Bolivia | SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL No 1646/2013 del 04 de Noviembre de 2013

RESUMEN: Sucre, 4 de noviembre de 2013 Expediente: 03633-2013-08-AIA Departamento: La paz

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1646/2013

Sucre, 4 de octubre de 2013

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora: Dra. Soraida Rosario Chánez Chire

Acción de amparo constitucional

Expediente: 03886-2013-08-AAC

Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 229/2013 de 13 de junio, cursante de fs. 158 a 161, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhossimar Miranda Serrudo contra Moisés Rosendo Torres Chive y Wilfredo Ariel Salinas Torrez, Presidente del Directorio y Gerente General de la Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA) respectivamente.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de mayo 2013, cursante de fs. 58 a 64, subsanado el 3 de junio de igual año, de fs. 83 y vta., el accionante manifestó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 15 de marzo de 2011, suscribió un contrato de trabajo con CESSA, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de igual año, empero, continuó prestando sus servicios hasta el 10 de enero de 2012, llegando a suscribir un segundo contrato de trabajo en la fecha antes mencionada hasta el 31 de diciembre del referido año, y mediante reconducción del mismo, continuó prestando sus servicios con el conocimiento y consentimiento de su empleador de manera ininterrumpida hasta el 7 de enero de 2013, fecha en la que fue despedido ilegalmente.

Del mismo modo, refiere que el 31 de diciembre de 2012, comunicó al entonces Gerente General de CESSA, sobre el estado de gravidez de su esposa, adjuntando certificado médico extendido por la Caja Nacional de Salud y el mismo 7 de enero de 2013, le comunicaron de forma verbal que el Directorio de la institución tomó la determinación de despedirlo de su fuente laboral, pese tener conocimiento del derecho de inamovilidad laboral que tenía por ser padre progenitor, ante dicha determinación, envió una nota al Presidente del Directorio, solicitando su inmediata reincorporación a su fuente laboral, solicitud que fue reiterada el 10 de similar mes y año, las cuales fueron respondidas el 18 del mismo mes y año, manifestándole que sus solicitudes fueron remitidas a la Comisión Jurídica para efectuar el respectivo análisis.

Refiere que acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social, solicitando la restitución a su fuente de trabajo por su condición de padre progenitor gozando de inamovilidad laboral, la cual fue desestimada, sin valorar la prueba que aportó.

Finalmente, señala que tenía estabilidad laboral porque trabajó como asistente legal en CESSA de manera ininterrumpida desde el 15 de marzo de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, a través de dos contratos de trabajo, posteriormente, mediante contrato verbal trabajo hasta el 7 de enero de 2013, operando la tacita reconducción.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a una fuente laboral estable, a la remuneración justa, a la inamovilidad laboral y protección del Estado a la familia, citando al efecto los arts. 13, 14, 15, 18, 24, 35.I, 37, 45.I.III y V, 46.I y II, 48, 128, 129 y 410 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se disponga su reincorporación inmediata a su puesto de trabajo en el mismo cargo, más el pago de sueldos devengados.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 13 de junio de 2013, según consta en el acta cursante de fs. 155 a 157 vta., se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante ratificó el tenor íntegro de su demanda de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Wilfredo Ariel Salinas Torrez, Gerente General de CESSA, presentó informe escrito cursante de fs. 145 a 149 vta., por el cual refirió que: a) Los dos contratos firmados con el accionante fueron temporales, y no tiene derecho a la inamovilidad conforme dispone el DS 0012, que en su art. 5.II determina “La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas y otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio”, norma que el propio accionante reconoció en su memorial de demanda; b) La jurisprudencia constitucional establecida en la SC 2831/2010-R de 10 de diciembre, reiteró la línea jurisprudencial respecto a la protección de la maternidad y de la mujer trabajadora en estado de gravidez, estableciendo subreglas para la procedencia de la inamovilidad laboral, el mismo accionante, reconoció haber suscrito dos contratos temporales y cumplidos los mismos no fue recontratado, existiendo desvinculación laboral con CESSA, por lo que no se encuentra amparado por el art. 48.VI de la CPE; c) El accionante, afirmó que existirían las condiciones previstas por la parte in fine del art. 5.II del DS 0012, una relación laboral permanente encubierta en los dos contratos suscritos, lo que le haría beneficiario a la inamovilidad laboral; empero, olvidó que el reconocimiento de ese derecho a ser considerado empleado permanente, sólo puede ser admitido en base a un proceso administrativo por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme estableció la SCP 0789/2012 de 13 de agosto; d) La Jefatura Departamental de Trabajo, desestimó la solicitud de reincorporación laboral, porque se demostró que la relación laboral con CESSA era temporal, y por ello, no se encontraba protegido por la inamovilidad laboral, estableciéndose que realizaba tareas propias de la empresa, pero “extraordinariamente temporales” (sic), tampoco demostró la tácita reconducción de los contratos de trabajo; e) Si el accionante pretende reclamar una supuesta conversión de su situación de empleado temporal a permanente e inamovible, es un derecho controvertido y la acción de amparo constitucional no es la vía para dilucidar derechos controvertidos; y, f) Finaliza añadiendo que, la esposa del accionante trabaja en la empresa de Chocolates “Para Ti”, quien es trabajadora permanente, gozando de todas las asignaciones sociales por su estado de embarazo, estando garantizado su derecho a la seguridad social, a la salud y la protección a la vida, tanto de ella como del nasciturus, no existiendo vulneración a ningún derecho del accionante o de su familia.

I.2.3. Resolución

La Sala Social, Administrativa y Tributaria del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 229/2013 de 13 de junio, cursante de fs. 158 a 161, concedió la tutela solicitada, disponiendo la reincorporación inmediata del accionante al mismo puesto laboral, con la misma remuneración y las mismas condiciones anteriores a su desvinculación laboral, el pago de sus sueldos correspondientes, y la obligación del empleador de garantizar la estabilidad laboral de Jhossimar Miranda Serrudo, en el marco del art. 48.VI de la CPE, en base a los siguientes fundamentos: 1) En el caso presente, concurrió la tácita reconducción del contrato de trabajo a mérito de las pruebas aportadas por los demandados, y las actividades del accionante, que persistieron aún vencido el plazo pactado en el contrato; 2) Conforme la estructura organizativa de la entidad demandada, el cargo del accionante, es una actividad considerada por el art. 2 del DS 16187, como tarea propia y permanente, produciéndose la conversión del contrato a indefinido, encontrándose subordinado a una relación laboral de carácter indefinido; 3) Con relación a los casos de mujer embarazada o con hijo menor de un año, o padre progenitor, no puede estar sujeto al agotamiento previo de los mecanismos de impugnación o el cumplimiento del principio de subsidiariedad, existiendo la necesidad de brindar la tutela inmediata para proteger los derechos a la vida y la salud como parte de la maternidad, y extendida al padre hasta que su hijo cumpla un año, correspondiendo aplicar la excepción al principio de subsidiariedad; y, 4) El art. 48.VI de la CPE, garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad, constituyendo una política constitucional afirmativa, así la jurisprudencia constitucional estableció en la Ley 975 de 2 de marzo de 1988 en su art. 1 que la inamovilidad laboral que abarca tanto a las empleadas del sector privado, sujetas a la Ley General del Trabajo, como a las funcionarias o servidoras públicas sin exclusión, sean contratos permanentes o eventuales, inamovilidad laboral extendida hacia el padre sin importar cual fuere su estado civil (DS 0012).

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones:

II.1. El 15 de marzo de 2011, se suscribió un contrato de trabajo a plazo fijo entre CESSA y Jhossimar Miranda Serrudo -ahora accionante-, estipulándose en la cláusula segunda, que la Compañía, viene encarando una serie de actividades para modificar y actualizar los datos de los accionistas, para cuya labor extraordinaria se requería los servicios de un abogado, para realizar labores de asistente legal, para prestar servicios desde el 15 de similar mes hasta 31 de diciembre de igual año, fecha en la que fenecía el contrato (fs. 3 y vta.).

II.2. Del mismo modo, el 10 de enero de 2012, se suscribió un segundo contrato a plazo fijo entre CESSA y el accionante, bajo las mismas cláusulas y condiciones del primero, a partir del 11 del citado mes hasta el 31 de diciembre del mismo año (fs. 4 y vta.).

II.3. A través de una nota presentada el 31 de diciembre de 2012, al Gerente General de CESSA, el accionante hizo conocer el estado de embarazo de su esposa, la cual tendría un periodo de gestación de siete semanas conforme el certificado médico que fue expedido por la Caja Nacional de Salud (CNS) (fs. 5 a 6).

II.4. Mediante notas de 7 y 10 de enero de 2013, el accionante informó al Presidente del Directorio de CESSA, el estado de embarazo de su esposa, motivo por el cual solicitó su inmediata reincorporación a su fuente laboral (fs. 7 a 8).

II.5. El 18 de enero de 2013, el Director Secretario de CESSA, comunicó al accionante que sus notas de 7 y 10 del mismo mes y año, fueron remitidas a la comisión jurídica para su respectivo análisis (fs. 9).

II.6. Primera citación de 29 de enero de 2013, emitida por el Inspector Departamental de Trabajo, para Alfredo Adrián Deheza Gutiérrez, Gerente General de CESSA a denuncia de Jhossimar Miranda Serrudo (fs. 71); posteriormente, el 13 de febrero de igual año se emitió la segunda citación ante la inasistencia del Gerente General de CESSA (fs. 72).

II.7. El 30 de enero de 2013, se emitió el informe y recomendación por parte de la Comisión Jurídica del Directorio de CESSA, sobre la solicitud de reincorporación realizada por el ex-trabajador Jhossimar Miranda Serrudo -ahora accionante-, señalando que fue contratado bajo la modalidad de contrato a plazo fijo, culminado su relación contractual del segundo contrato el 31 de diciembre de 2012, así se estableció en la cláusula quinta del Contrato 010/12 de 10 de enero de 2012, situación que fue plenamente consentida por Jhossimar Miranda Serrudo, indicando además, que las tareas que le fueron asignadas eran de carácter extraordinario y no constituían tareas propias y permanentes como se señaló en el contrato, una vez fenecido el plazo del mismo, se extinguió la relación laboral (fs. 77 a 80).

II.8. Mediante informe de 22 de febrero de 2013, presentado por el Inspector Departamental de Trabajo al Jefe Departamental de esa institución sobre la solicitud de inamovilidad laboral interpuesta por Jhossimar Miranda Serrudo contra el Gerente General de CESSA, quien realizó un análisis de la pruebas aportadas por las partes, llegando a la conclusión que el accionante cumplió funciones extraordinarias en el cargo de asistente legal que ocupó, el cual no se encuentra en el organigrama de CESSA; asimismo, refirió que se firmaron dos contratos a plazo fijo, los cuales se cumplieron, debiendo aplicarse lo previsto por el art. 5.II del DS 0012, sugiriendo el rechazo de la solicitud efectuada por Jhossimar Miranda Serrudo (fs. 96 a 97).

II.9. Mediante CITE J.D.T.E y P.S.-CH. 51/2013 de 28 de febrero, el Jefe Departamental de Trabajo, desestimó la solicitud de reincorporación de Jhosimar Miranda Serrudo, en virtud de lo establecido en el art. 5.II del DS 0012 y art. 3 del “Decreto Ley 16187” (sic), refiriendo además, que no se demostró que el trabajador hubiere prestado sus servicios una vez que venció el término del contrato; consiguientemente, no se produjo la tácita reconducción conforme establece el art. 21 de la LGT (fs. 74 a 75).

II.10.Certificación de 12 de junio de 2013, emitida por la Responsable Legal de la Jefatura Departamental de Trabajo Empleo y Previsión Social, de Chuquisaca, la que señaló “de la revisión de los registros dentro la denuncia de reincorporación interpuesta por Jhosimar Miranda Serrudo contra CESSA, el mismo no presentó dentro de termino establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo ningún recurso (revocatorio o jerárquico) contra la Nota CITE J.D.T.E. y P.S. 51/2013 de 28 de febrero, por lo que precluyó su derecho” (sic) (fs. 100).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia que se vulneraron sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a una fuente laboral estable, a la remuneración justa, a la inamovilidad laboral y a la protección del Estado a la familia, toda vez que fue despedido ilegalmente de CESSA, donde prestó sus servicios como asistente legal, sin considerar el estado de embarazo de su esposa que tiene un periodo de ocho semanas de gestación, aspecto que fue comunicado oportunamente al Gerente General y Directorio de la mencionada Compañía, además de aplicarse la tacita reconducción del contrato a plazo fijo por un contrato indefinido, al desempeñar funciones propias y permanentes de la citada empresa y realizar su trabajo ininterrumpido hasta el 7 de enero de 2013, mucho después de la conclusión del contrato.

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El control tutelar de constitucionalidad y el resguardo a derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional

La acción de amparo constitucional, ha sido instituida por la Constitución Política del Estado en su art. 128 y ss., como una medida de protección contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o particulares, derechos que son reconocidos por la misma norma Fundamental y que son inherentes a todos los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Norma concordante con el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que señala: “La acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir.”

En ese contexto, la consolidación del Estado Plurinacional de Bolivia, como Estado Constitucional de Derecho, mantiene el quiebre de concepción sobre la funcionalidad de la propia Norma Suprema, la Constitución Política del Estado es concebida como fuente primaria del ordenamiento jurídico y a la vez Norma Suprema directamente justiciable, dotada de un contenido material (principios, valores supremos y derechos fundamentales), que condicionan la validez de las demás normas infraconstitucionales, y que exigen a los operadores del derecho ingresar en la tarea de su consecución. Bajo este nuevo enfoque se encomienda el control de constitucionalidad a un órgano independiente -el Tribunal Constitucional Plurinacional- encargado de ejercitar un control de constitucionalidad de carácter jurisdiccional para el resguardo de una Constitución abierta que contiene y fundamenta los valores y principios supremos de carácter plural que irradian de contenido y orientan el funcionamiento del Estado y la sociedad boliviana, donde los valores y principios plurales supremos convergen como guías y pautas de interpretación para la materialización del nuevo modelo de Estado que proyecta la Ley Fundamental, sustentado en la plurinacionalidad, la interculturalidad, el pluralismo en sus diversas facetas proyectados hacia la descolonización, como nuevos ejes fundacionales que permitan consolidar una sociedad inclusiva, justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales estructuradas bajo un proceso que articule la pluralidad en la unidad.

En este escenario, conforme determinó la SCP 1714/2012 de 1 de octubre, “…la funcionalidad de la Constitución Política del Estado también sufre un giro trascendental, pues no sólo se erige para limitar el ejercicio de poder político y organizar las estructuras estatales, sino también en defensa de los derechos fundamentales, concebidos como valores supremos a ser materializados…”.

En efecto, uno de los pilares esenciales del Estado Constitucional de Derecho, es el respeto a los derechos fundamentales, los cuales, de acuerdo con lo previsto en el art. 109.I de la CPE, concordante con el art. 13.III de la misma Norma Suprema, gozan de igual jerarquía y son directamente aplicables y justiciables.

En este orden, el constituyente ha previsto que la directa justiciabilidad de los derechos y garantías fundamentales se operativice a través de las acciones de defensa diseñadas constitucionalmente, entre ellas, la acción de amparo constitucional, consagrada para la defensa de los actos y omisiones que lesionen derechos y garantías fundamentales, cuyo ámbito de protección se encuentra delimitado por los arts. 128 y 129 de la CPE.

Bajo la perspectiva señalada, la acción de amparo constitucional se configura como una verdadera garantía jurisdiccional destinada, a través de un procedimiento rápido y oportuno, a resguardar los derechos fundamentales expresados en la Constitución Política del Estado y en el bloque de constitucionalidad, con excepción de aquellos que encuentren resguardo en otros mecanismos específicos de defensa. Así lo estableció la SCP 0002/2012 de 13 de marzo.

Por lo señalado, la acción de amparo constitucional es un medio eficaz para asegurar el respeto a derechos fundamentales y garantías constitucionales no tutelados por otros mecanismos de defensa, siendo un medio idóneo de protección oponible no sólo respecto del Estado sino también de manera horizontal, es decir, contra actos y omisiones provenientes de particulares que lesionen o amenacen lesionar los derechos fundamentales que se encuentran bajo su resguardo.

En el marco de lo referido, cabe subrayar que el diseño del amparo constitucional responde a las normas del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, concretamente en el marco de los alcances y preceptos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo art. 25.1, establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención…”.

En efecto la regulación efectuada por el constituyente respecto al amparo constitucional, estructura esta acción sobre la base de los principios de sumariedad, inmediatez, eficacia, idoneidad y oportunidad, a partir de los cuales se consagra la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronta y oportuna, para el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales contra actos u omisiones lesivos provocados por servidores públicos o particulares.

En armonía con lo expuesto, debe señalarse que la acción de amparo constitucional, en su dimensión procesal, es un verdadero proceso de naturaleza constitucional regido por las normas y principios procesales propios de la justicia constitucional, que guiado bajo el principio de eficacia su protección se orienta siempre a dar efectiva protección a los derechos fundamentales y garantías constitucionales que tutela. Es por ello, que para la consecución de su objeto y finalidad -tutela efectiva- se encuentra regido por los criterios y principios de interpretación constitucional y los propios que rigen de manera concreta a los derechos humanos, entre ellos, los principios pro persona o comúnmente conocido como el pro homine, el pro actione, favor debilis, de progresividad, favorabilidad, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, el de preferencia y eficacia de los derechos humanos, entre otros, los mismos que han sido aplicados por la jurisprudencia constitucional.

Ahora bien, este mecanismo de máxima protección se rige al mismo tiempo por dos principios configuradores que hacen a su naturaleza: la subsidiariedad y la inmediatez; el primero, entendido como el agotamiento previo o la constatación de la inexistencia de otras vías o recursos legales para la protección inmediata de los derechos denunciados como conculcados, por cuanto, no sustituye o remplaza a los recursos o instancias ordinarias preestablecidas en el ordenamiento jurídico. El segundo, instituye al amparo constitucional como un mecanismo inmediato en la protección de los derechos y garantías fundamentales, lo que permite percibir que este mecanismo de tutela, brinda una reparación inmediata frente a los actos y omisiones arbitrarias de los servidores públicos y/o personas particulares; de ahí su naturaleza regida por los principios de sumariedad, celeridad y eficacia.

En el marco de lo señalado, la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Este ámbito tutelar queda abierto siempre que no exista otro medio de protección inmediata para la protección de los derechos y garantías fundamentales o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela.

III.2. El principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

El principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, prevista en el art. 129.I de la CPE, refiere que: “La acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.”; asimismo, el art. 54.I del CPCo, señala que: “La acción de amparo constitucional, no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0664/2012 de 2 de agosto, señalando la SC 0484/2010-R de 5 de julio, estableció que: “la acción de amparo constitucional, no puede ser utilizada como mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia, así se ha establecido en la SC 0374/2002-R de 2 de abril, que determina: ‘…la subsidiariedad del amparo constitucional debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro el proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que, donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucional’” (las negrillas son nuestras).

De donde se infiere que, la justicia constitucional, no puede suplir los roles encomendados por la función constituyente a sus órganos de poder expresamente reconocidos por la Constitución, por lo que todas las personas naturales o jurídicas que consideren afectados sus derechos, antes de activar el control tutelar de constitucionalidad a través de la acción de amparo constitucional, deberán utilizar en el marco de los plazos procesales establecidos por la normativa imperante, los mecanismos intra procesales o procedimentales de defensa, siendo evidente que la acción de amparo constitucional, no procederá contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso del cual no se haya hecho uso oportuno, pues el orden constitucional no se encuentra diseñado para que los mecanismos de defensa constitucional se soprepongan respecto de los medios de protección que el ordenamiento jurídico brinda a las personas para la protección de sus derechos, generando un escenario de disfuncionalidad no querida por el mismo orden constitucional.

Es por ello, el ámbito tutelar que brinda la acción de amparo constitucional, queda abierto siempre que no exista otro medio de protección inmediata para la protección de los derechos y garantías fundamentales o si las hay, éstas previamente deben ser agotadas, pues la acción de amparo constitucional sólo podrá ejercer su máxima eficacia en la tutela, cuando no exista otro mecanismo de protección inmediata, no pudiendo ser utilizado si previamente no se agotaron las vías ordinarias de defensa brindadas con similar finalidad.

III.3.El derecho a la doble instancia en sede administrativa

Con relación al debido proceso y el acceso a la doble instancia, la jurisprudencia constitucional sentada en la SCP 1096/2012 de 5 de septiembre, señaló lo siguiente: “…la Constitución Política del Estado en su art. 50, la Ley General del Trabajo en el art. 105 y las normas reglamentarias (DS 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010), establecen como concreción del derecho a la jurisdicción o derecho de acceso a la justicia (art. 115.I de la CPE), el derecho de las trabajadoras y trabajadores, así como del empleador, al proceso administrativo ante las autoridades del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social (autoridades laborales administrativas) hasta la revisión de la decisión judicial posterior (SCP 0591/2012 de 20 de julio), como vía válida para resolver los conflictos emergentes de la desvinculación laboral. Este procedimiento administrativo laboral deberá respetar el debido proceso, el derecho a defensa, el derecho a una resolución motivada, el derecho a la doble instancia y otros elementos constitutivos del debido proceso, consagrados en los arts. 115.II y 117 de la CPE.

En efecto, la SCP 0591/2012 de 20 de julio, emitida dentro de una acción de inconstitucionalidad concreta, en resguardo de los derechos al debido proceso y a la doble instancia dentro del procedimiento administrativo laboral ante las autoridades del Ministerio del Trabajo, declaró INCONSTITUCIONAL la palabra “únicamente” del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699, incorporado por el DS 0495 y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, debido a que dichas normas excluían la vía de impugnación en vía administrativa del acto conminatorio de reincorporación, previendo una única instancia para resolver administrativamente tal situación. Por ello, ésta Sentencia Constitucional entendió que contra dicho acto administrativo, procedían los recursos de revocatoria y jerárquico, a los que podían acudir tanto el trabajador como empleador; a cuyo efecto se deben aplicar las normas contenidas en los arts. 56 a 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), mientras el Órgano Legislativo emita las normas específicas que requiere la potestad administrativa para resolver conflictos laborales.

(…)

En ese marco, se tiene que la SCP 0591/2012, complementa la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, en la sub regla número dos, por cuanto en reclamo de la resolución administrativa de conminatoria de reincorporación de la trabajadora o trabajador emitida por el Jefe Departamental de Trabajo, el empleador, en ejercicio de su derecho a la segunda instancia puede acudir a la vía de impugnación administrativa aplicando las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo (art. 115.II y SCP 0591/2012), sin perjuicio de la vía ordinaria judicial laboral, es decir, puede elegir acudir a la vía de impugnación administrativa o la vía de impugnación judicial, no siendo admisible, motuo proprio desconocerla por no compartir con ella” (las negrillas son nuestras).

Conforme la jurisprudencia constitucional citada respecto al acceso a la doble instancia, como un elemento constitutivo del debido proceso, es menester señalar que cuando el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, emite resoluciones de reincorporación o las desestima, estas pueden ser impugnadas tanto por el trabajador como por el empleador mediante los recursos de revocatoria y jerárquico previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo,

III.4.Análisis del caso concreto

La presente acción de amparo constitucional fue interpuesta por Jhossimar Miranda Serrudo, refiriendo que, fue destituido de forma ilegal de su fuente laboral, habiendo suscrito dos contratos de trabajo a plazo fijo con CESSA, el primero, a partir del 15 de marzo de 2011 hasta el 31 de diciembre de igual año, y el segundo, del 11 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre del referido año, desempeñando el cargo de asistente legal, antes de concluir su relación laboral informó a la Gerencia General y al Directorio de CESSA, que su esposa se encontraba en estado de embarazo constituyéndose en padre progenitor, encontrándose protegido por la Constitución Política del Estado, en cuanto a la inamovilidad laboral establecida en el art. 48.VI; pese a tener conocimiento de su situación y de haber continuado trabajando hasta el 7 de enero de 2013, los directivos de CESSA tomaron la determinación de despedirlo, vulnerando de esta manera su estabilidad laboral protegida por la Norma Suprema.

En el caso concreto se tiene que el accionante, recurrió ante la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Chuquisaca, dependiente del Ministerio de Trabajo, solicitando se disponga su reincorporación a su fuente laboral por despido injustificado, en ese sentido el 28 de febrero de 2013, el Jefe Departamental de Trabajo, emitió el CITE J.D.T.E y P.S.-CH. 51/2013, desestimando la solicitud de reincorporación a su fuente laboral efectuada por el accionante, conforme establece el art. 5.II del DS 0012 y el art. 3 del Decreto Ley 16187, refiriendo que no demostró el trabajador que hubiere prestado sus servicios posterior a la culminación de su contrato de trabajo a plazo fijo, por consiguiente, no se produjo la tácita reconducción conforme establece el art. 21 de la LGT.

De donde se puede colegir que ante dicha determinación, Jhossimar Miranda Serrudo -ahora accionante-, no interpuso el recurso de revocatoria previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, toda vez que esta acción tutelar no precede cuando existe otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimido o amenazados de ser, tomando en cuenta que, el orden constitucional no se encuentra diseñado para que los mecanismos de defensa constitucional se sobrepongan respecto de los medios de protección que la jurisdicción ordinaria brinda, quedando abierta la acción de amparo constitucional, siempre que no exista otro medio de protección inmediata para la defensa de los derechos y garantías fundamentales, ya que la acción de amparo constitucional sólo podrá ejercer su máxima eficacia en la tutela, cuando no exista otro mecanismo de protección inmediata, y al no haberse agotado los medios de impugnación establecidos en el procedimiento administrativo, corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al conceder la acción tutelar, no efectuó una correcta y adecuada compulsa de los antecedentes.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; y, el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional, en revisión resuelve: REVOCAR en todo la Resolución 229/2013 de 13 de junio, cursante de fs. 158 a 161, pronunciada por la Sala Social, Administrativa y Tributaria del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Soraida Rosario Chánez Chire

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA


FICHA TÉCNICO JURÍDICA DCMI


Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia

Enlace Gaceta Bolivia: https://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/

Edición: Gaceta No 0686

Tipo: SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL No 1646/2013

Enlace Permanente para citar: https://www.vobolex.org/bolivia/sentencia-constitucional-plurinacional-no-16462013-del-04-de-noviembre-de-2013

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