Bolivia | SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL No 0467/2013 del 10 de Abril de 2013 - 1

RESUMEN: Sucre, 10 de abril de 2013 Expediente: 01913-2012-04-AIA Departamento: Chuquisaca

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0467/2013
Sucre, 10 de abril de 2013

SALA PLENA
Magistrado Relator: Efren Choque Capuma
Acción de inconstitucionalidad abstracta

Expediente: 01913-2012-04-AIA
Departamento: Chuquisaca

En la acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Elizabeth Reyes Limpias, Diputada de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 5 y 6 de la Ley 4121 de “19 de octubre de 2009” (sic), por infringir supuestamente los arts. 8.II, 9.4, 14.IV, 48.III y 56.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Mediante memorial presentado el 18 de octubre de 2012, cursante de fs. 28 a 34 vta., la accionante, en su condición de Diputada de la Asamblea Legislativa Plurinacional, expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

Por Decreto Supremo (DS) 13647 de 9 de junio de 1976, se creó la Reserva Bono de Retiro, constituida con aportes realizados por las profesoras y los profesores del Magisterio Fiscal con un monto fijo mensual de Bs50.- (cincuenta bolivianos), por descuentos de planillas, cuyos recursos estaban destinados a otorgar prestaciones en caso de cesantía voluntaria o forzosa, muerte prematura o ingresos a la situación pasiva; a partir de abril de 1984, el aporte mensual fue modificado a una cotización fija de 2% mensual aplicable al total de las remuneraciones percibidas por los asegurados activos realizados hasta el 30 de abril de 1997. Reserva administrada por el Ex Fondo Complementario de Seguridad Social del Magisterio Fiscal (FOCOSSMAF) hasta el 29 de noviembre de 1996.

Señala que, dispuesta la liquidación de los Entes Gestores de Seguros a Largo Plazo y Regímenes Especiales, entre ellos del FOCOSSMAF, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), contrató los servicios de Consultoras Privadas a objeto de realizar una auditoría especial para determinar: a) La reserva del Bono de Retiro del ex FOCOSSMAF desde el 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 2002, encomendado a la Consultora “ECA APARICIO ASOCIADOS LTDA.”; b) La reconstrucción y registro de la recuperación de cartera de préstamos realizados por el ex FOCOSSMAF con recursos de la reserva del bono de retiro, asignado a la consultora “BERTHIN AMENGUEL & ASOCIADOS”. No existiendo conformidad en el resultado por parte del SENAPE, juntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se impuso la suma de Bs181 772 354 52.- (ciento ochenta y un millones setecientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro 52/100 bolivianos) como monto a ser devuelto a la Mutualidad del Magisterio Nacional (MUMANAL). Es así que el 25 de octubre de 2006, se suscribió un acuerdo interinstitucional entre el Estado representado por los Ministerios de Economia y Finanzas Públicas, de Educación y Cultura y el SENAPE con el Magisterio Fiscal, representados por la Confederación de Maestros Jubilados de Bolivia, la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural y la Confederación de Maestros Urbanos. Mediante ese convenio interinstitucional, el Estado asumió la obligación de devolver los recursos a la MUMANAL; c) Bajo el argumento de realizar una limpieza de cuentas y que el Dictamen de Consultoría Especial contendría errores, se impuso una Adenda al Convenio Interinstitucional de 20 de junio de 2008, reduciéndose arbitrariamente el monto a devolverse a Bs124 763 014 09.- (ciento veinticuatro millones setecientos sesenta y tres mil catorce 09/100 bolivianos); y, d) Sobre la base del citado Convenio y Adenda, se emitió la Ley 4121 de 13 de noviembre de 2009, consolidando acuerdos que violan el art. 48.III de la CPE, por cuyo mandato son nulas las Convenciones que desconocen los beneficios sociales, atentando de esta manera contra los derechos e intereses de los maestros rurales, urbanos y jubilados, “viciando” de inconstitucionalidad la referida ley.

Como fundamentos jurídico-constitucionales para sostener la inconstitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas, refiere:

1) Con relación al art. 1 de la Ley 4121: La autorización al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para proceder a la devolución de las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo del ex FOCOSSMAF, desconoce que los recursos fueron constituidos con aportes de las profesoras y profesores del Magisterio Fiscal, siendo de propiedad privada; además, definió el monto de dinero a ser devuelto, conforme a la autorización; y, determinó, el destinatario de la devolución que es la MUMANAL. Ahora bien, la reducción establecida por el citado artículo, constituye un indebido apoderamiento y/o confiscación de parte del Estado de recursos de propiedad privada e infringe normas constitucionales y del bloque de constitucionalidad, por privarse a los verdaderos propietarios de su derecho al uso y goce de la suma de dinero indebidamente reducida a Bs57 009 340 43.- (cincuenta y siete millones nueve mil trescientos cuarenta 43/100 bolivianos) y porque no podrán recibir ese monto cuando se proceda a la devolución de los aportes realizados para la Reserva de Bono de Cesantía.

Dicha reducción, vulnera el valor supremo de la dignidad humana, dado que impide recibir un monto razonable y proporcional a los aportes efectuados, al mantenimiento de valor y la rentabilidad generada, que permita cubrir sus necesidades primordiales al haber pasado a la categoría de pasivos, dejando de percibir sus sueldos mensuales, impidiéndoles llevar una vida digna. También se atenta contra el valor justicia social, porque se disminuye indebidamente el monto que deben recibir los profesores por concepto de devolución de sus aportes. En consecuencia, el Estado está incumpliendo su función esencial de garantizar el ejercicio del derecho a la propiedad privada de las profesoras y los profesores del Magisterio Fiscal, infringiendo el art. 9.4 de la CPE. Al haberse fijado el monto a ser devuelto sobre la base de una Adenda al Convenido Interinstitucional que resulta nula y carente de efecto jurídico, se vulneró el art. 48.III de la CPE.

2) Con relación al art. 2 de la Ley 4121: La autorización al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de transferir treinta y dos bienes inmuebles y muebles del patrimonio constituido con los recursos del Régimen de Seguro Especial de Largo Plazo del Magisterio Fiscal, constituiría violación al derecho a la propiedad, considerando que dichos bienes no fueron ni son de propiedad del Estado, no pudiendo ser transferidos a título oneroso. Por tanto, corresponde su devolución, aún cuando hubieren sido registrados en Derechos Reales (DD.RR.) a nombre del SENAPE, debiendo cederse a la nueva administración de la MUMANAL, a título gratuito. Además, implica el pago del impuesto municipal a las transferencias sobre el valor fijado en dicha disposición legal que generaría una disminución del monto de dinero disponible para la devolución de los aportes realizados por los profesores; de ahí su inconstitucionalidad. La disminución de los recursos del Fondo de Retiro que constituyen las Reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo del Ex FOCOSSMAF, atenta contra el derecho a la propiedad privada consagrado en el art. 56.I de la CPE y el derecho al uso y goce de los bienes de cada profesor del Magisterio Fiscal, también reconocido en el art. 21 de la CADH.

3) Con relación al art. 5 de la Ley 4121: De conformidad al art. 158.I.3 de la CPE, el Estado no tiene potestad, para definir a quienes debe efectuarse la devolución, imponer condiciones y la forma en que deben ser regresados los recursos provenientes de aportes y mucho menos exigir la presentación de planillas de los pagos efectuados, en razón a que no son recursos de dominio público. Se atenta contra el derecho a la propiedad privada, al imponer condiciones al margen del ordenamiento jurídico, pretendiendo que los “dueños” de los recursos dispongan de los dineros en la forma delimitada por dicha disposición legal y rindan cuentas del uso que le den a los mismos y que forman parte de su propiedad privada.

La definición de la forma de pago, cálculo o distribución, debe hacerse por los propietarios de los recursos y no por el Estado, conforme a los Estatutos y Reglamento de la MUMANAL, a través de sus instancias orgánicas como el Congreso ordinario y/o extraordinario del Magisterio Fiscal, que con anterioridad a la promulgación de la Ley 4121, habría definido con qué empresa y mediante qué fórmula se realizaría la devolución; y es más, el Convenio Interinstitucional en su cláusula séptima inc. f) sólo establecía la devolución a los maestros beneficiarios de los Regímenes Especiales no afiliados a su entidad en los términos y montos establecidos por la auditoría de “ECA APARICIO”, lo que hace inviable el cumplimiento de la ley, puesto que antes de su promulgación ya se había distribuido conforme a otra fórmula (HP SERVICES) aprobada por todos los sectores del Magisterio en Congreso Ordinario.

4) Con relación al art. 6 de la Ley 4121: La determinación de disponer que los recursos remanentes de la devolución, sean revertidos al Tesoro General de la Nación (TGN), constituye violación al derecho a la propiedad privada y su confiscación, por desconocer que provienen de aportes realizados por las profesoras y los profesores del Magisterio Fiscal para constituir la reserva del bono de cesantía. Si bien el Estado administró los recursos; empero, concluida la liquidación del ente gestor, procede a la devolución a sus propietarios, quienes constituyeron la MUMANAL para que administre y realice la devolución. Por cuanto, de existir recursos remanentes no concurre razón jurídica valedera para que sean revertidos al Tesoro General de la Nación, dado que no son de propiedad del Estado.

Por los fundamentos expuestos, solicita se declare la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 5 y 6 de la Ley 4121 de 19 de octubre, promulgada el 13 de noviembre de 2009, con los efectos previstos en el art. 107 de la Ley 027 de 6 de julio de 2010; y, por conexitud se declare la inconstitucionalidad de los arts. 3 y 4 de la citada Ley con los mismos efectos.

I.2. Admisión y citaciones

Por AC 0839/2012-CA de 7 de noviembre, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada y ordenando que la acción y el auto de Admisión se ponga en conocimiento del Órgano generador de las normas impugnadas, diligencia que se cumplió el 11 de enero de 2013 (fs. 59).

I.3. Alegaciones del personero del órgano que generó la norma impugnada

Por memorial presentado el 5 de febrero de 2012, cursante de fs. 75 a 79 vta., Álvaro Marcelo García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, formuló sus alegatos en los siguientes términos:

i) Constitucionalidad del art. 1 de la Ley 4121: La determinación normativa impugnada, garantiza la devolución de las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a Largo Plazo del ex FOCOSSMAF, como derecho adquirido. La norma sería inconstitucional, si estableciera que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no devolverá las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo del ex FOCOSSMAF. No existe contravención al art. 56.I de la CPE, dado que la Ley 4124 no desconoce el derecho de propiedad; resulta inexistente la supuesta transgresión al art. 8.II del texto constitucional, cuyo marco axiológico se mantiene intacto. Con relación al art. 48.III, el argumento resulta fallido, dado que se garantiza los derechos de los trabajadores del Magisterio Fiscal.

ii) Constitucionalidad del art. 2 de la Ley 4121: La accionante, confunde las vías de impugnación y pretende a través de este mecanismo constitucional crear un antecedente que permita la vulneración de la norma tributaria, cuyo criterio debió ser promovido en su oportunidad y ante la instancia correspondiente. Una acción es pertinente, cuando su objeto de impugnación es coincidente con los argumentos normativos que la provocan; es decir, una contradicción de normas y no como se pretende en función a elementos de hecho forzar la configuración de una acción de carácter normativo y de puro derecho, extremo que no guarda sentido en el orden estrictamente procesal. La fundamentación o argumento de derecho expuesto por el accionante carece de pertinencia, por no determinar cuál es el campo de regulación a que se enfrenta a la norma constitucional.

iii) Constitucionalidad del art. 5 de la Ley 4121: El argumento de inconstitucionalidad radica en la oposición de presentar mensualmente las planillas de pago efectuadas por concepto de devolución de los Regímenes Especiales. El objetivo de la imposición normativa, es garantizar un trabajo transparente y organizado conforme establece el art. 232 de la CPE.

iv) Constitucionalidad del art. 6 de la Ley 4121: El motivo de esta determinación, tiene íntima relación con reglas generales del derecho; la primera, relacionada con la satisfacción de la obligación, que implica los pagos realizados y la existencia de remanentes, conlleva el cumplimiento de la totalidad de los beneficiarios, por cuanto, nadie podrá exigir mejor derecho alguno; y la segunda, se presenta con la participación del Estado como último beneficiario. Las reglas generales de la sucesión, explican que al no existir descendientes o ascendientes directos o colaterales, será en última instancia el Estado quien reciba los bienes de un causante sin herederos. Criterio que jamás fue impugnado de inconstitucional, porque su base radica en la lógica, evitando bienes sin titular cierto e identificado.

Finalmente, pidió se declare la constitucionalidad de los arts. 1, 2, 5 y 6 de la Ley 4121, por no contraponerse a ningún precepto establecido en la Constitución.

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las conclusiones que se detallan a continuación:

II.1. Las normas impugnadas de inconstitucionales son:

“ARTÍCULO 1º (Objeto) Autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la devolución de las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo del ex Fondo Complementario de Seguridad Social del Magisterio Fiscal – FOCOSSMAF, determinada en el marco de la Ley No. 1732 de 29 de noviembre de 1996, de Pensiones y el Decreto Supremo No. 25053 de 23 de mayo de 1998, que asciende a la suma de Bs. 124.763.014,09 (ciento veinticuatro millones setecientos sesenta y tres mil catorce 09/100 bolivianos), en favor de la Mutualidad del Magisterio Nacional – MUMANAL, institución conformada por la Confederación de Maestros Jubilados de Bolivia, la Confederación de Maestros de Educación Rural de Bolivia y la Confederación de Maestros de Educación Urbana de Bolivia a través de:

1. La transferencia de los inmuebles y muebles detallados en los anexos 1 y 2 adjuntos a la presente Ley, por un valor de Bs.20.573.917,52 (veinte millones quinientos setenta y tres mil novecientos diecisiete 52/100 bolivianos).

2. Los flujos de recursos generados por la recuperación de capital, intereses y mantenimiento de valor de cartera del ex FOCOSSMAF hasta un monto de Bs. 42.700.088,83 (cuarenta y dos millones setecientos ochenta mil y ocho 83/100 bolivianos), suma de la que se debe descontar Bs. 1.860.222,00 (Un millón ochocientos sesenta mil doscientos veintidós 00/100 bolivianos) que fueron devueltos por Resolución Ministerial 232 de 23 de julio de 2007.

3. El monto recuperado por cartera entre las gestiones 1996 a 2003, que asciende a Bs. 61.489.007,74 (sesenta y un millones cuatrocientos ochenta y nueve mil siete 74/100 bolivianos), transferido conforme a la Resolución Ministerial 275 de 20 de junio de 2008, del Ministerio de Hacienda.

ARTICULO 2º (De la Transferencia de los Inmuebles y Muebles)

1. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE, proceder a la transferencia onerosa, con cargo a devolución de reservas de los Regímenes Especiales de treinta y dos (32) bienes inmuebles conforme al Artículo 1 de la presente Ley y muebles en el estado físico y documental en el que se encuentren, detallados en anexos 1 y 2 adjuntos a la presente Ley, por un valor que asciende a la suma de Bs. 20.573.917,52 (veinte millones quinientos setenta y tres mil novecientos diecisiete 52/100 bolivianos).

2. La MUMANAL realizará los trámites de saneamiento y registro de derecho propietario.

ARTICULO 3º (Devolución de Saldos de Cartera) Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como parte de la devolución de los Seguros y Regímenes Especiales, el pago de Bs. 42.700.088,83 (cuarenta y dos millones setecientos mil ochenta y ocho 83/100 bolivianos), obtenidos de los recursos recuperados por el cobro de capital, mantenimiento de valor e intereses de la Cartera del ex FOCOSSMAF a la MUMANAL como administradora de recursos, suma que será cancelada en doce (12) cuotas mensuales, a partir de la fecha de promulgación de la presente Ley, previo descuento de Bs. 1.860.222,00 (un millón ochocientos sesenta mil doscientos veintidós 00/100 bolivianos) considerados en el numeral 2 del artículo 1 de la presente disposición legal.

ARTICULO 4º (Responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) La responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, concluye una vez efectuadas las transferencias dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 5º (Obligación de MUMANAL) La MUMANAL, devolverá los aportes correspondientes a los Seguros y Regímenes Especiales de Cuota Mortuaria y Bono de Cesantía a los maestros registrados en el informe de Auditoría Especial de la Empresa Eca & Aparicio, aún si no se encuentran adscritos a la MUMANAL.

Para fines de control y conciliación con los Estados Financieros del ex Fondo Complementario de la Seguridad Social del Magisterio Fiscal – FOCOSSMAF, la MUMANAL, debe presentar mensualmente al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado las planillas de los pagos efectuados por concepto de devolución de los Regímenes Especiales.

ARTICULO 6º (De los Pagos No Efectuados). En caso de existir recursos remanentes de pagos no efectivizados por la MUMANAL, en favor de los maestros registrados en Informe de la Auditoría Especial de la Empresa Eca & Aparicio, estos deberán ser revertidos al Tesoro General de la Nación, en un plazo máximo de 18 meses”.
II.2. Las normas constitucionales cuya vulneración se alega, son:

“Artículo 8.II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad…, justicia social…, para vivir bien.
Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:
(…)
4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
Artículo 14.IV. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban.
Artículo 48.III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.
Artículo 56.I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social”.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, cuestiona la constitucionalidad de los arts. 1, 2, 5 y 6 de la Ley 4121, por resultar incompatibles con los arts. 8.II, 9.4, 14.IV, 48.III y 56.I de la CPE, en razón a que la autorización otorgada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para la devolución de los aportes de las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a Largo Plazo del ex FOCOSSMAF, la definición del monto a ser devuelto, las condiciones, la forma cómo se procederá, la transferencia a título oneroso de los bienes inmuebles y muebles; y el destino de los remanentes, constituye confiscación de recursos de propiedad privada, provenientes de los aportes de las profesoras y los profesores del Magisterio Fiscal, impidiendo que puedan recibir un monto razonable y proporcional a lo aportado, que les permita cubrir sus necesidades primordiales, usar y gozar de sus bienes, en el marco de una vida digna, considerando que pasaron a la categoría de pasivos. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos denunciados son evidentes a los efectos de efectuar el control de constitucionalidad que le encomienda a este Tribunal el art. 202.1 de la CPE.

III.1. El control de constitucionalidad mediante la acción de inconstitucionalidad abstracta

Al situarse a la Constitución Política del Estado en la cúspide de la estructura jurídica interna del Estado -art. 410.II de la CPE-, conlleva el reconocimiento de su jerarquía frente a cualquier otra disposición legal; constituyéndose, en el sustento de las demás disposiciones legales de donde nacen los niveles jerárquicos. Es decir, que los principios y valores contenidos en la Norma Suprema, son la base para la emisión de toda disposición legal que emane del Órgano Legislativo u otro en el ámbito de sus competencias -entidades territoriales autónomas-.

Ahora bien, a efectos de resguardar la concordancia entre la Norma Suprema con los instrumentos normativos de desarrollo, el Constituyente ha previsto mecanismos constitucionales idóneos para defender la supremacía de la Constitución Política del Estado, al establecer en su art. 132 que: “Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley”; en ese sentido, asigna el control normativo de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional, para que establezca la compatibilidad o no entre la norma jurídica cuestionada con el texto constitucional; control que podrá ser previo o posterior y en la forma o en el fondo; será previo, cuando la disposición aún no se encuentre vigente en el orden jurídico interno y posterior cuando estando vigente se advierta su incoherencia con preceptos constitucionales, que deriven en desconocimiento del principio de supremacía constitucional. El examen de fondo implica, establecer la compatibilidad del contenido del instrumento normativo con los principios, valores, derechos, garantías y parte orgánica de la Constitución Política del Estado. En la forma, se efectúa el análisis desde el origen de la norma, si el órgano emisor es competente para emitir la ley, si se imprimió el procedimiento legislativo previsto para la formación de la ley, sea desde su elaboración, aprobación, promulgación y publicación (SCP 0336/2012 de 18 de junio).

Al establecer el Código Procesal Constitucional, en el art. 72, que: “Las Acciones de Inconstitucionalidad son de puro derecho y tienen por objeto declarar la inconstitucionalidad de toda norma jurídica incluida en una Ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial que sea contraria a la Constitución Política del Estado, a instancia de las autoridades públicas señaladas en el presente Código”, reitera la disposición contenida en el art. 196.I de la CPE, respecto del resguardo de la supremacía constitucional frente a normas legales, decretos o cualquier género de resoluciones no judiciales, cuya finalidad es sanear el ordenamiento jurídico interno, mediante la corrección de la norma vía interpretativa, estableciendo su significado o en su caso expulsándola. El control de constitucionalidad se efectúa por dos vías que el art. 73 del citado Código Procesal, establece: “Las Acciones de Inconstitucionalidad podrán ser:

1. Acción de Inconstitucionalidad de carácter abstracto contra leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales.

2. Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales”.

En la acción de inconstitucionalidad abstracta, el control de constitucionalidad no se ejerce al interior de un proceso judicial o administrativo, de ahí que no está vinculada con un caso concreto donde deba ser aplicada la disposición legal cuya constitucionalidad se cuestiona. En consecuencia, la legitimación activa para plantearla, recae en la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, cualquier miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional o de los Órganos Legislativos de las Entidades Territoriales Autónomas, las máximas autoridades ejecutivas de las Entidades Territoriales, así como de la Defensora o Defensor del Pueblo -art. 75 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

III.2. Valores en los que se sustenta el Estado Plurinacional de Bolivia

Tanto el preámbulo del texto constitucional y la disposición contenida en el art. 1 de la CPE, proclaman la existencia de un nuevo Estado basado en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país, donde resalta el elemento común o carácter plural, sobre el cual se construirá el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario. Ahora bien, para la consecución de dicho fin y teniendo presente que la estructura de la Norma Suprema está compuesta por tres partes esenciales, la axiológica, dogmática y orgánica; en la primera, se encuentran las pautas o bases sobre las cuales se fundará la construcción del nuevo Estado, así tenemos en el art. 8.I de la CPE, a los principios ético-morales, al ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), como reglas rectoras y normas de conducta social, aplicables como principio de una sociedad y como norma de conducta, dado que provienen de una sociedad dedicada al trabajo cuya visión se sustentó en lo colectivo y el no individualismo. Normas de conducta que están dirigidas a la consecución del suma qamaña o vivir bien y por ende constituyen fundamento para la construcción del pluralismo jurídico.
En ese orden, cabe recordar que los valores supremos, son entendidos como ideales o normas abstractas que dirigen o guían la elaboración del orden jurídico interno de un Estado; es decir, fijan los parámetros en función a los cuales se realizará la labor legislativa, según el modelo de Estado. Asímismo, orientan la función interpretativa de los instrumentos normativos a objeto de establecer el sentido y finalidad de las normas. La SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, precisó que los valores superiores, deben ser considerados como: “…mandatos dirigidos, primero, al legislador, para que sean tomados en cuenta en la elaboración de las leyes y, segundo, al poder ejecutivo y judicial, para que sean considerados en la aplicación e interpretación de esas normas, optando siempre por aquella aplicación e interpretación que más favorable resulte a la efectiva concreción de esos valores…”. En consecuencia, poseen una triple dimensión, que la citada Sentencia Constitucional, definió como: “…a) fundamentadora del conjunto de disposiciones e instituciones constitucionales, así como del ordenamiento jurídico en su conjunto, al que se proyectan sus normas, principios y valores, lo que determina que tengan una significación de núcleo básico e informador de todo el sistema jurídico político; b) orientadora del orden jurídico hacia fines predeterminados, que hacen ilegítimas las normas que persiguen fines distintos o que obstaculicen la consecución de los valores que enuncia la Constitución; c) crítica, pues sirve de parámetro para la valoración de conductas, posibilitando el control jurisdiccional de las restantes normas del ordenamiento jurídico para determinar si están conformes o infringen los valores constitucionales”.
En ese sentido, los valores sobre los cuales se sustenta el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, situados en la parte axiológica del texto constitucional, son los contenidos en el art. 8.II de la Norma Suprema, siendo los siguientes: “…igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”, cuyo contenido deberá ser observado a tiempo de la emisión o producción de toda norma jurídica; y, de aplicación obligatoria a momento de realizar su interpretación constitucional. La aplicación de los citados valores, posibilita el cumplimiento de los fines y funciones esenciales el Estado, previstos en el art. 9. 1 y 2 de la CPE, relativos a: “Constituir una sociedad justa y armoniosa…, sin discriminación…, con plena justicia social…” y “Garantizar el bienestar…, la protección e igual dignidad de las personas…”.

III.2.1. El valor dignidad

La dignidad como valor, contenido en el art. 8.II de la CPE, sobre el cual se erigen los demás valores y derechos, conlleva el respeto por la vida y demás derechos. De acuerdo a la definición dada por Guillermo Cabanellas, el derecho a la dignidad humana, es: “El que tiene todo hombre para que se le reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no cual simple medio para fines de otros”, de ahí que el texto constitucional lo concibe como derecho fundamental en el art. 21.2, imponiendo al Estado la obligación primordial de respetar y proteger la dignidad de toda persona, por ser inviolable.

Aún cuando en el texto constitucional abrogado, el valor dignidad no se encontraba inserto como tal; empero, la SC 0686/2004-R de 6 de mayo, estableció que: “…considera a la dignidad humana como un valor supremo inherente al Estado Democrático de Derecho, por lo mismo lo conceptúa como aquel que tiene todo hombre para que se le reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no cual simple medio para fines de otros. Equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. En el sistema constitucional boliviano, la dignidad humana tiene una doble dimensión, de un lado, se constituye en un valor supremo sobre el que se asienta el Estado Social y Democrático de Derecho y, del otro, en un derecho fundamental de la persona, conforme lo ha proclamado el art. 6.II de la Constitución. En la dimensión de derecho fundamental, la dignidad humana es la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Este Tribunal Constitucional, en su SC 0338/2003-R de 19 de marzo, lo ha definido como aquel: ‘que tiene toda persona por su sola condición de «humano», para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal’” (lo resaltado fue añadido). Razonamiento que se asume en la presente Resolución, por no resultar contrario a los preceptos contenidos en la Constitución Política del Estado vigente.

En ese orden, siendo la dignidad un valor supremo, el Estado no puede actuar al margen de los fines y funciones esenciales que le asigna la Constitución Política del Estado, como garantizar la igual dignidad de las personas a efectos de constituir una sociedad justa y armoniosa con plena justicia social. Es decir, no le está permitido ignorar el valor supremo de la dignidad, para obtener recursos que la afecten en su dimensión de valor supremo y derecho fundamental, dado que ello implicaría concebir al ser humano como un medio para la obtención de un beneficio.

Ahora bien, la dignidad en su dimensión de valor supremo sobre el cual se sustenta el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, como base del orden jurídico interno y que dirige su interpretación y aplicación, en el ámbito económico, conlleva la obligación de parte del Estado de garantizar la retribución equitativa y proporcional por el trabajo realizado, posibilitando el acceso a condiciones de vida digna. Así también lo entendió la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, al precisar los alcances y la concreción del valor supremo de la dignidad en el ámbito económico.

III.2.2. Justicia social

La justicia social, es otro ideal o norma abstracta que se pretende alcanzar en la construcción del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que implica la edificación de una sociedad cimentada en la equidad con justicia, que de acuerdo al preámbulo del texto constitucional, conlleva, la: “…equidad en la distribución y redistribución del producto social donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos…”; que se resume, en el “vivir bien” con dignidad y solidaridad.

III.3. Derecho a la propiedad privada

Al establecer el art. 56.I del texto constitucional, que: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social”, reconoce a la propiedad como un derecho fundamental y cuyo ejercicio se encuentra garantizado, dado que se impone al Estado la obligación de promoverlo, protegerlo y respetarlo; constituyendo, una de sus funciones esenciales garantizar su cumplimiento. Al respecto, la SCP 2172/2012 de 8 de noviembre, sostuvo: “…precepto, que garantiza su ejercicio y advierte su carácter inviolable; indivisible, por ser inherente a la persona; universal, dado que es común a todos; interdependiente, por su vinculación con otros derechos o preceptos constitucionales a tiempo de su interpretación y aplicación; y progresivo, para lograr su plena efectividad. De otra parte, no sólo reconoce a la propiedad como un derecho fundamental, garantizando su ejercicio -arts. 9.4 y 13.I de la CPE-, sino también como un deber a su titular de cumplir con la función social, observando que no sea perjudicial al interés colectivo.
En coherencia con el citado marco constitucional, el art. 105.I del Código Civil (CC), define a la propiedad en su concepto y alcance, al señalar: “…es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico”; de donde, se desprende que la propiedad comprende tres elementos; usar, que implica de parte del propietario o poseedor servirse de la cosa, emplearla, utilizarla y obtener todos los servicios de ella; gozar, comprende la acción de disfrutar de la cosa o bien material, que constituye la facultad natural de dominio y posesión obteniendo o percibiendo sus frutos; y, disposición, abarca la facultad o poder de hacer de la propiedad, lo que el propietario vea por conveniente, sea para enajenarla, gravarla, transformarla o en su caso donarla. En éste último elemento, cabe recordar que si bien la Constitución Política del Estado reconoce a la propiedad como un derecho fundamental, también le impone el deber de cumplir una función social y al mismo tiempo el Código Civil en armonía con segundo parágrafo del art. 56 de la Norma Fundamental, impone al propietario que el ejercicio de su poder de disposición lo realice en armonía con el interés colectivo y dentro de los límites y con las obligaciones que el orden jurídico prevé”.
Es decir, el límite al ejercicio de ese derecho fundamental, de cumplir la función social, responde a la necesaria compatibilidad que debe existir con el interés colectivo. De ahí que los instrumentos normativos que regulan el ejercicio del derecho de propiedad privada, deben desarrollarse en función al citado precepto constitucional.

III.4. De la constitución de asociaciones

De acuerdo al art. 52 del Código Civil (CC), son personas colectivas las siguientes: “1) El Estado boliviano, la Iglesia Católica, los Municipios, las Universidades y demás entidades públicas con personalidad jurídica reconocida por la Constitución Política y las leyes. 2) Las asociaciones mutualistas, gremiales, corporativas, asistenciales, benéficas, culturales en general, educativas, religiosas, deportivas o cualesquiera otras con propósitos lícitos, así como las fundaciones…” (negrillas agregadas). El elemento común en toda asociación, radica en que voluntariamente un grupo de personas deciden agruparse en forma permanente para un fin específico a desarrollar, siempre que sea lícito y no persiga lucro alguno. La asociación, bajo la denominación o razón social a utilizar, representa los intereses de sus miembros ante los órganos públicos, privados y otros entes o entidades. La constitución de una asociación mutualista, se funda en la mutua ayuda y solidaridad entre un sector de la población, que en la búsqueda de un propósito lícito decide agruparse voluntariamente con un objetivo común.

En el mismo orden, las asociaciones se constituyen en personas de derecho privado, titulares de derechos y obligaciones, mediante la obtención y reconocimiento de su personalidad jurídica; conforme establece el art. 58 del CC, al señalar que:

“I. Los organizadores de una asociación o los comisionados para el efecto, presentarán ante la Prefectura del Departamento: el acta de fundación con el nombre, profesión y domicilio de los fundadores; el estatuto y reglamento; y el acta de aprobación de estos últimos.

II. El prefecto, previo dictamen fiscal, dispondrá por auto motivado la protocolización de los documentos en un registro especial de la Notaría de Gobierno. Se elevará un testimonio de todo lo obrado ante el Ministerio correspondiente para el trámite sobre reconocimiento de la personalidad jurídica, mediante resolución suprema” (negrillas agregadas).

A la conclusión de la asociación, el art. 65 del CC, prevé:

“I. Extinguida la asociación, se procederá a la liquidación del patrimonio.

II. Los bienes sobrantes se adjudicarán de conformidad a los estatutos y cuando estos no disponga nada al respecto, se atribuirán a la Universidad nacional del distrito”.

III.5. De la normativa aplicable para la intervención del Estado en la devolución de las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo del Ex FOCOSSMAF

Inicialmente, conviene referirnos a que la Reserva del Bono de Retiro, se creó por DS 13647, con el objeto de constituir el seguro de cesantía, para los maestros urbanos, rurales de COMIBOL y funcionarios administrativos de la docencia, conformado por aportes, con la finalidad de otorgar prestaciones independientes a los del seguro complementario en los casos de cesantía voluntaria o forzosa, muerte prematura o ingreso a la situación pasiva.

A partir de la promulgación de la Ley 1732 de 29 de noviembre de 1996 -abrogada por la Ley 065 de 10 de diciembre de 2010-, se dispuso que los entes gestores de cualquier naturaleza que, de manera exclusiva, administren los regímenes de vejez, jubilación, invalidez, muerte, riesgos profesionales de largo plazo y seguros especiales de la seguridad social boliviana, mantendrán su personalidad jurídica sólo a los efectos de su liquidación. Así también se estableció que la Secretaría Nacional de Pensiones, estará a cargo de la liquidación de los entes gestores, pudiendo designar a los liquidadores -art. 55-. Por disposición del art. 56 del citado instrumento normativo, el patrimonio de las referidas entidades, será objeto de administración y liquidación conforme el siguiente detalle:

“a) Los activos fijos, valores, acciones y otros títulos valores, así como las acreencias y otros que corresponda serán administradas por los liquidadores designados por la Secretaría Nacional de Pensiones, quienes tendrán al efecto las facultades de administración y procesales necesarias, otorgadas por el Secretario Nacional de Pensiones.

b) Los bienes mencionados serán objeto de disposición y transferencia a cargo de la Unidad de Reordenamiento de la Secretaría Nacional de Pensiones.

c) Los pasivos serán objeto de inscripción ante la Secretaría Nacional de Pensiones, en el plazo de sesenta (60) días, computado desde la emisión del reglamento respectivo. Estos pasivos no comprenden las Rentas en Curso de Pago, las Rentas en Curso de Adquisición ni los aportes, cotizaciones y otros pagos efectuados con destino a la obtención de pensiones o beneficios de cualquier especie. Todos los activos disponibles, valores y otros recursos obtenidos por la administración y liquidación serán destinados al Tesoro General de la Nación, previa deducción de los pagos de pasivos, obligaciones laborales y de los costos y gastos correspondientes” (las negrillas son nuestras).

De donde resulta, que la intervención del Estado, representado por la Secretaría Nacional de Pensiones, como institución encargada de la liquidación de los entes gestores, deviene de la promulgación de la Ley 1732, cuyo ámbito de aplicación tiene por objeto asegurar la continuidad de los medios de subsistencia del capital humano, mediante el seguro social obligatorio de largo plazo en cumplimiento del art. 158 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg) y disponer el destino y administración de los recursos que benefician a los ciudadanos bolivianos, de conformidad a la Ley 1544 de 21 de marzo de 1994. Aclarando, que el citado seguro comprende las prestaciones de jubilación, invalidez, muerte y riesgos profesionales a favor de sus afiliados; y, el destino de los recursos de la capitalización, comprende los recursos provenientes de las acciones de propiedad del Estado en las empresas capitalizadas, transferidos en beneficio de los ciudadanos bolivianos y destinados al pago de una anualidad vitalicia denominada Bono Solidario (Bonosol) y al pago de gastos funerarios.

El DS 25053 de 23 de mayo de 1998 -modificado por el DS 25607 de 2 de diciembre de 1999, en lo relativo a corregir y sustituir el término “sociedad accidental” por “sociedad”-, reglamentó la Ley 1732, estableciendo que la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio de los seguros y regímenes especiales de largo plazo será discriminada del patrimonio de las entidades sujetas a liquidación por la citada ley, por auditorias especiales realizadas por la Unidad de Reordenamiento del Ministerio de Comercio e Inversión. Para cuyo efecto, se dispuso la apertura de una cuenta fiscal para cada ente gestor en liquidación, transfiriendo a la misma la totalidad de los saldos disponibles de cada seguro o régimen especial determinados por la auditoria especial y definir la distribución y devolución que proceda entre los asegurados beneficiarios. Debiendo conformarse una sociedad por cada ente gestor, como asociaciones mutuales, para la administración de los seguros y regímenes especiales. El art. 2 del citado Decreto Supremo, establece como objetivos y condiciones exclusivas para las sociedades accidentales las siguientes: “1. Tomar conocimiento de los resultados del informe final de la auditoría externa, practicada en el ente gestor en liquidación que corresponda. 2. Presentar a los asegurados los resultados del informe final de la auditoría correspondiente. 3. Definir sobre el pago de las obligaciones a los beneficiarios de los seguros y regímenes especiales a la fecha de promulgación de la Ley de Pensiones. 4. Definir con los asegurados, el destino del patrimonio de los seguros y regímenes especiales para proceder a: 5. Devolver a cada uno de los asegurados que así lo decidan individualmente el monto que les corresponda…” (las negrillas nos corresponde). En el art. 3 del indicado Decreto Supremo, se estableció que: “Las entidades administradoras de seguros y regímenes especiales serán de giro exclusivo para la administración de los seguros y regímenes especiales con que se constituyeron. Dichas entidades deberán conformarse como asociaciones mutuales…”, más adelante en su inc. f), establece: ”Las asociaciones mutuales administradoras de seguros y regímenes especiales constituidas o por constituirse, así como cualquiera otras entidades, sea cual fuere su naturaleza jurídica que administren seguros y regímenes especiales, se encuentran a partir de la promulgación del presente decreto supremo, sujetas a la supervisión, fiscalización y regulación de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, independientemente de la norma que les dio origen, del rango, naturaleza y características de la asociación o de los asociados”.

Posteriormente, mediante DS 26291 de 25 de agosto de 2001, se autorizó al Ministerio de Comercio Exterior e Inversión -Unidad de Reordenamiento-, a contratar una consultora especializada que realice los trabajos necesarios para la organización de una nueva entidad sin fines de lucro y con personería jurídica propia, conformada por decisión de las asambleas generales de los afiliados al seguro de cesantía y cuota mortuoria. Los trabajos de la consultora serán entregados a los representantes de las Confederaciones del Magisterio en su conjunto. Además, se autorizó al Ministerio de Hacienda y Comercio Exterior e Inversión -Unidad de Reordenamiento- a transferir los activos, pasivos y patrimonio que resulten de la conciliación efectuada sobre la base de los balances desagregados de los regímenes especiales del seguro de cesantía y cuota mortuoria administrados por el Fondo Complementario de Seguridad Social del Magisterio Fiscal en Liquidación, provenientes del mismo Fondo, a la nueva entidad a conformarse. Se delegó que sean los socios de la nueva entidad quienes determinen el uso de los recursos, de conformidad a lo establecido en el DS 25053.

En la exposición de motivos para la emisión del DS 28528 de 16 de diciembre de 2005, refiere que: “…han transcurrido nueve años desde el inicio de la liquidación, en los que el TGN no sólo eroga fondos para cumplir con las obligaciones creadas por la Ley Nº 1732 en relación al pago de las rentas de vejez, sino que también sostiene el proceso de liquidación con un presupuesto operativo no justificado con las recuperaciones. Que no obstante que las normas legales dictadas en relación a la liquidación de los citados Entes Gestores, prevén procedimientos de disposición de sus bienes, existen problemas de saneamiento documental, invasiones efectuadas por diferentes asociaciones de jubilados, deterioro y pérdida de los bienes muebles por el prolongado almacenamiento, dificultades en su monetización, que imposibilitan la baja de estos bienes de los estados financieros, para dar paso al cierre definitivo del proceso de liquidación. Que es necesario contar con la norma legal que respalde y facilite el proceso de liquidación de los Entes Gestores de Seguridad Social y acorte los plazos, que desde ya han sobrepasado los límites razonables”. Por cuanto, se autorizó al entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Liquidador de Entes Gestores de la Seguridad Social, cerrar definitivamente y declarar la liquidación total de los veintisiete Entes Gestores de la Seguridad Social, según lo dispuesto por el art. 56 de la Ley 1732; así como, la baja de los activos fijos, valores, acciones, acreencias y otros activos registrados en los balances de cierre de los Entes Gestores de la Seguridad Social, a operar de la siguiente manera: 1. Los bienes inmuebles remanentes se inscribirán a nombre del Ministerio de Hacienda. 2. Los bienes remanentes muebles, equipos, vehículos, valores, acciones, acreencias y otros activos se transferirán al Ministerio de Hacienda. En el art. 3 del indicado Decreto Supremo, se establece que el referido Ministerio, a través del SENAPE, dispondrá de los bienes inmuebles, previo informe del Viceministerio de Cultura, para determinar si corresponde al patrimonio cultural del Estado; procediéndose, de la misma manera cuando se trate de bienes muebles; y, para el caso de la recuperación de acreencias, estará a cargo del indicado Servicio, según reglamentación especial aprobada por el Ministerio de Hacienda.

En el mismo orden y dado que mediante Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997, se creó el SENAPE, como entidad desconcentrada del entonces Ministerio de Hacienda, cuyas atribuciones y funciones se establecieron por DS 25152 de 4 de septiembre de 1998; y, habiendo, dicha estructura sufrido modificaciones y adecuaciones, según las necesidades de los procesos de registro de bienes del patrimonio del Estado, de liquidación de entidades, de la liquidación de los entes gestores de seguridad social y las restricciones presupuestarias dispuestas por los Decretos Supremos (DDSS) 27327 de 31 de enero de 2004 y 27450 de 14 de abril de 2004, por DS 28565 de 22 de diciembre de 2005, se establecieron los principios de organización y funcionamiento del SENAPE en el marco de la Ley y sus disposiciones reglamentarias, señalándose en el art. 3, su misión institucional, consistente en: “…efectuar el registro de los bienes el Estado, conforme a Reglamento y promover el saneamiento y la valoración de los mismos. Asimismo, el SENAPE tiene la misión de disponer de los bienes recibidos de otras instituciones, administrar el activo exigible de las entidades disueltas o en proceso de liquidación, y concluir los procesos de liquidación de ex entidades estatales y entes gestores de la seguridad social, conforme a disposiciones legales vigentes” (las negrillas son nuestras). En el art. 29, establece que: “La Dirección de Liquidación de Entes Gestores de Seguridad Social se constituye en un área organizacional del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, que tendrá vigencia hasta la conclusión de su liquidación. Dentro de esta competencia transitoria, administrará, supervisará y controlará los procesos de liquidación de los ex Entes Gestores de Seguridad Social dispuesta por la Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996…” (lo resaltado fue añadido).

Lo que nos permite concluir, que inicialmente -a partir de la emisión de la Ley 1732-, la Secretaría Nacional de Pensiones, estuvo a cargo de la liquidación de los entes gestores; posteriormente, por DS 25053, se dispuso que sea la Unidad de Reordenamiento del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, quien se haga cargo de la realización de auditorias especiales para determinar el patrimonio de las entidades sujetas a liquidación. Asimismo, que las asociaciones mutuales administradoras de los seguros y regímenes especiales, se encuentran sujetas a la supervisión, fiscalización y regulación de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Ya en la gestión 2001, por DS 26291, se autorizó al Ministerio de Comercio Exterior e Inversión -Unidad de Reordenamiento- a contratar una consultora especializada para la organización de una nueva entidad; autorizándose, al mismo tiempo la transferencia de activos, pasivos y patrimonio que resulte de la conciliación efectuada. Finalmente, por DS 28528 de 16 de diciembre de 2005, se autorizó al entonces Ministerio de Hacienda, a través de los Liquidadores de los Entes Gestores de la Seguridad Social, cerrar definitivamente y declarar la liquidación total de los veintisiete Entes Gestores de la Seguridad Social; y, a través del SENAPE a disponer de los bienes inmuebles, muebles y recuperación de acreencias. Por cuanto, el Estado mediante sus distintas reparticiones, se hizo cargo de la liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social.

En función a la normativa referida, se suscribió el Convenio Interinstitucional de 25 de octubre de 2006, entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Educación y Cultura, el SENAPE, la Confederación de Maestros Jubilados de Bolivia (COMAJUB), la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB), la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y la MUMANAL, en representación de la institución administradora definida por los beneficiarios. Con la intervención de las mismas partes, también se firmó la Adenda al Convenio Interinstitucional de 20 de mayo de 2008, en el cual se modificaron las cláusulas Cuarta y Quinta del citado Convenio, estableciéndose que el monto total de los Regímenes Especiales a favor de los aportantes de la COMAJUB, CONMERB y CTEUB asciende a Bs124 763 014 09, como resultado de la Auditoria Especial de “ECA APARICIO” y la limpieza de cartera realizada por el SENAPE; asimismo, se definió la forma de pago de dicho monto.

III.6. Examen de constitucionalidad

Previo a efectuar el examen de constitucionalidad de los artículos cuestionados de la Ley 4121, cabe referirnos concretamente a la afirmación realizada por la accionante, al sostener que la citada ley, viola el art. 48.III de la CPE, dado que: “Los derechos y beneficios reconocidos a favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”; es decir, cuando se trate de derechos laborales o beneficios sociales, por la finalidad que persiguen o los derechos que se pretende resguardar a través de ellos -condiciones de vida digna para el trabajador y su familia-, no pueden ser objeto de renuncia o convenio alguno que implique su pérdida, dado que se trata de derechos adquiridos o consolidados a favor de la trabajadora o del trabajador. En el art. 1 de la Ley 4121 que define el objeto de la misma, no se advierte contradicción con el citado precepto constitucional, en razón a que sólo se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Púbicas a proceder con la devolución de las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo del Ex FOCOSSMAF, sin ingresar a disponer de los mismos, más al contrario, mediante dicho instrumento normativo, se asegura que los aportes efectuados a la Reserva del Bono de Retiro o Seguro de Cesantía creado por DS 13647, retornen a sus beneficiarios, quienes efectuaron sus aportes con la finalidad de obtener prestaciones independientes a los del seguro complementario en los casos de cesantía voluntaria o forzosa, muerte prematura o ingreso a la situación pasiva.

III.6.1. Del art. 1 de la Ley 4121

Resulta pertinente aclarar que la intervención del Estado en la devolución de las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo, deviene de la normativa legal desarrollada en el Fundamento Jurídico III.6 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, como emergencia de la liquidación total de los Entes Gestores de la Seguridad Social, según lo dispuesto por el art. 56 de la Ley 1732.

Al establecerse en el art. 1 que el objeto de la Ley 4121, es: “Autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la devolución de las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo del ex Fondo Complementario de Seguridad Social-FOCOSSMAF…” (lo resaltado fue agregado), cabe precisar dos situaciones: la primera, que de ninguna manera se está desconociendo el origen o procedencia de los recursos que constituyeron las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo, dado que se limita a autorizar su devolución; la segunda, no se está ignorando o negando la titularidad del derecho propietario de las profesoras y profesores que realizaron sus aportes individuales y que constituyeron las referidas reservas. De ahí que el derecho a la propiedad privada, no resulta infringido como equivocadamente alega la accionante, dado que no se está ordenando la transferencia de esos recursos a otro sector o fondo, que implique un acto de disposición, teniendo presente que el derecho a la propiedad privada es definido como el poder jurídico de una persona sobre una cosa, que le permite usar gozar y disponer, debiendo ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico -art. 105 del CC.

En cuanto al monto a ser devuelto, el artículo en examen, establece: “…que asciende a la suma de Bs. 124.763.014.09 (ciento veinticuatro millones setecientos sesenta y tres mil catorce 09/100 bolivianos)…” (las negrillas son nuestras); cantidad, que fue definida mediante una auditoria especial, dispuesta por DS 25053, a objeto de determinar la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio de los seguros y regímenes especiales de largo plazo. Inicialmente, en Convenio Interinstitucional de 25 de octubre de 2006, la suma a ser devuelta a favor de la COMAJUB, CONMERB, CTEUB y la MUMANAL, se fijó en Bs181 772 354 52.-, como resultado de las auditorias especiales de “ECA APARICIO” y “BERTHIN AMENGUEL”. Empero, por Adenda al referido Convenio, de 20 de mayo de 2008, alegándose la existencia de falencias y errores en los informes de cartera presentados por la firma “BERTHIN AMENGUEL” y habiéndose acordado con los interesados efectuar una limpieza de cartera a cargo del SENAPE, se modificó el monto a Bs124 763 014 09.-, como resultado de la auditoria especial efectuada por “ECA APARICIO”. Cabe resaltar que tanto en la suscripción del Convenio Interinstitucional y Adenda al mismo, intervinieron como partes suscribientes, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, el SENAPE, la COMAJUB, la CONMERB, la CTEUB y la MUMANAL, quienes en representación del Estado y del sector del magisterio, respectivamente, prestaron su conformidad con los resultados de las auditorias especiales. De donde resulta, que la cantidad de dinero a ser devuelta, no fue definida por la Ley 4121, sino por una auditoria especial, que fue de conocimiento de los representantes del magisterio, quienes suscribieron los referidos documentos.

En consecuencia, la conformidad o no con la suma de dinero a devolverse, no puede ser objeto de control de constitucionalidad, lo contrario significaría distorsionar la verdadera naturaleza jurídica y esencia de esta acción de control normativo. Ahora bien, la accionante sostiene que la reducción del monto a ser devuelto constituye un indebido apoderamiento y/o confiscación por parte del Estado; al respecto, cabe recordar que de acuerdo a la definición dada por Guillermo Cabanellas, la confiscación es la: “Adjudicación que se hace el Estado de la propiedad privada, más que por causa de delito, por razones políticas internas o internacionales (…). Este “robo” decretado por el Poder Público, con impunidad establecida por el mismo…”; es decir, la transferencia de los bienes de propiedad privada a favor del Estado sin efectuar contraprestación alguna. En el texto del artículo en análisis, no se advierte que el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas esté realizando la transferencia de las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo a favor del propio Estado o de algún otro sector.

Por cuanto, no existe contradicción o incompatibilidad alguna con el derecho de propiedad contenido en el art. 56.I de la CPE, dado que no se está privando o limitando del ejercicio de ninguno de los elementos que componen ese bien jurídico -derecho de uso, goce y disfrute-. Al contrario, se garantiza su ejercicio mediante la devolución a efectuarse por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, en función a los resultados de la auditoria especial, que estableció el monto a devolverse. En el mismo sentido, tampoco se está vulnerando el art. 48.III del texto constitucional, en razón a que no se modifica el derecho adquirido por los beneficiarios de las Reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo, sino que como efecto de la liquidación de los Entes Gestores de la Seguridad Social, únicamente se autoriza al citado Ministerio, a devolver el monto total determinado en auditoria especial de los activos, pasivos y patrimonio de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo; y por ende, se garantiza que los aportes retornen a quienes los efectuaron en su momento y que se constituyen en beneficiarios.

También refiere la accionante, que como efecto de la reducción se estaría infringiendo el valor supremo de dignidad, dado que impediría recibir un monto razonable y proporcional a los aportes realizados, al mantenimiento de valor y la rentabilidad generada, que permita al sector que realizó sus aportes, cubrir sus necesidades primordiales al haber pasado a la categoría de pasivos. Como se dijo anteriormente, el monto a ser devuelto, no fue definido o determinado por la Ley 4121 en ninguno de los artículos sometidos a control de constitucionalidad; por tanto, la “disminución” en el monto a recibir, no emerge de dicho instrumento normativo, sino de la Adenda al Convenio Interinstitucional, que modificó el monto determinado en un inicio y sobre el cual los representantes de los sectores del Magisterio, dieron su conformidad. En consecuencia, no existe incompatibilidad con la dignidad en su dimensión de valor supremo, dado que la Ley 4121, se emitió a efectos de garantizar la distribución equitativa y proporcional de las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo y a su vez permite el acceso a condiciones de vida digna de sus beneficiarios.

El argumento para sostener la contradicción con el valor justicia social, radica en la “disminución indebida” del monto a recibir por los profesores por concepto de la devolución de sus aportes; como se dijo, líneas arriba, la suma de dinero a ser devuelta por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, fue definido por una auditoria especial y sobre la cual los representantes del Estado y del magisterio, dieron su conformidad. Por cuanto, no existe incoherencia o incompatibilidad alguna entre el art. 1 de la Ley 4121, respecto del monto a ser devuelto, con el valor supremo de justicia social que implica la equidad en la distribución y redistribución del producto social donde predomine el vivir bien.

Respecto de la determinación del destinatario de la devolución, el art. 1 de la Ley 4121, establece: “…a favor de la Mutualidad del Magisterio Nacional-MUMANAL, institución conformada por la Confederación de Maestros Jubilados de Bolivia, la Confederación de Maestros de Educación Rural de Bolivia y la Confederación de Maestros de Educación Urbana de Bolivia…”, cuyo texto, no devela incompatibilidad con los arts. 8.II, 14.IV, 48.III y 56.I de la CPE, dado que por disposición del art. 1 del DS 25053, se determinó que una vez concluida la auditoría especial, “…el Tesoro Nacional abrirá una cuenta fiscal por cada ente gestor en liquidación, transfiriendo a dicha cuenta fiscal la totalidad de los saldos disponibles de cada seguro o régimen especial determinados por la auditoria especial. Transferidos los activos, pasivos y patrimonio de cada seguro y régimen especial a una cuenta fiscal, los derechos y obligaciones en su totalidad, provenientes de dichos seguros y regímenes especiales de cada ente gestor en liquidación, se transfieren ipso jure a una sociedad accidental que se conformará…”; en el art. 3 del mismo instrumento normativo, se establece que: “Las entidades administradoras de seguros y regímenes especiales serán de giro exclusivo para la administración de los seguros y regímenes especiales con que se constituyeron. Dichas entidades deberán conformarse como asociaciones mutuales…” (negrillas añadidas), de ahí la explicación del porqué se autorizó al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a devolver las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo a favor de la MUMANAL, que resulta siendo la institución conformada por la COMAJUB, CONMERB y la CTEUB.

En el mismo orden, con relación a la forma de devolución, establecida en el art. 1 de la Ley 4121, tenemos que se efectuará: “…a través de: 1. La transferencia de los inmuebles y muebles detallados en los anexos 1 y 2 adjuntos a la presente Ley, por un valor de Bs.20.573.917,52 (veinte millones quinientos setenta y tres mil novecientos diecisiete 52/100 bolivianos). 2. Los flujos de recursos generados por la recuperación de capital, intereses y mantenimiento de valor de cartera del ex FOCOSSMAF hasta un monto de Bs. 42.700.088,83 (cuarenta y dos millones setecientos mil ochenta y ocho 83/100 bolivianos), suma de la que se debe descontar Bs. 1.860.222,00 (un millón ochocientos sesenta mil doscientos veintidós 00/100 bolivianos), que fueron devueltos por Resolución Ministerial No. 232 de 23 de julio de 2007. 3. El monto recuperado por cartera entre las gestiones de 1996 a 2003, que asciende a Bs. 61.489.007,74 (sesenta y un millones cuatrocientos ochenta y nueve mil siete 74/100 bolivianos), transferido conforme a la Resolución Ministerial Nº 275 de 20 de junio de 2008, del Ministerio de Hacienda”. La definición de la forma de devolución, responde a los resultados de la auditoria especial y no así a una actitud discrecional del instrumento normativo objeto de control de constitucionalidad, ni mucho menos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; en consecuencia, no existe incongruencia con los arts. 8.II, 14.IV, 48.III y 56.I de la CPE, dado que se sólo se establece la forma en que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, devolverá los Bs124 763 014 09.-, por la transferencia de los inmuebles y muebles, los flujos de recursos generados por la recuperación de capital, intereses y mantenimiento de valor de cartera del ex FOCOSSMAF y el monto recuperado de cartera entre las gestiones 1996 a 2003, a la MUMANAL, entidad administradora que posteriormente especificará cómo y qué montos serán devueltos a los beneficiarios de las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo.

III.6.2. Del art. 2 de la Ley 4121

En cuanto a la transferencia de los inmuebles y muebles, establecida por el art. 2 de la Ley 4121, “1. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE, proceder a la transferencia onerosa, con cargo a devolución de reservas de los Regímenes Especiales de treinta y dos (32) bienes inmuebles conforme al Artículo 1 de la presente Ley y muebles en el estado físico y documental en el que se encuentren, detallados en anexos 1 y 2 adjuntos a la presente Ley, por un valor que asciende a la suma de Bs. 20.573.917,52 (veinte millones quinientos setenta y tres mil novecientos diecisiete 52/100 bolivianos). 2. La MUMANAL realizará los trámites de saneamiento y registro de derecho propietario”. Cabe recordar que como emergencia de la intervención del Estado en la liquidación de los veintisiete entes gestores de la seguridad social, todos los bienes inmuebles de propiedad del magisterio pasaron a ser administrados y registrados por el Estado a través del SENAPE; y, que la constitución de reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo, en este caso de la cuota mortuoria y bono de cesantía al ex FOCOSSMAF, se hizo mediante el aporte mensual realizado por las profesoras y los profesores del magisterio. Por cuanto, los mismos deben destinarse a la devolución a sus aportantes y no así desplazados para el pago de un impuesto a la transferencia, que efectivamente disminuiría sus reservas y los montos a recibir por los beneficiarios.

Si bien una de las formas de devolución es a través de la transferencia de los inmuebles y muebles que resultaron de la auditoria especial, por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a favor de la MUMANAL, empero, no debemos olvidar que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y cuyo ejercicio debe ser compatible con el interés colectivo, en función a los límites y obligaciones que establece el orden jurídico; y, dado que el texto constitucional la reconoce como un derecho fundamental, implica que su vigencia y respeto, debe ser garantizada por el Estado, a efectos de no limitar o prohibir en forma arbitraria su ejercicio. De donde resulta, que el Estado representado por el indicado Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, está impedido de realizar acto de disposición alguno a título oneroso sobre los bienes inmuebles a ser transferidos a la MUMANAL, que implique desconocer su derecho propietario sobre dichos bienes inmuebles y la afectación o disminución de las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo, debiendo cumplirse la transferencia a título gratuito, considerando la función social al cual están destinados dichos bienes inmuebles, según se tiene de la Cláusula Séptima, apartado 4 inc. c) del Convenio Interinstitucional de 25 de octubre de 2006.

En ese sentido, la frase “…transferencia onerosa…”, contenida en el art. 2 de la Ley 4121, resulta incompatible con el derecho fundamental a la propiedad privada contenido en el art. 56.I de la CPE, que garantiza el ejercicio de ese derecho a toda persona natural o jurídica que ostente ese título y que cumpla una función social, en este caso a los beneficiarios de las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo; por tanto, corresponde declarar su inconstitucionalidad.

III.6.3. Del art. 5 de la Ley 4121

Previamente, corresponde precisar que toda asociación mutual, se constituye como una asociación para un fin específico a desarrollar, siempre que sea lícito y no persiga lucro alguno, conforme a las normas establecidas por el Código Civil y esencialmente para brindar ayuda mutua entre sus asociados. En el caso del magisterio, la conformación de la MUMANAL -por sectores de la COMAJUB, CONMERB y CTEUB-, se dio como emergencia del DS 25053, que dispuso la creación de asociaciones mutuales para la administración de los recursos provenientes de los Seguros y Regímenes Especiales de largo plazo.

Bajo esa comprensión corresponde analizar el art. 5 de la Ley 4121, respecto de su compatibilidad con el derecho a la propiedad privada, considerando que dicho texto impone obligaciones a la MUMANAL, como las siguientes: “La MUMANAL, devolverá los aportes correspondientes a los Seguros y Regímenes Especiales de Cuota Mortuaria y Bono de Cesantía a los maestros registrados en el informe de Auditoría Especial de la Empresa Eca & Aparicio, aún si no se encuentran adscritos a la MUMANAL. Para fines de control y conciliación con los Estados Financieros del ex Fondo Complementario de la Seguridad Social del Magisterio Fiscal -FOCOSSMAF, la MUMANAL, debe presentar mensualmente al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado las planillas de los pagos efectuados por concepto de devolución de los Regímenes Especiales”. Inicialmente, cabe recordar que la MUMANAL, se conformó únicamente para la administración de las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales de Cuota Mortuoria y Bono de Cesantía; en ese entendido y en función a sus estatutos y reglamentos, determinará la forma como procederá con la devolución de los aportes a sus afiliados. Facultad, valga el término, que no se encuentra restringida o limitada por el texto del art. 5 del citado instrumento normativo, dado que el mismo, reitera lo acordado en la clausula Séptima apartado cuatro inc. f) del Convenio Interinstitucional de 25 de octubre de 2006 y refrendado por la Adenda de 20 de mayo de 2008.

En consecuencia, el texto del art. 5 de la Ley 4121, cuestionado de inconstitucional, no advierte contradicción con el derecho fundamental a la propiedad privada contenida en el art. 56.I de la CPE, en razón a que no se está afectando el mismo en su elemento del derecho de disposición, que implique imposición de parte del Estado a la MUMANAL en la forma cómo devolverá los aportes, simplemente se resguarda o asegura que se cumpla dicho fin en forma transparente y organizada mediante la presentación de planillas.

III.6.4. Del art. 6 de la Ley 4121

Después de haberse realizado la devolución de los aportes a los beneficiarios de las reservas de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo, el remanente existente, de acuerdo al art. 6 de la Ley 4121, tendrá por destino el TGN, así lo dispone el citado artículo, al establecer: “En caso de existir recursos remanentes de pagos no efectivizados por la MUMANAL, a favor de los maestros registrados en Informe de la Auditoria Especial de la Empresa Eca & Aparicio, estos deberán ser revertidos al Tesoro General de la Nación, en un plazo máximo de 18 meses” (las negrillas nos corresponden); al respecto, nuevamente reiterar, que los recursos que conformaron la reserva de los Seguros y Regímenes Especiales a largo plazo, provienen de aportes mensuales realizados por el sector del magisterio, por lo tanto, son ellos los titulares del dominio o derecho propietario sobre los mismos, cuya devolución estará a cargo de la MUMANAL en la forma que sea definida. En ese sentido, el saldo o remanente que pudiera existir una vez efectuada la devolución, no puede ser revertida al Tesoro General de la Nación, bajo la comprensión que se trata de aportes que en su momento tuvieron un fin social de ayuda para cubrir prestaciones independientes a los del seguro complementario en los casos de cesantía voluntaria o forzosa, muerte prematura o ingreso a la situación pasiva, el cual, aún cuando se hubieren liquidado los entes gestores, persiste.

Dado que los recursos serán transferidos a la MUMANAL, conforme determina el art. 1 de la Ley 4121, es la institución que deberá definir el destino de los remanentes o saldo que pudiera existir una vez concluida la devolución a todos los beneficiarios y hubieren pagos no efectuados. Ahora bien, tratándose de una asociación mutual, constituida conforme a las normas del Código Civil y los requisitos exigidos en el DS 25053, resulta aplicable la disposición contenida en el art. 65 de la Ley sustantiva civil, que establece: “I. Extinguida la asociación, se procederá a la liquidación del patrimonio. II. Los bienes sobrantes se adjudicarán de conformidad a los estatutos y cuando estos no dispongan nada al respecto, se atribuirán a la Universidad nacional del distrito”.

Consecuentemente, el texto del art. 6 de la Ley 4121, resulta contrario al art. 56.I de la Norma Suprema, dado que, nuevamente, limita el derecho de disposición sobre recursos que corresponden enteramente a las maestras y maestros representados por la COMAJUB, CONMERB y CTEUB y que conformaron la MUMANAL.

III.6.5. De los arts. 3 y 4 de la Ley 4121

Con relación al examen de constitucionalidad del art. 3 de la Ley 4121, relativo a la devolución de los saldos de cartera, dicha disposición legal, refiere: “Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como parte de la devolución de los Seguros y Regímenes Especiales, el pago de Bs. 42.700.088,83 (cuarenta y dos millones setecientos mil ochenta y ocho 83/100 bolivianos), obtenidos de los recursos recuperados por el cobro de capital, mantenimiento de valor e intereses de la Cartera del ex FOCOSSMAF a la MUMANAL como administradora de recursos, suma que será cancelada en doce (12) cuotas mensuales, a partir de la fecha de promulgación de la presente Ley, previo descuento de Bs. 1.860.222,00 (un millón ochocientos sesenta mil doscientos veintidós 00/100 bolivianos) considerados en el numeral 2 del artículo 1 de la presente disposición legal” (negrillas agregadas), cuyo texto no advierte inconstitucionalidad alguna con los arts. 8.II, 14.IV, 48.III y 56.I de la CPE, dado que se dispone la devolución de la suma de dinero recuperada por el cobro de capital, mantenimiento el valor e intereses de la Cartera del ex FOCOSSMAF, que emerge como resultado de la auditoria especial. Debiendo, declararse su constitucionalidad.

El texto del art. 4 de la Ley 4121, concerniente a la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, establece: “La responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, concluye una vez efectuadas las transferencias dispuestas en los artículos precedentes” (las negrillas son nuestras); como consecuencia, de la liquidación de los entes gestores, el citado Ministerio a través del SENAPE, asumió la administración, recuperación de los activos, pasivos y patrimonio de los Seguros y Regímenes Especiales de largo plazo, hasta la devolución de los mismos a sus titulares, que en este caso es el sector del magisterio que efectúo sus aportes para la constitución del seguro de cesantía y cuota mortuoria. Por cuanto, su responsabilidad concluye con la devolución o transferencia total de los mismos a sus beneficiarios representados por la MUMANAL. Consiguientemente, no existe contradicción con los arts. 8.II, 14.IV, 48.III y 56.I de la CPE.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y al art. 12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve:

1º Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del art. 1 y 5 de la Ley 4121 de 13 de noviembre de 2009; y por conexitud la CONSTITUCIONALIDAD de los arts. 3 y 4 del mismo instrumento normativo; y,

2º Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD de los arts. 2 y 6 de la Ley 4121 de 13 de noviembre de 2009;

CORRESPONDE A LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0467/2013 (Viene de la pág. 27)
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
No intervienen la Magistrada, Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez, por ser de voto disidente y el Magistrado, Gualberto Cusi Mamani, por encontrarse con baja médica; razón por la cual se habilitó al Magistrado suplente, Dr. Macario Lahor Cortez Chávez.

Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey
PRESIDENTE

Fdo. Efren Choque Capuma
MAGISTRADO

Fdo. Soraida Rosario Chánez Chire
MAGISTRADA

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga
MAGISTRADA

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños
MAGISTRADA

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chávez
MAGISTRADO


FICHA TÉCNICO JURÍDICA DCMI


Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia

Enlace Gaceta Bolivia: https://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/

Edición: Gaceta No 0712

Tipo: SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL No 0467/2013

Enlace Permanente para citar: https://www.vobolex.org/bolivia/sentencia-constitucional-plurinacional-no-04672013-del-10-de-abril-de-2013

Alertas Legislativas por E-Mail

suscriptores registrados.

Vobolex.org Powered by Derechoteca ©®™ 2023