripción como por su importancia intrínseca y por la gravedad del tema, que la nulidad de los contratos tengan plazos lo suficientemente amplios como para que el interesado pueda reclamar sus derechos. Asimismo la gravedad de las causales de nulidad se ve reflejada en el hecho de que la nulidad pueda ser demandada por quienes tengan interés en ella, así como por el Ministerio Público; mientras que en la rescisión del contrato, sólo puede ser demandada por la parte perjudicada; es decir, que la nulidad es materia de orden público y la rescisión es de orden privado, es por este motivo que un acto jurídico nulo no puede subsanarse por la confirmación, sin embargo el contrato sujeto a rescisión puede ser confirmado por la persona a quien corresponda la acción; e) Respecto a lo aseverado por el accionante, referente a la vulneración del principio de igualdad, establecido por los arts. 8.II, 14.I y III y 119 de la CPE, se tiene que el artículo impugnado de inconstitucional no vulnera tal principio, ya que la rescisión de los contratos y el plazo establecido para la prescripción de la acción en el caso de la rescisión responde precisamente a que las causas establecidas en la ley son menos graves que las de la nulidad y anulabilidad de los mismos, por lo que no existe ningún trato desigual al ser figuras legales completamente distintas entre sí, y que no pueden tener un trato igualitario de ninguna manera; f) Con relación a la presunta vulneración del derecho de petición, establecido por el art. 24 de la CPE, éste es un derecho que tiene todo ciudadano de solicitar algo al Estado, lo cual no significa que involucre la facultad que posee toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales y así demandar justicia, ya que el derecho de petición conlleva una connotación más amplia, pues es el género y de él derivan el derecho a la acción procesal, a acceder a la justicia y a la información, encontrándose relacionado con la oportunidad de la respuesta, dejando de lado si la misma es positiva o no; en ese entendido, el plazo establecido en el art. 564 del CC, para la prescripción de la acción de rescisión de un contrato no vulnera el derecho de acceso a la justicia, ya que precisamente esta disposición es la que permite que una persona demande la misma para obtener la disolución de lo referido en situaciones en la que exista una desproporción en cuanto a la prestación de una de las partes con relación a la otra, o concurra un estado de necesidad y urgencia que determine la suscripción del contrato, otorgándole a la parte perjudicada la opción de reclamo para que logre un equilibrio entre las prestaciones o, caso contrario, invalide la relación contractual, siempre mediante la vía judicial. Por lo tanto, el plazo establecido de dos años, ha sido instituido con el objeto de fomentar, por un lado, la diligencia en lo que respecta al resguardo de los intereses propios, sancionando con la pérdida de acción a aquella parte que deja pasar el tiempo sin tomar las previsiones del caso para velar por sus intereses, y por otra, para fomentar la seguridad jurídica y evitar que los actos jurídicos y contratos celebrados sean eternos; y, g) Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración del derecho de acceso a la justicia previsto en al art. 120 de la CPE, dicho precepto no ha sido quebrantado por el plazo de la prescripción, porque como se ha señalado precedentemente, el libre acceso a la justicia no está siendo negado ni restringido, es sólo que la parte demandante no debe dejar pasar el tiempo; ya que existe una confusión dentro del memorial del accionante entre una demanda judicial, el derecho de petición y el derecho de acceso a la justicia, por lo que ante la falta de argumentos se solicita declarar la constitucionalidad del art. 564 del CC.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

La presente causa fue sorteada el 3 de octubre de 2012, por lo que la Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del plazo legalmente establecido por el art. 83 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro de un proceso ordinario de rescisión de contrato, el accionante, Harry Gino Serrano Arroyo, el 19 de julio de 2012, mediante memorial, solicita que se promueva recurso indirecto de inconstitucionalidad, demandando la inconstitucionalidad del parágrafo I del art. 564 del Código Civil por presuntamente vulnerar los arts. 8.II; 13.I; 14.I y III; 115.I y II; 119 y 120 de la CPE. (fs. 129 a 133 vta.).

El texto del parágrafo I del art. 564 del CC dispone:

“ARTICULO 564.- (PRESCRIPCION DE LA ACCION Y DE LA EXCEPCION RESCISORIA).

I. La acción rescisoria prescribe en el plazo de dos años contados desde el momento en que se concluyó el contrato.”

II.2. Las normas constitucionales consideradas lesionadas son las siguientes:

“Artículo 8.

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.

“Artículo 13.

I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.”

“Artículo 14.

I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna”.

II. (…)

III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”.

“Artículo 115.

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

“Artículo 119.

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina.

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”.

“Artículo 120.

I. Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa.

II. Toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en su idioma; excepcionalmente, de manera obligatoria, deberá ser asistida por traductora, traductor o intérprete.”

II.3. El Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de Trinidad del departamento de Beni, mediante Auto 133/11 de 9 de agosto de 2011 (fs. 141 a 142 vta.), promovió el recurso formulado por el accionante, bajo los siguientes argumentos: a) De la revisión del derecho comparado, se tiene que no existe mecanismo de prescripción similar al establecido dentro de nuestro ordenamiento jurídico, habida cuenta que la prescripción de la acción de rescisión es de cuatro años; b) El principio de equidad debe ser enfatizado, pues en el caso de otras ineficacias contractuales, como la anulabilidad y la prescripción, las mismas se opera en el plazo de cinco años, conforme lo determina el art. 556 del CC, mientras que la nulidad de los contratos es imprescriptible, y la resolución se vincula a la prescripción patrimonial ordinaria; c) Se parte de una total desproporción procesal, puesto que no existe igualdad procesal, atentándose así contra el debido proceso, debido a que este trámite establece los plazos que afectan a las ineficacias contractuales, mediante las cuales se ejerce un derecho, lo que pone al afectado por la venta, con lesión grave en desventaja de quien adquirió el bien y puede interponer una demanda dentro de un corto periodo de tiempo; y, d) Sostiene finalmente que las SSCC “0082/2000, 0017/2003 y 0024/2004”, debe considerarse que tal declaratoria de constitucionalidad temporal ha vencido en el tiempo sin que el Órgano Legislativo hubiere resuelto o elevado a rango de ley la norma señalada, como lo hizo en casos similares, por ejemplo con el Código Procesal Civil en la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar; en consecuencia, el art. 556 del CC, es también inconstitucional en la forma.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Dentro del presente caso, como es el de rescisión de contrato, el accionante demandó la inconstitucionalidad del parágrafo I del art. 564 del CC, por ser presuntamente contrario a los arts. 8.II; 13.I; 14.I y III; 115.I y II; 119 y 120 de la CPE, consecuentemente, solicitó a la autoridad jurisdiccional promover la acción de inconstitucionalidad concreta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

III.1. Alcance del control normativo de constitucionalidad

La CPE, en sus arts. 132 y 133 establece a la acción de inconstitucionalidad como una acción de defensa (específicamente el art. 133) y un derecho de toda persona individual y colectiva, que pudiera ser afectada por una norma contraria a la Constitución Política del Estado, para poder presentar una acción de inconstitucionalidad de acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley; señalando que ley es la encargada de fijar el procedimiento de estas acciones constitucionales, en mérito a que la Ley Fundamental no puede tener la especificidad que sostienen leyes de carácter procedimental o aquellas leyes de desarrollo constitucional -que tienen por objeto el estructurar las instituciones del Estado Plurinacional o reglamentar derechos fundamentales- por lo tanto, el Código Procesal Constitucional, establece que la acción de inconstitucionalidad puede ser abstracta (en sus arts. 74 a 78 ) o concreta (en sus arts. 79 a 84).

Ahora al referirnos a la acción de inconstitucionalidad concreta -tal como lo advierte el Dr. José Antonio Rivera Santivañes en su obra “Jurisdicción Constitucional 3ª Edición”- que la misma tiene por finalidad el control objetivo de las normas y disposiciones legales ordinarias, para establecer si las normas demandadas de inconstitucionalidad son o no compatibles con los valores, principios, derechos fundamentales y normas orgánicas y estructurales previstas por la Constitución Política del Estado, con el propósito de depurar el ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional (objeto idéntico al de la acción abstracta de inconstitucionalidad), siendo concreta, porque la aparente incompatibilidad de la disposición legal impugnada surge precisamente en la proyección de aplicación de la misma a un caso concreto, a resolverse en un proceso ya sea judicial o administrativo.

Por lo anteriormente aseverado, tenemos que esta vía de control normativo está disponible para todos los jueces, tribunales y autoridades administrativas (así lo dispone el art. 79 del CPCo) para que puedan plantear la mencionada acción, cuando tengan una duda fundada y razonable sobre la constitucionalidad de una disposición legal o de alguno de sus artículos, cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad sea de trascendental importancia para la adopción de su decisión, ahora, esta acción de control normativo concreto puede ser promovida directamente por las autoridades mencionadas o, en su caso, a petición de las partes intervinientes en el proceso.

Es necesario, advertir que la acción de inconstitucionalidad concreta, dentro del modelo de control normativo de constitucionalidad adoptado en nuestro Estado Plurinacional, tiene por objeto, como ya se mencionó previamente, el control de la constitucionalidad de las disposiciones legales aplicables al caso concreto y señaladas con precisión por la autoridad judicial o administrativa que promueva la acción; aspecto que claramente delimita la tarea del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el análisis del caso, en el que no tiene por qué analizar ni menos considerar los elementos de hecho ni los derechos controvertidos dentro del proceso judicial o administrativo del que nace la acción de inconstitucionalidad concreta.

III.2. Sobre la rescisión de los contratos y su naturaleza jurídica

Antes de analizar los argumentos presentados por el accionante, es necesario establecer qué se entiende por rescisión, los supuestos en que se dan y cuáles son las similitudes y diferencias con la nulidad y anulabilidad de los contratos.

Dentro de este orden de ideas, tenemos que la rescisión invalida y consiguientemente deja sin efecto un contrato de compraventa por causas coetáneas a su formación al igual que las nulidades; sin embargo, como veremos, las causales y sus efectos son completamente diferentes.

En nuestra legislación se reconocen dos tipos de rescindibilidad: 1. La rescisión por estado de peligro; y, 2. La rescisión por lesión.

En la primera se tiene que el estado de peligro es una circunstancia que vicia el consentimiento, en la que el perjudicado se ve obligado a aceptar un contrato por situaciones apremiantes que le hacen temer por su propia seguridad o la de terceros, en consecuencia, ante ese apuro de salvarse asimismo o a otras personas, o amparar bienes propios o ajenos de un peligro actual o inminente, es explotado de forma inmoral por la otra parte, que obtiene ventajas ante la necesidad de su contraparte.

El segundo tipo de rescisión se efectúa por la lesión, entendida como aquel daño que se causa como resultado de la suscripción de un contrato a título oneroso que se provoca al no recibir el equivalente de lo que se otorga, fundado en la desigualdad de trato entre las partes, siendo la causa de tal hecho las necesidades apremiantes, ligereza o ignorancia de la parte perjudicada (art. 561 CC).

Como se puede apreciar, la rescisión es una figura jurídica que tiene por objeto o finalidad, el de proteger efectivamente a las partes desvalidas, o con algún tipo de desventaja -ignorancia-, modificando los criterios que se basaban en la equivalencia ante la ley y de que la voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos, comprendiéndose que la igualdad formal no puede ser aplicable, en especial dentro de una sociedad en la que las diferencias económicas, educativas y hasta culturales pueden producir una serie de abusos que vician el consentimiento de las partes, ya que no todos pueden ser regidos invariablemente por la misma ley, por lo que la justicia debe acudir en auxilio de aquel que esté en clara desventaja, sea por circunstancias especiales o por el abuso en cualquiera de sus formas, evitando que los mismos sean vilmente explotados.

El CC en su art. 564.I, advierte que: “La acción rescisoria prescribe en el plazo de dos años”, término que estaba establecido ya en el Código Civil abrogado y que se ha mantenido en el Código Civil vigente.

Ahora, en cuanto a la nulidad de los contratos, si bien tiene relación con la ineficacia de los mismos, su naturaleza, así como su alcance, es completamente distinta a la figura de la rescisión, ya que la nulidad sólo puede solicitarse cuando existe inobservancia de las normas legales o es contraria al orden público, de ello se infiere que si un acto jurídico es válido o no, en caso de comprobarse su nulidad se considera que tal actividad nunca ha nacido a la vida jurídica, por lo tanto, no puede producir efecto jurídico alguno, siendo su confirmación imposible.

Las causas para solicitar la nulidad de un contrato son más graves que las que se utilizan para la rescisión, varían desde el error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto de la convención hasta la ilicitud de la causa o motivo que impulsó a las partes a celebrar el mismo; es por este motivo que cualquiera que tenga un interés legítimo, puede solicitar la nulidad del contrato y esta acción de nulidad es imprescriptible.

En cambio la anulabilidad del contrato puede pedirse cuando hubieron vicios en el consentimiento, o la falta del mismo, por incapacidad de una de las partes contratantes, por violencia, dolo o error sustancial; y la prescripción para solicitarla es de cinco años, a contar desde el día en que se concluyó el contrato.

III.3.Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad formal del Decreto Ley (DL) 12760 de 6 de marzo de 1975

En una primera instancia el accionante argumenta que el art. 564 del CC, impugnado de inconstitucionalidad forma parte del DL 12760 de 6 de marzo de 1975, lo que hace inconstitucional por su origen normativo, debido a que tal norma fue expedida por una autoridad del entonces Poder Ejecutivo, contraviniendo al art. 158 de la CPE, que otorga dicha facultad exclusivamente al Órgano Legislativo, por lo tanto, siguiendo el criterio del accionante, tenemos que no sólo la norma impugnada, sino todo el contenido del DL 12760 de 6 de marzo de 1975, es inconstitucional por haber sido emitido por un órgano que no tenía la potestad ni la competencia para hacerlo; tal postura parece ser compartido por la autoridad jurisdiccional que promueve la presente acción de inconstitucionalidad concreta, por cuanto manifiesta que tal instrumento jurídico fue declarado constitucional por un lapso de tiempo, con el objeto de que el Órgano Legislativo lo elevará a rango de Lly, lo que no ocurrió, y el plazo otorgado por la jurisdicción constitucional ha cumplido desde el 2009, por lo que la norma impugnada es inconstitucional en la forma.

Ahora bien, es necesario analizar la SC 0024/2004 de 16 de marzo, para poder determinar los alcances y efectos jurídicos de la misma dentro del marco normativo y fáctico actual que estableció lo siguiente:

“…se ha determinado que el art. 138 CC al ser parte de un instrumento jurídico aprobado por Decreto Ley, es inconstitucional en su forma pero compatible con la Constitución en su contenido, o sea en el fondo, pero a los efectos de adoptar la resolución que corresponda, conviene remitirse nuevamente a lo que este Tribunal señaló en las SSCC 82/2000 y 0018/2003, en cuanto a las consecuencias que una declaratoria de inconstitucionalidad podría ocasionar:

`…según la doctrina constitucional existen diversas formas de interpretación como la ‘previsora’ la que al ser realizada requiere que, el contralor de constitucionalidad como máximo intérprete de la Constitución, adopte previsiones sobre los efectos y consecuencias de las decisiones asumidas a partir de la interpretación…, en el caso de autos corresponde a este Tribunal adoptar este tipo de interpretación, partiendo de la constatación de dos hechos: el primero, que las disposiciones legales impugnadas en su contenido no son incompatibles con las normas de la Constitución y, el segundo, que en cuanto a su origen si lo son.´

`…en el marco señalado anteriormente es deber de este Tribunal prever las consecuencias que podrían generarse a partir de su decisión, pues si, por una parte declara la constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas estuviese convalidando actos inconstitucionales, pero por otro, si declara la inconstitucionalidad con un efecto inmediato que signifique la expulsión del ordenamiento jurídico de las disposiciones legales impugnadas estaría generando un peligroso vacío jurídico, cuyo efecto sería más negativo que el anterior (…) En consecuencia cualquiera de las dos decisiones antes referidas conducirían a resultados inaceptables y de manera que es necesario que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia modulando sus efectos que eviten perjuicios desproporcionados a los bolivianos en el orden jurídico, es decir, evite la generación de una inseguridad jurídica anulando disposiciones legales sobre cuya base, fundamento y amparo se vienen ventilando procesos judiciales, administrativos, agrarios, peticiones, contratos y otros actos jurídicos´

En la especie, debe seguirse esa línea jurisprudencial al estarse impugnando un artículo comprendido dentro de un cuerpo normativo aprobado mediante Decreto Ley, en virtud de lo que el Poder Legislativo debe enmendar tal situación y adecuarla a las normas establecidas por la Constitución Política del Estado para la aprobación de una Ley. Empero, si bien en la SC 82/2000 se otorgó un plazo de dos años y en la SC 17/2003, de tres, para que el Poder Legislativo subsane los vicios de origen de las disposiciones legales que dieron lugar a tales recursos, en el caso presente, al tratarse de un cuerpo de normas tan importante y complejo como es el Código Civil, se ve la conveniencia de establecer un plazo mayor a dicho fin”.

El entonces Tribunal Constitucional, en base a los referidos argumentos, decidió declarar la constitucionalidad temporal del art. 138 del CC, aprobado por el DL 12760, con una vigencia de cinco años, a partir de la citación con la citada Sentencia Constitucional, y exhortó al Órgano Legislativo para que en dicho plazo subsane los vicios de origen de la indicada disposición legal, bajo la conminatoria de que en caso de incumplimiento, la misma quedaría expulsada del ordenamiento jurídico al término antes señalado.

Ahora, es necesario analizar detenidamente los fundamentos jurídicos utilizados en aquella ocasión por el Tribunal Constitucional para dar una solución al problema jurídico planteado, cuyas características son innegablemente similares al caso que es objeto de análisis actualmente, en el que una norma jurídica es considerada inconstitucional no sólo porque presuntamente vulnera principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado (inconstitucionalidad en el fondo), sino porque se cuestiona también la forma en que esta norma nace a la vida jurídica (inconstitucionalidad en la forma) sin que haya cumplido lo establecido por la Ley Suprema abrogada, cuyo texto establecía que la norma impugnada sólo puede ser creada por el Poder Legislativo y no por el Poder Ejecutivo; ante esta duda el Tribunal Constitucional concluyó que la norma impugnada era constitucional en el fondo; es decir, que no contraviene ningún principio ni valor previsto en la Norma Suprema, ni vulnera derecho fundamental alguno, sin embargo, es innegable que la norma impugnada nació bajo un procedimiento no reconocido por la Norma Suprema, mediante un Decreto Ley, por lo que la misma es inconstitucional en la forma.

Una vez establecida su inconstitucionalidad por existir vicios de origen en la indicada Ley, la jurisdicción constitucional sostiene que no basta con llegar a esta conclusión, ya que el juez constitucional no únicamente puede determinar la constitucionalidad o no de una determinada norma, sino que tiene también el deber de prever los efectos y consecuencias de las decisiones que vaya a asumir, sea en el plano económico, político o social; por lo que dicha autoridad no puede asumir automática y mecánicamente la regla constitucional; es por este motivo que adoptó la determinación de no expulsar inmediatamente aquellas normas que en efecto eran y son inconstitucionales en la forma, debido a que tal acto conllevaría a dejar un vacío jurídico, con efectos imprevisibles, por lo que decidió seguir la línea jurisprudencial establecida por las SSCC 0082/2000 y 0017/2003, que dispusieron el otorgar el plazo de dos y tres años respectivamente, al entonces Poder Legislativo para que enmendara esta situación y que adecuara las normas a la Constitución Política del Estado, ampliando el plazo a cinco años para tal objeto.

Teniendo en cuenta lo anteriormente aseverado, el plazo de cinco años, que venció el 2009, sin que el anterior Poder Legislativo ni al actual Órgano Legislativo hayan subsanado o enmendado tal situación, a pesar de existir una Sentencia Constitucional, que claramente les exhortó la referida tarea, por lo que, el Poder y el Órgano Legislativo incumplieron reiteradamente lo dispuesto por la jurisdicción constitucional, a pesar de que sus fallos son de naturaleza vinculante y obligatoria, aspecto que genera responsabilidades por incumplimiento de deberes constitucionales.

III.4. Análisis del caso concreto

III.4.1.Sobre la supuesta inconstitucionalidad de fondo del art. 564.I del CC

El accionante, demanda la inconstitucionalidad, del parágrafo I del art. 564 del CC, sosteniendo que el plazo de dos años para la acción de rescisión resulta ser inconstitucional, debido principalmente a que el mismo es desproporcionado, en el aspecto negativo, es decir, que el plazo es muy corto tomando como punto de referencia que las otras formas de invalidez de los contratos establecidos dentro del Código Civil tienen plazos de prescripción de la acción más amplias, haciendo una directa alusión a la nulidad y anulabilidad de los contratos; a partir de este criterio, sostiene que la rescisión no debe tener un tratamiento distinto a los demás institutos de ineficacia de los contratos, añadiendo a este criterio que la aludida prescripción de la acción rescisoria no puede empezar a computarse el plazo de la prescripción desde la conclusión del contrato, sino desde el conocimiento del evento que motiva la rescisión, ello en mérito a que la prescripción no debe computarse antes que la obligación sea exigible, no es posible postergarla hasta la finalización del contrato.

De lo anteriormente mencionado, el accionante sostiene que el contenido del artículo citado en su parágrafo I vulnera los derechos a la no discriminación, a la petición y de acceso a la justicia, ya que el Código Civil al establecer tal plazo restringe inadecuadamente los derechos fundamentales citados precedentemente.

Por lo previamente desarrollado, tenemos que los argumentos de inconstitucionalidad en el fondo se centran fundamentalmente en el plazo en el que prescribe la acción rescisoria (dos años), mientras otras figuras jurídicas que tienen que ver con la ineficacia de los contratos, tal el caso de la nulidad -que es imprescriptible-, y la anulabilidad, -prescribe en el plazo de cinco años-, aspecto, que a criterio del accionante vulnera derechos fundamentales, ya que los plazos establecidos para la prescripción, al tratarse de figuras jurídicas similares, debiera ser proporcionalmente similar a los establecidos para la nulidad y anulabilidad de los contratos.

Dentro de este orden de ideas, es necesario el advertir que en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional, Plurinacional se trató sobre la naturaleza jurídica de la rescisión de los contratos, analizando también brevemente las características de la nulidad y anulabilidad de los contratos, por lo que claramente se puede advertir que entre estas tres figuras jurídicas, si bien tienen por objeto el declarar la ineficacia de dicho acto de compraventa, cada instituto tiene características propias, y causas de activación distintas que explican el tratamiento diferenciado de los plazos que se establecieron para cada uno de ellos en cuanto a la prescripción de la acción.

El accionante, sostiene que la nulidad como la anulabilidad, son jurídicamente muy similares a la rescisión, por lo que el plazo establecido para la prescripción de la acción necesariamente debería ser similar al de la anulación; sin embargo, tal afirmación carece de sustento, en mérito que las causas para la anulación del contrato parten básicamente de la ausencia de consentimiento de la conformación del mismo, fundándose en la incapacidad de obrar del afectado, o incluso el uso de la violencia o el error sustancial sobre la identidad o cualidades de la persona con quien se contrata cuando ellas hayan sido la razón o motivo principal para la celebración del contrato; mientras que en la rescisión de contrato tenemos que si bien existen vicios del consentimiento, éstos dependen de las circunstancias apremiantes al momento de la consolidación del contrato y la diferencia de las contraprestaciones entre las partes, por lo que las causas para solicitarla son distintas y menos graves que para la anulación de los contratos; en consecuencia, lo argumentado por la parte accionante carece de sustento.

En cuanto a la vulneración de derechos fundamentales, el accionante no fundamenta de manera adecuada en qué sentido se vulneran los mismos, aparte del criterio de que tal plazo es muy corto, aspecto insuficiente para determinar su inconstitucionalidad, por lo que no se encuentran elementos que demuestren claramente la inconstitucionalidad aludida dentro del incidente presentado.

III.4.2.Sobre la inconstitucionalidad formal del parágrafo I del art. 564 del CC

Ahora, analizando el tema concreto, tenemos que el parágrafo I del art. 564 del CC, no es inconstitucional en el fondo; sin embargo, comparte la misma característica de la inconstitucionalidad en la forma, aspecto que debe ser evaluado precisamente dentro de la interpretación previsora, en la que el tomar la decisión pura y simple de su inconstitucionalidad no solamente afectará la norma jurídica impugnada, sino que creará una profunda inseguridad jurídica, además de un vacío normativo insalvable, generando un sinnúmero de acciones de inconstitucionalidad en busca de impugnar la constitucionalidad, asimismo de varios artículos del Código Civil, la totalidad del DL 12760 de 6 de marzo de 1975, por lo que ahora tampoco es posible retirar la norma impugnada del ordenamiento jurídico sobre la base de la inconstitucionalidad formal, por lo que si bien el fundamento que evita el retirar inmediatamente la norma inconstitucional del ordenamiento jurídico es básicamente similar a la utilizada dentro de la SC 0024/2004, es necesario el modular el alcance del mismo, debido a que tal razonamiento si bien se constituyó en un precedente vinculante, corresponde tener en cuenta que en los casos presentados con anterioridad el marco fáctico ha sido modificado, por lo que el precedente auque es vinculante, sólo puede ser aplicable a casos posteriores siempre y cuando en la causa fuente del precedente y en la causa nueva exista una coincidencia, no sólo de fundamentos jurídicos, sino también de hechos concretos o el conjunto fáctico; tenemos entonces que la SC 0024/2004 de 16 de marzo, si bien estableció que no era posible expulsar inmediatamente la norma inconstitucional del ordenamiento jurídico, se acudió en ese entonces a una Sentencia exhortativa, dando un plazo al entonces Poder Legislativo para regularizar la situación de la norma impugnada, aspecto que no se cumplió y que a criterio de la autoridad judicial que promueve la presente acción, hace que las normas del Código Civil, sean inconstitucionales y por lo tanto inaplicables a los casos sometidos a su conocimiento, es decir, que habría un vacío normativo grave e insalvable, lo que se constituye en una consecuencia jurídica que la jurisdicción constitucional debe evitar.

Es necesario además advertir que las circunstancias han cambiado desde la gestión 2004, debido a que nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de implementación del nuevo marco jurídico constitucional, en el que tanto las normas legales como las instituciones estatales se hallan en un proceso de transformación y creación de nuevas normas legales, estructuras e instituciones, que tienen por finalidad precisamente el materializar la Constitución Política del Estado vigente. Por esta causa, es necesario preservar la seguridad jurídica y evitar vacíos normativos, de modo que debe mantenerse un periodo la vigencia de esta norma inconstitucional en la forma, a objeto de evitar que la materia sistematizada por este Código permanezca sin regulación un periodo relativamente largo de tiempo, sin que ello signifique el mantenerlo de manera indefinida, ya que se estaría admitiendo que leyes que nacieron en regímenes de facto, bajo un procedimiento inconstitucional formen definitivamente parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Ahora es necesario advertir al actual Órgano Legislativo, que la naturaleza de la Sentencia Exhortativa no es de cumplimiento optativo, ya que toda Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional es vinculante y obligatoria, en el que se establece un plazo de tiempo para que precisamente ese Órgano modifique la norma impugnada o la reemplace con otras que sean compatibles con la Norma Suprema, de no hacerlo, como se advirtió previamente, estaría incurriendo en omisión de deberes constitucionales.

POR TANTO

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los art. 202.1 de la Constitución Política del Estado; y 12.1, 103 y ss. de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve:

1° Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del parágrafo I del art. 564 del Código Civil, aprobado por Decreto Ley 12760 de 6 de marzo de 1975, con vigencia temporal de cinco años a partir de la citación con la Sentencia.

2° EXHORTA al Órgano Legislativo para que en el plazo previamente establecido subsane los vicios de origen de la indicada disposición legal, bajo conminatoria de que en caso de incumplimiento, la misma quedará definitivamente expulsada del ordenamiento jurídico al vencimiento del termino señalado.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

No intervienen el Presidente, Dr. Ruddy José Flores Monterrey, por encontrarse de viaje en misión oficial; y el Magistrado, Tata Gualberto Cusi Mamani, por no haber conocido el asunto.

Fdo. Dr. Efrén Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

MAGISTRADAFdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA

Fdo. Soraida Rosario ChánezChire

MAGISTRADA


FICHA TÉCNICO JURÍDICA DCMI


Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia

Enlace Gaceta Bolivia: https://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/

Edición: Gaceta No 0686

Tipo: SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL No 2139/2012

Enlace Permanente para citar: https://www.vobolex.org/bolivia/sentencia-constitucional-plurinacional-no-21392012-del-08-de-noviembre-de-2012

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