Bolivia | SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL No 2566/2012 del 21 de Diciembre de 2012 - 1

RESUMEN: Sucre, 21 de diciembre de 2012 Expediente: 01506-2012-04-AIC Departamento: La paz

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2566/2012

Sucre, 21 de diciembre de 2012

SALA PLENA

Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga

Acción de inconstitucionalidad concreta

Expediente: 01506-2012-04- AIC

Departamento: La Paz

En la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Juan Floduardo Ordoñez Rivera dentro del proceso administrativo seguido en su contra por el Tribunal de Procesos Universitarios de la Universidad Pública de El Alto (UPEA); demandando la inconstitucionalidad de los arts. 25 y 42 del Reglamento de Procesos Universitarios de la UPEA, por ser presuntamente contrarios a los arts. 13, 46, 48, 49, 115 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

El accionante mediante memorial presentado el 21 de julio de 2010, cursante de fs. 15 a 20, expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

Como responsable de Recursos Humanos de la UPEA, el 25 de agosto de 2009, a solicitud de la Jefatura del Departamento de Personal Docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), remitió nota (firmada por su persona) adjuntando fotostática simple de una lista donde figuraban autoridades (Rector, Directores de Carrera y Consejeros) de la UPEA de la gestión “2005”, previa consulta y autorización del Director de Recursos Humanos de ese entonces.

La información enviada fue utilizada por la UMSA, para vetar a autoridades y miembros del Consejo Universitario de la UPEA, quienes emitieron Resolución 04/2010 de 20 de enero, disponiendo la apertura del proceso “universitario” en su contra, con la sanción de destitución y expulsión de Cimar Chacón -que trajo la solicitud de la UMSA- y su persona por haber remitido las fotocopias señaladas.

En cumplimiento a dicha Resolución, la Comisión Sumarial Universitaria compuesta por cuatro docentes y tres estudiantes, emitió el Auto inicial de apertura de sumario interno CSU 002/2010 de 12 de febrero “…por presunta comisión de faltas previstas en el Art. 24 núm. 4) y núm. 12), y Art. 25 núm. 1), núm. 4) y núm. 26) del Reglamento de Procesos Universitarios” (sic), determinándose su destitución y consiguiente expulsión; asimismo la referida Comisión, mediante Resolución UPEA/CSU/IFC 003/2010 de 18 de junio, pronunció informe en conclusiones la cual fue remitida al Tribunal de Procesos Universitarios, donde se dictó Auto de procesamiento el 22 del mismo mes y año, en cuyo trámite interpuso el presente “recurso indirecto de inconstitucionalidad”.

Refiere que, la inconstitucionalidad de las normas impugnadas del citado Reglamento de Procesos Universitarios, radica en el hecho de que los trabajadores administrativos de la UPEA, se rigen por disposiciones de la Ley General del Trabajo, según el art. 149 del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, aprobado en el XI Congreso de Universidades, disposición laboral que establece las causales de despido en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Decreto Reglamentario (DR), determinando por ejemplo la participación de los miembros del Sindicato de Trabajadores en los procesos internos; de tal manera que los preceptos demandados crearon nuevas causales de despido. Siendo así, que de acuerdo al art. 25 del Reglamento de Procesos Universitarios de la UPEA, se determina veintisiete faltas muy graves, sancionados con la destitución y expulsión definitiva de la institución conforme el art. 42 del mismo Reglamento, creando conceptos generales e indeterminados, que no respetan los derechos al trabajo, al debido proceso, ni los principios de legalidad, a las disposiciones sociales, laborales de cumplimiento obligatorio que promueve la estabilidad laboral y a la primacía constitucional, contenidos en los arts. 13, 46, 48, 49, 115 y 410 de la CPE.

I.1.1. Resolución de la autoridad consultante

Mediante Resolución TPU-UPEA 007/2010 de 23 de julio, (fs. 21 a 30), el Tribunal de Procesos Universitarios de la UPEA, rechazó la solicitud de promover el recurso indirecto de inconstitucionalidad -ahora acción de inconstitucionalidad concreta- por ser manifiestamente infundado, con los siguientes argumentos: a) De acuerdo a los arts. 92, 93 y 94 de la CPE, se reconoce la autonomía universitaria, creándose al amparo del mismo la UPEA; b) El contenido del incidente de inconstitucionalidad no guarda ninguna relación con los artículos cuya constitucionalidad se observa (arts. 25 y 42 del Reglamento de Procesos Universitarios de la UPEA), máxime cuando los fundamentos del memorial presentado se asemejan a una excepción de incompetencia -extemporáneamente presentada-, toda vez que está más centrado en cuestionar la competencia que tiene el Tribunal de Procesos Universitarios para conocer y resolver el mismo, en ese contexto los asuntos de competencia debieron ser planteadas y/o reclamadas oportunamente por el accionante, aspecto que hasta la fecha no fue observado, no pudiéndose pretender reparar su negligencia a través de la presente acción de inconstitucionalidad concreta de carácter extraordinario o intentar que se admita, citando los artículos impugnados, los cuales no guardan ninguna relación con la conformación del Tribunal Universitario ni de la Comisión Sumarial, que son las instancias legalmente constituidas para conocer y resolver los procesos universitarios disciplinarios internos en cumplimiento a las normas específicas de la institución, a cuyas causales y procedimiento se encuentra sujeta toda la comunidad universitaria, conforme lo previsto por los arts. 1 y 5 del Reglamento referido, en ese marco se tiene establecido que todos los miembros de la comunidad universitaria de la UPEA, deben cumplir las normas internas, mismas que fueron tratadas, debatidas y aprobadas en un Congreso Interno de la UPEA; c) El incidentista dio a entender que como funcionario administrativo de la UPEA, se encuentra sometido a la Ley General del Trabajo, según el art. 149 del Estatuto de la Universidad Boliviana, desconociendo lo dispuesto en el art. 233 de la CPE, que establece su calidad de servidor público y por ende su sometimiento a la Ley de Administración y Control Gubernamentales cuyos arts. 3 y 29, reconocen a las universidades estatales como entidades públicas, aclarando que las normas de conducta funcionaria son: “a) generales y b) específicas” y su Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992, modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001, estableció en su art. 12.III, que la responsabilidad administrativa se regirá por su legislación aplicable, determinando en el art. 29 de la referida Ley los tipos de sanción a aplicar, donde se encuentra regulada la destitución, situación que no puede considerarse como despido injustificado; d) A los efectos del art. 62 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), se debe aclarar que el sumario interno es tramitado de oficio y no a instancia de parte, en consecuencia no corresponde se corra traslado, por lo que aclarado ese extremo y aplicando lo determinado por esa disposición legal para el trámite formal, la presente resolución es pronunciada dentro del plazo previsto; y, e) La Sala Segunda del Tribunal de Procesos Universitarios de la UPEA, rechazó el incidente formulado al resultar ser manifiestamente infundado, porque no se cumplió con el art. 60.3 de la LTC, que precisa el contenido del recurso estableciendo que el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad contendrá: “1.- La mención de la ley, decreto o resolución no judicial cuya inconstitucionalidad se cuestiona y su vinculación con el derecho que se estima cuestionado; 2.- El precepto constitucional que se considera infringido; y, 3.- La fundamentación de la inconstitucionalidad y la relevancia que tendrá la norma legal impugnada en la decisión del proceso”, resultado ser el memorial del “recurso” una simplemente interpretación que el accionante pretende dar a la legitimidad y legalidad de las normas impugnadas.

I.2. Admisión y citación

El AC 0756/2012-CA de 14 de septiembre (fs. 85 a 90), revocó la Resolución TPU-UPEA 007/2010 de 23 de julio, y admitió la acción de inconstitucionalidad concreta, ordenando sea puesta en conocimiento de los representantes legales del Consejo Universitario de la UPEA, como personeros del órgano que generó la norma impugnada, lo que se cumplió el 29 de octubre de 2012 (fs. 119).

I.3. Alegaciones del personero del Órgano que generó la norma impugnada

El Representante Legal del Consejo Universitario de la UPEA, pese a su legal citación (fs. 119), no presentó su informe ni alegatos alguno, conforme dispone el art. 114.IV de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por Resolución del Consejo Universitario de la UPEA 04/2010 de 20 de enero, se remitió a conocimiento de la Comisión Sumarial Universitaria todos los antecedentes sobre las presuntas acciones cometidas por Cimar Chacón Pinto y el funcionario administrativo Juan Floduardo Ordoñez Rivera, correspondiendo su inmediato y prioritario tratamiento de oficio en los plazos y términos previstos; solicitando la aplicación de las sanciones correspondientes a faltas muy graves previstas por el Reglamento de Procesos Universitarios de al UPEA, entre ellas la destitución y expulsión definitiva de la institución e incluso el veto universitario conforme a normas internas universitarias (fs. 2 a 5).

II.2. Mediante Auto Inicial de apertura de sumario interno CSU 002/2010 de 12 de febrero, la Comisión Sumarial Universitaria de la UPEA, conforme a las facultades del Reglamento de Procesos Universitarios de la referida Universidad, dispuso iniciar de oficio, sumario disciplinario interno contra Cimar Chacón Pinto y Juan Floduardo Ordoñez Rivera, a efectos de investigar si los involucrados incurrieron en las presuntas faltas previstas en los arts. 24 incs. 4) y 12), 25 incs. 1), 4) y 26) (fs. 6 a 8).

II.3. La Comisión Sumarial Universitaria por Resolución UPEA/CSU/IFC 003/2010 de 18 de junio, elevó informe en conclusiones ante el Tribunal de Procesos Universitarios de la UPEA, disponiendo la procedencia del proceso universitario interno de los ciudadanos: Cimar Chacón Pinto y Juan Floduardo Ordoñez Rivera, al encontrarse suficientes elementos e indicios, de que su actuación en los hechos podrían ser faltas que se encuentran previstas en el Reglamento Interno de Procesos Universitarios, Reglamento de Proceso Universitarios, “FALTAS GRAVES Art. 24 núm. 4) parte pertinente núm. 12) y; FALTAS MUY GRAVES Art. 25 numerales 1), 4), 6) y 26)” (sic) (fs. 9 a 14).

II.4. El 21 de julio de 2010, Juan Floduardo Ordoñez Rivera, mediante memorial dirigido al Tribunal de Procesos Universitarios de la UPEA, interpuso recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad contra los arts. 25 y 42 del Reglamento de Procesos Universitarios de la citada Universidad (fs. 15 a 20 vta.).

II.5. A través de la Resolución TUP-UPEA 007/2010 de 23 de julio, la Sala Segunda del Tribunal de Procesos Universitarios de la UPEA, en apego al art. 62.1 de la LTC, rechazó promover el incidente de inconstitucionalidad contra los arts. 25 y 42 del Reglamento de Procesos Universitarios de la citada Universidad, planteado por Juan Floduardo Ordoñez Rivera, por ser manifiestamente infundado.

II.6. Los artículos impugnados de inconstitucionales del Reglamento de Procesos Universitarios de la UPEA son:

“Artículo 25. (SON FALTAS MUY GRAVES): 1) Las acciones que atenten contra los principios, fines y objetivos de la Universidad Boliviana, consagradas por su Estatuto Orgánico y el Estatuto Orgánico de la UPEA; 2) La falta de rendición de cuentas, o la presentación de la misma con documentación falsa, verificada por la unidad de auditoría interna o externa de la UPEA; 3) La falsificación, sustracción, ocultamiento y alteración de documentos universitarios, sean estos de carácter académico o administrativo, sin perjuicio de llevar antecedentes al Ministerio Público e iniciar las acciones adicionales correspondientes; 4) La revelación de patentes, inventos y descubrimientos de la UPEA, así como la falta de lealtad y compromiso hacia la universidad; 5) La apropiación, desvio o uso indebido de recursos financiero de la Universidad; 6) Venta y/ó entrega en arrendamiento, así como el uso de bienes universitarios a su nombre, o a través de interpósita persona en beneficio propio; 7) La alteración o falsificación de documentos de naturaleza administrativa o académica, como documentos personales, certificado de calificaciones, libro de actas u otros, con el fin de conseguir ventajas para si mismo o terceras personas; 8) Obstaculizar en forma dolosa y culposa las investigaciones que realice la Comisión Sumarial y el Tribunal de Procesos Universitarios; 9) Obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los funcionarios de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento, en razón del ejercicio de su cargo; 10) La persecución política e ideológica a cualquier miembro de la comunidad universitaria; 11) La discriminación étnica, racial, social, religiosa, cultural, política y de género; 12) La utilización del cargo para presionar a particulares o subalternos, respaldar una causa o campaña política e influir en procesos electorales de carácter político-partidista; 13) Disponer de bienes del Estado de cualquier índole; humanos, financieros o el mismo tiempo de la jornada de trabajo, al servicio de las actividades causas, campañas de los partidos o movimientos políticos; 14) Cuando cualquier miembro de la comisión y de los tribunales no se excusare del conocimiento del proceso estando comprendido en algunas de las causales previstas en el presente reglamento, o cuando continuare con su tramitación habiéndose probado recusación en su contra; 15) Cuando el o los miembros de la comisión o de los tribunales retengan en su poder los expedientes, sin dictar resoluciones en el plazo previsto en el presente reglamento; 16) Cuando se solicite a las partes dinero o toda otra forma de beneficio, o se reciba los ofrecidos para agilizar o retrasar los procesos; 17) Faltar a la verdad en las declaraciones dentro del proceso de investigación o la ocultación de los antecedentes probatorios; 18) Actuar a sabiendas de estar incurriendo en causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento, o conflicto de intereses, establecidos en el presente reglamento; 19) Usurpaciones de funciones de autoridad y de docencia; 20) Designar funciones al personal docente y administrativo sin contemplar los reglamentos vigentes; 21) La detonación de material altamente explosivo y bélico (granadas, gas lacrimógeno y otros de igual magnitud de uso no tradicional, en predios de la universidad, que atente contra la integridad de los miembros de la comunidad universitaria; 22) El uso de armas de fuego en predios de la universidad; 23) Allanamiento a dependencias e instalaciones de la universidad, por grupos de personas que pertenezcan o sean ajenas a la comunidad universitaria; 24) La sustracción y pérdida de los bienes muebles e inmuebles de la universidad; 25) La negativa de entrega de actas de calificaciones por profesionales que han ejercido la docencia, al cierre de la gestión académica; 26) Por atribuirse representación que no le compete; y, 27) Por actos de inmoralidad cometidos y penados por ley”.

“Artículo 42 (DE LAS SANCIONES A FALTAS MUY GRAVES) 1) Destitución y expulsión definitiva de la institución a autoridades, docentes, administrativos y estudiantes, con registro escrito en su hoja de vida; y, 2) Veto Universitario para autoridades, docentes, y estudiantes, debiendo comunicarse en todo el sistema universitario”.

II.7. Se consideran presuntamente infringidas las siguientes normas de la Constitución Política del Estado:

Art. 13.I que señala: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”.

Art. 46.2 que establece: “Toda persona tiene derecho: (…) A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”.

Art. 48.I y II que determina: “I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

Art. 49.II. y III que dispone que: “II. La ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos; salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales; reincorporación; descansos remunerados y feriados; cómputo de antigüedad, jornada laboral, horas extra, recargo nocturno, dominicales; aguinaldos, bonos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa; indemnizaciones y desahucios; maternidad laboral; capacitación y formación profesional, y otros derechos sociales. III. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes”.

Art. 115.II “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

Art. 410.II “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado; 2. Los tratados internacionales; 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena; 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Dentro del proceso interno administrativo que se sigue contra el accionante, cuestiona la constitucionalidad de los arts. 25 y 42 del Reglamento de Procesos Universitarios de la UPEA, porque los trabajadores administrativos de la referida casa superior de estudios se rigen por la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario, además que en la sustanciación del proceso interno no participa ningún miembro del Sindicato de Trabajadores, por lo que, considera que es incompatible con los preceptos y principios constitucionales prescritos en los arts. 13, 46, 48, 49, 115, y 410 de la CPE. Por consiguiente, corresponde determinar si los extremos denunciados son evidentes a los efectos de ejercer el control normativo de constitucionalidad que le encomienda el art. 202.1 de la Norma Fundamental al Tribunal Constitucional Plurinacional.

III.1. Naturaleza jurídica y alcances de las acciones de inconstitucionalidad

Los arts. 132 y 133 de la CPE, establecen a la acción de inconstitucionalidad como un derecho de toda persona individual o colectiva para poder presentar esta acción cuando pudieran ser afectadas por una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial contraria a la Norma Suprema, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley y que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la misma, hace inaplicable la norma impugnada, surtiendo plenos efectos respecto a todos; en ese sentido, el art. 101 de la LTCP, establece dos tipos de acción de inconstitucionalidad, la primera referida a la acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto contra leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales; y, la segunda que es la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto, que procede en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales.

Al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional en relación a esta acción expresó en la SCP 0790/2012 de 2 de agosto, que: “En el referido contexto normativo, es posible aún ratificar la doctrina sentada por el extinto Tribunal Constitucional en relación a los alcances del control de constitucional a través de las dos vías conocidas ahora como abstracta y concreta; así, en la SC 0019/2006 de 5 de abril, siguiendo el criterio expresado por la SC 0051/2005 de 18 de agosto, se estableció: ‘…el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales objetadas…’.

Asimismo, la SC 0011/2010 de 20 de septiembre, precisando dicho entendimiento en relación al recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, ahora, acción de inconstitucionalidad concreta, estableció:

‘En ese entendido, el control de constitucionalidad de las normas jurídicas de alcance general, a través de un proceso judicial o administrativo, faculta a la parte legitimada a promover un incidente dentro del proceso respectivo, cuando dichas normas tengan vinculación directa con la resolución de su caso; es así que, el Tribunal Constitucional, sólo se pronunciará sobre las normas impugnadas compatibilizándolas con los valores, principios, derechos y normas reconocidos en la Constitución Política del Estado, para determinar su correspondencia…’.

Entonces, conforme a la jurisprudencia precedentemente señalada, la acción de inconstitucionalidad concreta, es la vía de control de constitucionalidad, que tiene como objeto, que el Tribunal Constitucional Plurinacional, confronte la compatibilidad o incompatibilidad de la disposición legal impugnada de inconstitucional con los principios, valores y normas de la Constitución Política del Estado Plurinacional. En ese marco, la labor de este Tribunal sólo se circunscribirá al examen de las disposiciones alegadas de lesivas a las normas y preceptos de la Constitución Política del Estado con el fin de establecer su constitucionalidad o inconstitucionalidad, y de ninguna manera realizará análisis alguno respecto al caso en concreto”.

III.2. Sobre el debido proceso

En relación al debido proceso la SCP 0686/2012 de 2 de agosto, estableció que: “’El derecho al debido proceso fue tratado con bastante frecuencia por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que específicamente en su SC 0999/2003-R de 16 de julio, estableció lo siguiente: «La garantía constitucional del debido proceso, consagrada en el art. 16 CPE, asegura a las partes el conocimiento de las resoluciones pronunciadas por el órgano judicial o administrativo actuante durante el proceso, a objeto de que pueda comparecer en el juicio y asumir defensa, y en su caso hacer uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. En virtud de ello, los órganos jurisdiccionales que conozcan de un proceso deben observar los principios, derechos y normas que la citada garantía resguarda, infiriéndose de ello que ante la vulneración de los mismos se tiene por conculcada la referida disposición constitucional.

La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc.; derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes ».

El derecho al debido proceso en la Constitución vigente está establecido en su art. 115.II, por lo que la jurisprudencia analizada es compatible con el texto de la actual Constitución vigente’ (SC 0171/2010-R de 17 de mayo).

Respecto a los elementos que configuran el debido proceso, la SC 1057/2011-R de 1 de julio, señaló: ‘De acuerdo a lo establecido por la Constitución Política del Estado y los Pactos Internacionales, se puede establecer el siguiente contenido de la garantía del debido proceso: a) Derecho a la defensa; b) Derecho al juez natural; c) Derecho a ser asistido por un traductor o intérprete; d) Derecho a un proceso público; e) Derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; f) Derecho a recurrir; g) Derecho a la legalidad de la prueba; h) Derecho a la igualdad procesal de las partes; i) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; j) Derecho a la congruencia entre acusación y condena; k) La garantía del non bis in idem; l) Derecho a la valoración razonable de la prueba; ll) Derecho a la comunicación previa de la acusación; m) Concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) Derecho a la comunicación privada con su defensor; y, o) Derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular’” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El art. 25 del Reglamento de Procesos Universitarios de la UPEA, instituye 27 incisos considerados como “faltas muy graves”, conforme se desarrolló en las Conclusiones II.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional dentro los cuales se establecen como tales a: “1) Las acciones que atenten contra los principios, fines y objetivos de la Universidad Boliviana, consagradas por su Estatuto Orgánico y el Estatuto Orgánico de la UPEA”; y, “4) La revelación de patentes, inventos y descubrimientos de la UPEA, así como la falta de lealtad y compromiso hacia la universidad”. Asimismo el art. 42 del referido Reglamento dispone como sanciones de las faltas muy graves la: “1) Destitución y expulsión definitiva de la institución a autoridades, docentes, administrativos y estudiantes, con registro escrito en su hoja de vida”; y “2) Veto Universitario para autoridades, docentes, y estudiantes, debiendo comunicarse en todo el sistema universitario” ahora impugnados.

A juicio del accionante, los arts. 25 y 42 del Reglamento de Procesos Universitarios de la UPEA son inconstitucionales porque los trabajadores administrativos de la referida casa superior de estudios, se rigen por la Ley General del Trabajo, y por ello las causales de despido están previstas en el art. 16 de la LGT y 9 de su DR, además que en la sustanciación del proceso interno no participó ningún miembro del Sindicato de Trabajadores por lo que dichas normas cuestionadas de inconstitucionalidad son incompatibles con los preceptos constitucionales prescritos en los arts. 13, 46, 48, 49, 115 y 410 de la CPE.

Asimismo, de las citas legales precedentemente, se puede evidenciar que el art. 25 del Reglamento de Procesos Universitarios de la UPEA, menciona 27 faltas muy graves, sancionados con la destitución y expulsión definitiva de la institución conforme al art. 42 del citado Reglamento. Consiguientemente, no son compatibles con el art. 16 de la LGT y 9 de su DR, porque existen diferencias sustanciales. Siendo así, que según el accionante ambos artículos impugnados al crear nuevas causales de despido salen del marco de la constitucionalidad, legalidad y van contra los derechos a la estabilidad laboral, inversión de la prueba, debido proceso y primacía constitucional.

Por otro lado, los arts. 92, 93 y 94 de la CPE, ratifican la plena vigencia de la Autonomía Universitaria, disponiendo que las universidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia son autónomas e iguales en jerarquía, siendo la UPEA creada por Ley 2115 de 5 de septiembre de 2000, y autónoma por Ley 2556 de 12 de noviembre de 2003, y de acuerdo al art. 151 del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana (fs. 73) aprobado en el XI Congreso Nacional de Universidades, todos los miembros de la comunidad universitaria, (docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio) quedan comprometidos al respeto y cumplimiento de las normas del referido Estatuto y son responsables, individual y colectivamente, de los actos que pudieran cometer y atenten contra la Autonomía y los principios que rigen la vida de la Universidad Pública Boliviana, debiendo en su caso, ser sometidos a proceso universitario. A tal efecto, las casas superiores de estudio del sistema conformarán tribunales con jurisdicción y competencia para conocer y resolver procesos administrativos y disciplinarios contra autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores administrativos que formen parte de la comunidad universitaria. La referida disposición es complementada por el art. 152 del señalado Estatuto que prevé: “El Estatuto y Reglamentos de cada Universidad, de acuerdo al régimen de co-gobierno paritario docente-estudiantil norman los procedimientos disciplinarios. La sanción impuesta por una universidad es válida para todo el Sistema”.

El art. 60 del Estatuto Orgánico de la UPEA, determina que el Reglamento de Procesos Universitarios, regula el proceso a: autoridades, docentes, estudiantes, trabajadores, administrativos y personal de servicio, cuyo conocimiento correspondiente a la Comisión Sumarial, Tribunal de Procesos y al Concejo Universitario, previendo en el art. 61 de la misma norma, la conformación de Comisiones con jurisdicción y competencia para conocer y resolver procesos administrativos y disciplinarios contra autoridades, docentes, estudiantes, trabajadores administrativos y personal de servicio de acuerdo a reglamento. Estableciendo así en el art. 26 del referido Estatuto que el proceso disciplinario podrá iniciarse de oficio o a requerimiento del o los denunciantes, poniendo en conocimiento de la Comisión Sumarial Universitaria.

El art. 233 de la CPE, establece que: “Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento”. Al respecto, de acuerdo al DS 23318-A, modificado por DS 26237, con relación al caso, establece lo siguiente:

“Artículo 13 (Naturaleza de la responsabilidad administrativa) La responsabilidad administrativa emerge de la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público”, prevé también en su art. 12.II que (entre entidades) en los casos de las Universidades Públicas; “…la autoridad legal competente así como el procedimiento para la determinación de responsabilidad administrativa, se regirá por su legislación especial aplicable”.

“Artículo 14 (Ordenamiento jurídico administrativo y normas de conducta) El ordenamiento jurídico administrativo a que se refiere el artículo 29 de la Ley 1178, está constituido por las disposiciones legales atinentes a la Administración Pública y vigentes en el país al momento en que se realizó el acto u omisión.

I. Las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público son:

a) Generales o las establecidas en el Estatuto del Funcionario Público y otras leyes, las que dicten el órgano rector competente o las entidades cabeza de sector, las normas específicamente aplicables para el ejercicio de las profesiones en el sector público, los Códigos de Ética a los que se refiere el artículo 13 del Estatuto del Funcionario Público, así como los códigos o reglamentos de ética profesional en lo que no contradigan las anteriormente enunciadas.

b) Específicas o las establecidas por cada entidad, que en ningún caso deberán contravenir las anteriores”.

“Artículo 18 (Proceso interno). Es el procedimiento administrativo que se incoa a denuncia, de oficio o en base a un dictamen dentro de una entidad a un servidor o ex servidor público a fin de determinar si es responsable de alguna contravención y de que la autoridad competente lo sancione cuando así corresponda. Consta de dos etapas: sumarial y de impugnación, que a su vez se constituye por los recursos de revocatoria y jerárquico”.

A este efecto dentro de las sanciones previstas en caso de establecerse responsabilidad administrativa se contemplan de acuerdo al art. 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LAGC), multa hasta un 20 %, suspensión hasta un máximo de treinta días o su destitución. En ese contexto la afirmación del accionante en sentido de que si el trabajador es procesado por una causal distinta al establecido por la que es considerado como un despido injustificado, no tiene fundamento alguno al estar plenamente regulado que en su condición de funcionario público son pasibles a ser sujetos responsabilidades administrativas, civiles penales y en este caso a responsabilidad universitaria emergente de la contravención a los Estatutos y Reglamentos de la Universidad Boliviana y en específico de la UPEA.

En ese sentido y conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, este Tribunal establece que los arts. 25 y 42 del Reglamento de Procesos Universitarios de la UPEA, ahora impugnados de inconstitucional no contradicen de ninguna manera la norma prevista por los arts. 13, 46, 48, 49, 115 y 410 de la CPE, porque la misma no crea procedimiento alguno contrario o lesivo al ámbito de los derechos que se encuentran dentro del derecho y la garantía del debido proceso, pues como se desarrolló precedentemente, a través de los Estatutos Orgánicos de la Universidad Boliviana, Estatuto y Reglamento de Procesos Universitarios de la UPEA, simplemente se dio cumplimiento a estos instrumentos jurídicos.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud a la autoridad que le confieren los arts. 202.1 de la CPE; y 12.2 y 28.I.2 de la LTCP, resuelve: declarar la CONSTITUCIONALIDAD de los arts. 25 y 42 del Reglamento de Procesos Universitarios de la UPEA.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

No interviene la Magistrada, Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños, por ser de voto disidente.

Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey

PRESIDENTE

Fdo. Dr. Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

MAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Soraida Rosario Chánez Chire

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA


FICHA TÉCNICO JURÍDICA DCMI


Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia

Enlace Gaceta Bolivia: https://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/

Edición: Gaceta No 0686

Tipo: SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL No 2566/2012

Enlace Permanente para citar: https://www.vobolex.org/bolivia/sentencia-constitucional-plurinacional-no-25662012-del-21-de-diciembre-de-2012

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