Bolivia | SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL No 1925/2012 del 12 de Octubre de 2012

RESUMEN: Sucre, 12 de octubre de 2012 Expediente: 00925-2012-02-AIA Departamento: LaPaz

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1925/2012

Sucre, 12 de octubre de 2012

SALA PLENA

Magistrado Relator: Tata Gualberto Cusi Mamani

Acción de inconstitucionalidad abstracta

Expediente: 00925-2012-02-AIA

Departamento: La Paz

En la acción de inconstitucional abstracta interpuesta por Franz Grover Choque Ulloa, Diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional; demandando la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2, más las Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias del Decreto Supremo (DS) 29535 de 30 de abril de 2008, por ser presuntamente contrarios a los arts. 8.II, 9.2, 123 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Por memorial presentado el 23 de mayo de 2012, cursante de fs. 38 a 42 vta., el accionante expone los siguientes fundamentos:

I.1.1. Relación sintética de la acción

La Ley de Reestructuración Voluntaria –Ley 2495 de 4 de agosto de 2003-, establece mecanismos alternativos a los previstos en el Código de Comercio para que deudores y acreedores acuerden la reestructuración voluntaria de empresas no sujetas a regulación por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y de Pensiones, Valores y Seguros, sean personas naturales o jurídicas, mediante la suscripción y ejecución de un acuerdo de transacción. El DS 27384 de 20 de febrero de 2004, reglamentó dicha Ley, estableciendo en el art. 54.II, que: “Los montos de las quitas y los términos y condiciones de los planes de pago de créditos de las instituciones estatales acreedoras, resultarán del promedio ponderado de las quitas y de los términos y condiciones de los planes de pago aprobados por los demás acreedores registrados en el marco del Acuerdo de Transacción”; posteriormente, el DS 28414 de 21 de octubre de 2005, estableció un porcentaje en sentido que los montos de las quitas de las acreencias públicas en ningún caso podrán exceder 50% del saldo deudor a la fecha de registro en la Superintendencia de Empresas; el DS 29192 de 14 de julio de 2007, suspendió temporalmente la admisión de solicitudes de reestructuración de empresas dispuestas a acogerse al procedimiento de reestructuración voluntaria en el marco de dicha Ley.

Indica que en abril de 2008, el DS 29535 modificó el art. 54.II del DS 27384, que cambió a su vez el parágrafo I del DS 28414, estableciendo que: “Los montos de las quitas a capital, en los intereses y accesorios correspondientes a las acreencias públicas, en ningún caso podrán exceder el uno por ciento (1%) del saldo deudor a la fecha de registro de las acreencias ante la Superintendencia de Empresas”; norma que mantuvo el parágrafo II del DS 28414, respecto a la aplicabilidad de la modificación, determinando la aplicación inmediata, inclusive para procesos de reestructuración en trámite, en los cuales aún no se hubiera homologado el acuerdo de transacción.

Señala que, los Decretos Supremos referidos, se emitieron estando en curso todas las solicitudes de reestructuración; sin embargo, mediante el DS 29535 de 30 de abril de 2008, el Ejecutivo, invocando los arts. 137 y 157 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg), relativos a la protección del patrimonio del Estado, el trabajo y el capital y aduciendo que el proceso de reestructuración no cumplió su objetivo, que se perdían recursos del Estado y que los acuerdos transaccionales fueron dispuestos sobre beneficios sociales, determinó en su art. 3, disminuir el monto de las quitas del 50% al 1% a todos los procesos en los que aún no se hubiera homologado el acuerdo transaccional de la junta de acreedores, vulnerando el principio de irretroactividad de la ley, pues la disposición sólo debió aplicarse a solicitudes de reestructuración efectuadas a partir de la emisión de dicho Decreto y no a solicitudes en curso, más aún si la norma es de corte sustancial, al establecer una cuantía al concepto central de quitas en el proceso de reestructuración; empero, contraviniendo además el principio constitucional de jerarquía normativa, se emitió el Decreto del que se impugnan sus arts. 1 y 2, más sus Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias, por cambiar totalmente las reglas bajo las cuales se inició y tramitó la reestructuración, al modificar el porcentaje del 50% al 1%, “dejando en cero” el espíritu de la Ley 2495 y vaciándolo totalmente de contenido, pues esta norma no tendría sentido si las facilidades establecidas por el Estado para conservar el capital empresarial y las fuentes de trabajo, se anulan a través de la potestad ejecutiva reglamentaria, mediante el Decreto Supremo impugnado, que se posiciona por encima de una ley marco. Además, dada la diferencia abismal del porcentaje de “0” a 50, todos los procesos tendrían que retrotraerse para definir los montos para cada acreedor y el 1% que supuestamente se estaría concediendo como facilidad, sería invertido en gastos operativos, dejando de tener razón de ser el proceso de reestructuración.

Afirma que, el Decreto Supremo impugnado, contradice el principio de igualdad, al mantener el precepto de oportunidad de aplicabilidad de su contenido a procesos en los que no se hubiera homologado el acuerdo transaccional, y en los casos en los que exista dicha homologación no se aplica, por lo que tomando en cuenta el espíritu de la tantas veces señalada Ley 2495, se crea una diferencia entre un empresario y otro, pero además entre el Estado como acreedor y el acreedor privado, hecho que lesiona el referido principio, colocándose el Estado en posición de privilegio frente al resto de los acreedores, sin hacer ninguna concesión en el proceso de reestructuración, pese a que la Ley 2495, fue creada para otorgar concesiones a las empresas en desequilibrio de capital. Asimismo, contradice el principio de seguridad jurídica, debido a que el Ejecutivo no “termina” de reglamentar la Ley 2495, creando un decreto y otro para regular la misma situación jurídica, provocando zozobra e incertidumbre a los empresarios, en vez de “sostener las reglas del juego” para proveer seguridad jurídica a los administrados y no como sucede en el caso presente, que haciendo consideraciones de debilidades en el proceso de restructuración de empresas y su mal manejo, reforman la reglamentación anterior imponiendo una nueva para salvar deficiencias del propio órgano supervisor de los procesos de reestructuración.

I.2. Admisión y citaciones

Por AC 0603/2012-CA de 11 de junio, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta y ordenó poner en conocimiento del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, como personero del Órgano que generó la norma impugnada (fs. 43 a 45), diligencia que se cumplió el 8 de agosto de 2012 (fs. 59).

I.3. Alegaciones del personero del Órgano que generó la norma impugnada

Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, representado por Juan Marcelo Zurita Pabón, Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de la Presidencia, en el memorial que cursa de fs. 243 a 250 vta., señala: a) El accionante alega que el DS 29535, transgrede los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, desconociendo que un Decreto Supremo no es más que una norma de naturaleza auxiliar que emite el Ejecutivo, en materias donde constitucionalmente no es indispensable una ley; b) El art. 26 de la Ley 2495, establece que el Estado efectuará quitas a capital, en los intereses y accesorios correspondientes a sus acreencias; y que la metodología de cálculo para las quitas y planes de pago señalados en dicho artículo, será establecida en un reglamento, siendo el Decreto Supremo la forma constitucional idónea de tal reglamentación; ya que como el Estado al no participar de las juntas de acreedores, quedaba sometido al arbitrio y voluntad privada que determinaba el destino de las deudas que las empresas tenían con el Estado, siendo esencial a los fines de proteger los intereses económicos del Estado; c) La indicada Ley siempre fue reglamentada mediante decretos supremos, por lo cual el DS 29535, se emitió sin lesionar el principio de jerarquía normativa y reglamentó la aplicación de la referida Ley, al disponer que los montos de las quitas a capital, en los intereses y accesorios correspondientes a las acreencias públicas, en ningún caso puedan exceder del uno por ciento del saldo deudor, lo que no se contrapone a la Ley 2495, si no que se ajusta a lo previsto por el art. 26 de la misma, que faculta establecer el cálculo de las quitas y planes de pago a través de un reglamento, más aún cuando dicha Ley no fija el límite mínimo para el cálculo de las quitas; d) Sobre la supuesta violación al principio de irretroactividad, el art. 2.II del DS 29535, modificó el parágrafo II del art. 54 del DS 27384 y en sus Disposiciones Derogatorias, determinó la inaplicabilidad del parágrafo I del artículo único del DS 28414, quedando vigente el parágrafo II que prevé la aplicación inmediata de las determinaciones contenidas en dicho Decreto Supremo, inclusive para aquellos procesos de reestructuración en trámite, en los cuales aún no se hubiera homologado el acuerdo de transacción; e) El art. 17 de la Ley 2495, prevé que el acuerdo de transacción suscrito entre el deudor y sus acreedores registrados, homologado por el Superintendente de Empresas constituye novación; es decir, tiene efectos de cosa juzgada, impidiendo de forma definitiva e irrevocable todo pronunciamiento judicial posterior; de donde se evidencia que no existe transgresión al principio de irretroactividad, porque en el trámite de reestructuración de empresas, sólo existe situación jurídica consolidada, con la homologación del acuerdo de transacción, por lo que resulta coherente que el DS 29535, haya mantenido la disposición de dos decretos precedentes que establecían que las determinaciones sobre el porcentaje de las quitas en acreencias públicas, se aplican inmediatamente, inclusive a procesos en trámite, cuando no haya acuerdo de transacción homologado; f) El accionante alega que el DS 29535, crearía desigualdad entre empresarios, porque no se aplicaría a quienes hayan conseguido homologar el acuerdo de transacción; es decir, exige lo contrario de lo que señala para fundamentar la supuesta violación al principio de irretroactividad, ya que inicialmente señalaba que dicha norma no se debe aplicar a trámites de reestructuración empresarial pendientes que no tengan acuerdo de transacción homologado; empero, exige que dicho Decreto se aplique por igual a todos, por lo cual no se explica, ni argumenta la supuesta inconstitucionalidad por vulneración al principio de igualdad, ya que no fundamenta cómo el Decreto Supremo incurre en inobservancia del art. 8 de la CPE; g) El principio de seguridad jurídica se halla consagrado en el art. 178 de la CPE y no por el art. 9, como equivocadamente se señala, principio que además rige la administración de justicia y no la facultad reglamentaria del Órgano Ejecutivo; h) La aplicación del DS 29535, no implica ninguno de los supuestos descritos por la doctrina constitucional sobre la seguridad jurídica, pues como se señaló, las empresas saben que de no tener acuerdo transaccional homologado, será de aplicación el Decreto Supremo ahora impugnado, porque sólo llegando a esa fase, se activan los derechos y obligaciones, consolidándose como cosa juzgada; caso contrario, al no tener derechos consolidados no se pueden exigir condiciones que no le son aplicables, por lo que no se pone en peligro la seguridad jurídica de los “supuestos innumerables empresarios” que se defienden mediante la presente acción; i) Respecto al “espíritu de la Ley 2495”, el accionante no especifica el precepto constitucional supuestamente inobservado por el DS 29535, por lo que no corresponde su consideración; j) El DS 29535 se sustenta en el hecho de que el objetivo de la restructuración voluntaria de empresas no se ha cumplido en la mayoría de los casos, lo que generó pérdida de recursos al Estado como efecto de las quitas a capital y condonaciones realizadas por las juntas de acreedores; ante lo cual se modificó el parágrafo II del art. 54 del DS 27384, refiriendo que las quitas a capital en los intereses y accesorios sobre las acreencias públicas, “…en ningún caso podrán exceder el uno por ciento (1%) del saldo deudor a la fecha de registro de éstas ante la Superintendencia de Empresas” (sic), disposición que resguarda el patrimonio del Estado; y, k) Existe “un presunto interés particular” en la acción de inconstitucionalidad abstracta que nos ocupa; por cuanto, se solicita se declare la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2, más las disposiciones derogatorias y abrogatorias del DS 29535, con efectos “ex tunc”; es decir, con efectos retroactivos, “pretendiendo lograr su aplicación retroactiva al Acuerdo Transaccional suscrito por BOLSER Ltda. y la Junta de Acreedores, para beneficiar de manera particular a esta empresa privada, así como a la empresa SONATEX S.A.” (sic), cuando dicha norma ha sido emitida exactamente en defensa de la Constitución y de los intereses patrimoniales del Estado Plurinacional de Bolivia.

II. CONCLUSIONES

A los efectos de resolver adecuadamente la problemática planteada, corresponde realizar las siguientes precisiones:

II.1. Las normas impugnadas como inconstitucionales del DS 29535 de 30 de abril de 2008, son:

“ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el Decreto Supremo Nº 27384 de 20 de febrero de 2004, así como regular las acreencias sociales en el marco de la aplicación del Artículo 26 de la Ley Nº 2495 de 4 de agosto de 2003, de Reestructuración Voluntaria”.

“ARTÍCULO 2.-.(MODIFICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO Nº 27384).-

I. Se modifica el punto 4 del inciso c) del numeral 10 del Artículo 8 del Decreto Supremo N° 27384 de 20 de febrero de 2004, de acuerdo al siguiente texto:

‘Estados financieros y flujo de fondos debidamente sustentados proyectados para el período de vigencia del Plan de Reestructuración.’

II. Se modifica el Parágrafo II del Artículo 54 del Decreto Supremo N° 27384 de 20 de febrero de 2004, modificado por el Decreto Supremo Nº 28414 de 21 de octubre de 2005, de acuerdo al siguiente texto:

‘II. Los montos de las quitas y los términos y condiciones de los planes de pago de los créditos de las acreencias públicas, resultarán del promedio ponderado de las quitas y de los términos y condiciones de los planes de pago aprobados por los demás acreedores registrados en el marco del Acuerdo de Transacción. Los montos de las quitas a capital, en los intereses y accesorios correspondientes a las acreencias públicas, en ningún caso podrán exceder el uno por ciento (1%) del saldo deudor a la fecha del registro de las acreencias ante la Superintendencia de Empresas. Las instituciones estatales acreedoras no capitalizaran sus créditos’.

(…)

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se deroga el Parágrafo I del Artículo Único del Decreto Supremo N° 28414 de 21 de octubre de 2005, quedando vigente su Parágrafo II a los efectos de la aplicación del presente Decreto Supremo.

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo”.

II.2. De acuerdo a las “Disposiciones Derogatorias” del DS 29535, ahora impugnado, se derogó el parágrafo I del artículo único del Decreto Supremo, que establecía: “Los montos de las quitas y los términos y condiciones de los planes de pago de los créditos de las acreencias públicas, resultarán del promedio ponderado de las quitas y de los términos y condiciones de los planes de pago aprobados por los demás acreedores registrados en el marco del Acuerdo de Transacción. Los montos de las quitas de las acreencias públicas en ningún caso podrán exceder el cincuenta por ciento (50%) del saldo deudor a la fecha del registro ante la Superintendencia de Empresas. Las Instituciones estatales acreedoras no capitalizaran sus créditos”.

Norma que mantuvo vigente el parágrafo II del DS 28414, cuyo texto es el siguiente: “II. Las determinaciones contenidas en el presente Decreto Supremo serán de aplicación inmediata, inclusive para aquellos procesos de reestructuración en trámite en los cuales aún no se hubiera homologado el acuerdo de transacción”.

II.3. Los preceptos constitucionales cuya infracción se denuncia son los siguientes:

“Artículo 8.

(…)

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

(…)

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intercultural, intercultural y plurilingüe.

(…)

Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.

(…)

Artículo 410.

(…)

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

1. Constitución Política del Estado.

2. Los tratados internacionales.

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena.

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante cuestiona la constitucionalidad de los arts. 1 y 2 y las Disposiciones Derogatorias del DS 29535 de 30 de abril de 2008, por considerar que son contrarios a los arts. 8.II, 9.2, 123 y 410.II de la CPE, aduciendo que al tratarse de una norma de inferior jerarquía, reglamentaria de la Ley de Reestructuración Voluntaria –Ley 2495 de 4 de agosto de 2003-, cambia el espíritu de la misma, contraviene los principios constitucionales de irretroactividad y jerarquía normativa; por cuanto, lo dispuesto por el Decreto Supremo impugnado, debería aplicarse a solicitudes de reestructuración efectuadas desde su emisión y no a procesos en curso, ya que el porcentaje fijado a las quitas a acreencias públicas no podía sobrepasar el 50% del saldo a capital; empero, dicho porcentaje fue modificado ilegalmente rebajándolo al 1%, cambiando los presupuestos bajo los cuales se inició y tramitó la reestructuración. Alega igualmente que, el Decreto Supremo contradice el principio de igualdad, ya que se aplica solamente a procesos en los cuales no existe homologación del acuerdo transaccional, creándose una evidente diferencia entre un empresario y otro, y el Estado como acreedor y el acreedor privado; hecho que a su vez, transgrede el principio de seguridad jurídica, creando inestabilidad, ya que el Ejecutivo no termina de reglamentar la Ley 2495, dictando un decreto tras otro para una misma situación jurídica, provocando incertidumbre. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos denunciados son evidentes a los efectos de efectuar el control de constitucionalidad que le encomienda a este Tribunal Constitucional Plurinacional el art. 202.1 de la CPE.

III.1. Naturaleza jurídica y alcances de la acción de inconstitucionalidad abstracta

El constituyente le ha conferido al Tribunal Constitucional Plurinacional el ejercicio de la jurisdicción constitucional, que entre sus finalidades tiene la de ejercer el control de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales, control que se instrumenta a través de las acciones de inconstitucionalidad, sean en la vía abstracta o concreta, con carácter correctivo o a posteriori, con la finalidad de que este Tribunal someta las normas cuestionadas a un juicio de constitucionalidad para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con los valores supremos, principios, fundamentales y normas de la Constitución Política del Estado.

De acuerdo a la previsión constitucional inserta en el art. 202.1 de la CPE, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conocerá y resolverá en única instancia los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales; norma concordante con el art. 103 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), que establece que la acción de inconstitucionalidad abstracta procederá contra toda ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto o cualquier género de ordenanzas y resoluciones no judiciales de carácter normativo que puedan resultar contrarias a la Constitución Política del Estado.

La acción de inconstitucionalidad, tiene como propósito expulsar del ordenamiento jurídico, toda norma que sea incompatible con la Constitución; en ese sentido, el art. 132 de la CPE, haciendo referencia de manera general a la acción de inconstitucionalidad, señala que toda persona, sea individual o colectiva, que se encuentre afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución, tendrá derecho a interponer la acción de inconstitucionalidad, conforme a los procedimientos desarrollados para ese fin. Por su parte, el art. 133 de la CPE, prevé sobre los efectos de la inconstitucionalidad, la declaración de la inaplicabilidad de la norma impugnada, teniendo efectos erga homes; es decir, surte plenos efectos respecto a todos. El art. 107 de la LTCP, establece que:

“1. La Sentencia declarará la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto o cualquier género de ordenanzas y resoluciones no judiciales, en todo o en parte.

2. La sentencia que declare la inconstitucionalidad total de la norma legal impugnada, tendrá efecto abrogatorio de ella.

3. La sentencia que declare la inconstitucionalidad parcial de la norma legal impugnada tendrá efecto derogatorio de los artículos sobre los que hubiera recaído la declaratoria de inconstitucionalidad y seguirán vigentes los restantes.

4. La sentencia podrá declarar la inconstitucionalidad de otros preceptos que sean conexos o concordantes con la norma legal impugnada, con los mismos efectos que en lo principal.

5. La Sentencia que declare la constitucionalidad de la norma legal impugnada, hace improcedente cualquier nueva demanda de inconstitucionalidad contra ella”.

Respecto a los alcances del control normativo de constitucionalidad, el extinto Tribunal Constitucional, en la SC 0019/2006 de 5 de abril, siguiendo el criterio expresado por la SC 0051/2005 de 18 de agosto, señaló que: “…el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales objetadas…” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Respecto a los decretos supremos y su validez legal

Al efecto, es preciso referir el entendimiento asumido respecto a la naturaleza jurídica de los decretos supremos en la SCP 0336/2012 de 18 de junio, donde se estableció que: “…decreto es: ‘…una norma auxiliar de la ley que emite el Poder Ejecutivo en materias en que no es constitucionalmente indispensable la ley formal, pero que reviste mayor importancia que los asuntos de mero trámite relegados a circulares y órdenes internas. El decreto se asemeja a la ley en que tiene fuerza obligatoria, general y permanente; pero difiere de ésta en cuanto al órgano del que emana y en que no establece derechos y obligaciones propiamente, sino los medios para hacerlos valer’. Entonces, son resoluciones cuya emisión compete sólo al Órgano Ejecutivo, en el ámbito de sus atribuciones y según sus facultades reglamentarias, para el cumplimiento de las leyes, sin implicar de modo alguno la modificación de su contenido material; de acuerdo a la estructura jurídica vigente en nuestro país y conforme la disposición contenida en el art. 410.II de la CPE, es competencia de las entidades territoriales -nacionales, autónomas y descentralizadas-, emitir decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes; de ahí que el art. 172.7) y 8) del texto constitucional, establece como atribución del Órgano Ejecutivo -Presidente del Estado Plurinacional-, promulgar las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y dictar decretos supremos. Dicho de otro modo, a diferencia de una ley, el decreto supremo establece disposiciones legales específicas que reglamentan las normas generales previstas por la ley, sin modificar o desconocer y mucho menos suprimir los derechos y obligaciones establecidas por ésta” (las negrillas son añadidas).

III.3. En cuanto a los principios constitucionales

Sobre los principios generales del derecho, Willman Ruperto Durán Ribera, en su obra “Principios, Derechos y Garantías Constitucionales”, refirió que los principios cumplen diversas funciones, dado el carácter informador que tienen del ordenamiento jurídico; por un lado, son considerados como directrices para la elaboración de leyes; y por otro, para la labor interpretativa, que impele a la autoridad judicial o administrativa a interpretar las normas a ser aplicadas conforme a esos principios; son además, un parámetro para determinar la inconstitucionalidad de las normas y, finalmente son consideradas como una fuente supletoria del derecho; empero, dada las funciones tan importantes asignadas a los principios, “la función de ser fuente supletoria, ha sido considerada como la más ‘supletoria’ de las funciones”. Por ello, los principios generales del derecho cumplen una triple función: fundamentadora, interpretativa y supletoria.

La función fundamentadora, conocida también como función creativa, considera los principios como una fuente del ordenamiento jurídico; por cuanto el legislador, al momento de elaboración, modificación e inclusive derogación de una norma, debe tomar en cuenta los principios generales del derecho. Por su parte, la función interpretativa conlleva que los principios pueden ayudar a la comprensión e interpretación de las diferentes normas del ordenamiento jurídico para su aplicación al caso concreto, buscando el fundamento de su creación. La función supletoria, llamada también integradora, llena los vacíos del ordenamiento jurídico.

En ese orden, los principios constitucionales comparten con los principios generales del derecho, la característica de ser informadores del ordenamiento jurídico; por cuanto, deben cumplir su función interpretativa en su aplicación.

El Estado Plurinacional de Bolivia, está basado en principios y valores, los cuales se encuentran incluidos de manera positiva en el texto constitucional. Así, el art. 8.I y II de la CPE, establece los principios ético-morales de la sociedad plural y los valores en los que se sustenta el Estado; axiomas jurídicos que no sólo se encuentran en esta parte del texto constitucional, sino que impregnan toda la estructura y organización funcional del Estado; por cuanto, la Constitución vigente, ha proclamado en su texto principios que rigen la nueva visión de Estado, siendo un deber de las bolivianas y los bolivianos promover y difundir la práctica de los valores y principios proclamados por la Constitución (art. 108.3 de la CPE).

Finalmente, sobre la importancia de los principios en el juicio de constitucionalidad, Celso Antonio Bandeira de Mello, señala que: “Violar un principio es mucho más grave que transgredir una norma. La inobservancia de un principio implica una ofensa, no apenas a un mandato obligatorio específico, sino a todo el sistema de comandos. Es la forma más grave de la ilegalidad o de la inconstitucionalidad, de acuerdo a la jerarquía del principio alcanzado, porque representa una insurgencia contra todo el sistema, una subversión de sus valores fundamentales, un golpe irremisible a su armazón lógico y corrosión de su estructura maestra”.

III.4. Principios constitucionales concurrentes a la problemática a resolver

A efectos del juicio de constitucionalidad planteado, cabe efectuar un análisis de algunos institutos jurídicos relacionados al caso. En ese sentido, se tiene:

III.4.1. El valor y principio de igualdad

En la parte introductoria de la Constitución Política del Estado, se describe al Estado Boliviano basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.

En el Capítulo Segundo, acápite referido a los principios, valores y fines del Estado, el art. 8.II de la Norma Suprema, establece que el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

El valor igualdad, ha sido desarrollado por la doctrina constitucional, estableciendo de manera uniforme que: “…por derecho a la igualdad se entiende aquel derecho genérico, concreción y desarrollo del valor igualdad, que supone no sólo el reconocimiento por parte de las normas jurídicas del principio de no discriminación a la hora de reconocer y garantizar los derechos, sino además, el cumplimiento social efectivo de la misma. El mandato de igualdad en la formulación del derecho exige que todos sean tratados igual por el legislador. Esto no significa que el legislador ha de colocar a todos en las mismas posiciones jurídicas ni que tenga que procurar que todos presenten las mismas propiedades naturales ni que todos se encuentren en las mismas situaciones fácticas. El principio general de igualdad dirigido al legislador no puede exigir que todos deban ser tratados exactamente de la misma manera y tampoco que todos deban ser iguales en todos los aspectos. Entonces, el medio idóneo para que el legislador cumpla con el mandato de este principio es aplicando la máxima o fórmula clásica: ‘hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual’. En eso consiste la verdadera igualdad” (las negrillas nos pertenecen) (SC 0045/2007 de 2 de octubre).

En ese mismo entendimiento, la igualdad “…en su genuino sentido, no consiste en la ausencia de toda distinción respecto de situaciones diferentes, sino precisamente en el adecuado trato a los fenómenos que surgen en el seno de la sociedad, diferenciando las hipótesis que exigen una misma respuesta de la ley y de la autoridad, pues respecto de éstas, la norma razonable no debe responder al igualitarismo ciego -lo que quebrantaría la igualdad- sino primordialmente al equilibrio que impone un trato diferente para circunstancias no coincidentes, lo que significa que la igualdad no consiste en la identidad absoluta, sino en la proporcionalidad equivalente entre dos o más entes, es decir, en dar a cada cual lo adecuado según las circunstancias de tiempo, modo y lugar…” (las negrillas nos corresponden) (SC 0083/2000 de 24 de noviembre).

Por su parte, la SC 2213/2010-R de 19 de noviembre, señaló: “En lo referido al derecho a la igualdad, cabe señalar que ésta es la condición que imponen las leyes para todo habitante de un Estado; significa que ante la ley nadie tiene preferencias de ningún tipo, sean estas por su ubicación, clase social, raza, sexo, educación etc. La igualdad jurídica importa el mínimo de equidad que una sociedad debe respetar, ya que de ninguna manera puede operar la democracia sin este concepto, también la igualdad, está íntimamente relacionada con la libertad, que únicamente puede desarrollarse en un ambiente igualitario. El contenido esencial de la igualdad no se encuentra en la prohibición de establecer tratamientos normativos diferenciados, sino en la interdicción de normas diferenciadas no justificadas, esto es, arbitrarias o discriminatorias; para decirlo claramente, lo esencial para entender la igualdad jurídica, es que ésta no radica en la ‘no diferenciación´ sino en la ´no discriminación entre pares’, desplazándose el problema a la determinación del criterio que nos permita establecer cuando una diferenciación es o no discriminatoria, esto implica, que todas las personas sujetas a una misma norma o que se encuentren en una misma condición jurídica, deben someterse a la misma ley aplicable a los individuos de ese grupo. Lo contrario implicaría que la autoridad al aplicar la ley vulnerara el principio de igualdad e impusiera una discriminación antijurídica. La esencia del derecho está dada por el reconocimiento de que los hombres son iguales ante la ley” (las negrillas son nuestras).

III.4.2. Del principio de irretroactividad de la norma

El art. 123 de la CPE, prevé que: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución”.

Precepto constitucional que establece de manera clara la prohibición de aplicación retroactiva de la ley; es decir, que la ley no puede aplicarse a casos que se suscitaron con anterioridad a su vigencia; por cuanto, los efectos de esa norma sólo operan a partir de su promulgación. Respecto a este principio, la SC 0334/2010-R de 15 de junio, señaló: “El fundamento jurídico del principio de irretroactividad, es la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico, porque sin el mencionado principio se presentan confusiones sobre la oportunidad de regulación, de suerte que en muchas ocasiones con una conveniencia presente se regulaba una situación pasada, que resultaba exorbitante al sentido de la justicia, por falta de adecuación entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica.

Las personas tienen confianza en la ley vigente, y conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas.

La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la cual, en la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídica, que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común, de manera concurrente.

Es por ello, que el principio de irretroactividad no se contrapone con la necesidad de mutaciones normativas, que impiden la petrificación de un orden jurídico que ha de ser dinámico, en el sentido de ajustar a las condiciones y circunstancias actuales, sin que esto implique el desconocimiento de situaciones jurídicas definidas de acuerdo con la ley, ni la vulneración de los derechos adquiridos” (las negrillas nos pertenecen).

III.4.3. Principio de jerarquía normativa

La SCP 0336/2012, aludida anteriormente, refiriéndose al principio de jerarquía normativa, estableció la siguiente jurisprudencia constitucional: “El art. 410.II de la CPE, sitúa a la Norma Fundamental en la cúspide de la estructura normativa, lo que implica el reconocimiento de su jerarquía frente a cualquier otra disposición legal e incluso el bloque de constitucionalidad, a excepción claro está en materia de Derechos Humanos cuya interpretación es distinta. En ese sentido, el texto constitucional, se encuentra en la cúspide de la estructura jurídica del Estado, constituyéndose en el sustento o fundamento de las demás disposiciones legales, de donde nacen los niveles jerárquicos en función al órgano que emite la norma, su importancia y el sentido funcional de la misma.

Con relación a los alcances del citado principio, la SC 072/2004 de 16 de julio, indicó: ‘…significa que una disposición legal sólo puede ser modificada o cambiada mediante otra disposición legal de igual o superior jerarquía, en ningún caso una disposición legal inferior puede modificar a otra de jerarquía superior; así, por ejemplo, una Ley no puede ser modificada mediante Decreto Supremo, y éste no puede ser modificado mediante una Resolución. Precisamente en el resguardo del principio fundamental de la jerarquía normativa, así como de la seguridad jurídica, la norma (…) dispone que es potestad del Poder Legislativo el dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas´.

De donde se concluye que los principios y valores contenidos en la Constitución Política del Estado, constituyen la base para la emisión de toda disposición legal que emane del Órgano Legislativo u otro en el ámbito de sus competencias -entidades territoriales autónomas-; y, los actos de los órganos del Estado -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- no pueden abstraerse del control de constitucionalidad, por encontrarse sometidos a la Constitución Política del Estado” (las negrillas fueron añadidas).

Sobre el mismo tema, la jurisprudencia constitucional, ha enfatizado que: “…consiste en que la estructura jurídica de un Estado se basa en criterios de niveles jerárquicos que se establecen en función de sus órganos emisores, su importancia y el sentido funcional. Significa que se constituye una pirámide jurídica en la que el primer lugar o la cima ocupa la Constitución como principio y fundamento de las demás normas jurídicas” (SC 0019/2005 de 7 de marzo) (las negrillas son nuestras).

Por otro lado, la SC 0022/2006 de 18 de abril, estableció que los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, son vulnerados en su contenido cuando se “…pretende en forma expresa suplantar dichos principios de una de las siguientes formas: i) disponer la aplicación de una ley u otra norma de inferior jerarquía con preferencia a la Constitución Política del Estado; y ii) que una norma inferior sea aplicada en detrimento de una de rango superior, así; que un decreto determine su aplicación con predilección a una ley, y sucesivamente” (las negrillas nos corresponden).

III.4.4. Principio a la seguridad jurídica

De acuerdo al nuevo orden constitucional, ha sido definido como: “…un principio rector del ordenamiento jurídico y que emana del Estado de Derecho, conforme lo señala la doctrina: ‘La seguridad jurídica debe hacer previsible la actuación estatal para el particular, tal actuación debe estar sujeta a reglas fijas. La limitación del poder estatal por tales reglas; es decir, leyes, cuya observancia es vigilada por la justicia, es contenido especial del principio de estado de derecho’ (Torsten Stein. Seguridad Jurídica y Desarrollo Económico. FKA).

En efecto, la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental; es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal…” (SC 0070/2010-R de 3 de mayo).

III.5. El juicio de constitucionalidad en el presente caso

Realizadas las consideraciones que anteceden, este Tribunal ingresa a analizar y dilucidar la problemática planteada, para lo que efectuará el juicio de constitucionalidad de las disposiciones impugnadas; es decir, arts. 1 y 2, más disposiciones derogatorias y abrogatorias del DS 29535 de 30 de abril de 2008, por ser presuntamente contrarias -a juicio del accionante- a las normas contenidas en los arts. 8.II, 9.2, 123 y 410.II de la CPE.

III.5.1. Respecto a la supuesta vulneración del principio de irretroactividad de la ley

Inicialmente es preciso señalar que la compulsa de inconstitucionalidad denunciada a través de la presente acción, se circunscribirá a lo alegado por el impetrante; aclarando de la misma manera que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, como señaló la jurisprudencia constitucional, no evalúa la conveniencia y beneficios de las normas impugnadas, sino que su labor se concreta al control objetivo de la constitucionalidad de las normas acusadas de inconstitucionales. Efectuada dicha aclaración, corresponde ingresar al análisis de lo anunciado.

Al efecto, cabe establecer que el 20 de febrero de 2004, se promulgó el DS 27384, con el objeto de reglamentar la Ley de Reestructuración Voluntaria; norma que establece el marco jurídico alternativo al previsto en el Código de Comercio, para que deudores y acreedores acuerden la reestructuración o liquidación voluntaria de empresas no sujetas a la regulación, de la entonces, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y de Pensiones, Valores y Seguros, sean personas naturales o jurídicas, a través de la suscripción y ejecución de un acuerdo de transacción, entendido éste conforme a dicha Ley, como el convenio en virtud al cual el deudor y sus acreedores dirimen derechos de contenido patrimonial mediante concesiones recíprocas y reconocimientos mutuos conforme al procedimiento.

El art. 1 del Decreto Supremo ahora impugnado, establece como objeto de esa norma la modificación del DS 27384, antes referido, así como regula las acreencias sociales en el marco de la aplicación del art. 26 de la Ley 2495; con ese fin, modifica el punto 4 del inciso c) del numeral 10 del art. 8 del ya señalado Decreto Supremo, quedando el siguiente texto: “Estados financieros y flujo de fondos debidamente sustentados proyectados para el periodo de vigencia del Plan de Reestructuración”.

Igualmente el parágrafo II del DS 29535, impugnado, modifica el parágrafo II del art. 54 del DS 27384, que a su vez fue reformado por el Decreto Supremo 28414 de 21 de octubre de 2005, señalando: “Los montos de las quitas y los términos y condiciones de los planes de pago de los créditos de las acreencias públicas, resultarán del promedio ponderado de las quitas y de los términos y condiciones de los planes de pago aprobados por los demás acreedores registrados en el marco del Acuerdo de Transacción. Los montos de las quitas a capital, en los intereses y accesorios correspondientes a las acreencias públicas, en ningún caso podrán exceder el uno por ciento (1%) del saldo deudor a la fecha del registro las acreencias ante la Superintendencia de Empresas. Las instituciones estatales acreedoras no capitalizaran sus créditos”.

El artículo único del DS 28414, señalaba manteniendo su texto inicial, que “Los montos de las quitas de las acreencias públicas en ningún caso podrán exceder el cincuenta por ciento (50%) del saldo deudor a la fecha del registro ante la Superintendencia de Empresas” (las negrillas son nuestras).

En el caso en cuestión, el accionante alega que el Decreto Supremo impugnado lesiona el principio de irretroactividad de la ley, al haberse producido una disminución en el monto de las quitas de 50% al 1% a todos los procesos en los que aún no exista homologación de acuerdo transaccional de la junta de acreedores; por cuanto, dicha modificación debió aplicarse a solicitudes de reestructuración efectuadas a partir de la emisión del Decreto Supremo impugnado; lo cual a criterio del accionante, suscitó se “cambien las reglas del juego” al modificar el porcentaje, dejando en cero el espíritu de la Ley de Reestructuración Voluntaria.

Ahora bien, el art. 123 de la CPE, ha previsto el principio de irretroactividad de la ley, que supone que ésta o cualquier norma sólo dispone para lo venidero, y no tendrá en su aplicación, efecto retroactivo; previsión normativa que establece de la misma manera excepciones en materia penal, laboral y de corrupción.

Conforme al texto del Decreto Supremo ahora impugnado, éste reglamenta la Ley 2495 de Reestructuración Voluntaria, estableciendo su procedimiento, acorde a la previsión contenida en el art. 29 de esa Ley, que señala: “La presente Ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo…” (las negrillas nos corresponden); de acuerdo a ese mandato, es a través de la facultad que tiene el Órgano Ejecutivo, de promulgar leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y pronunciar decretos supremos, que se emitió la norma ahora impugnada, que no contradice de manera alguna el principio de irretroactividad de la ley; por cuanto, habiéndose establecido que la supuesta lesión a dicho principio constitucional, a decir del accionante, deviene de su aplicación retroactiva a procesos que se encontraban en trámite de solicitud de reestructuración, el mismo Decreto Supremo ahora impugnado, en la parte de sus “disposiciones abrogatorias y derogatorias”, deroga el parágrafo I del artículo único del DS 28414 de 21 de octubre de 2005, y deja vigente el parágrafo II, el mismo que establece: “Las determinaciones contenidas en el presente Decreto Supremo serán de aplicación inmediata, inclusive para aquellos procesos de reestructuración en trámite en los cuales aún no se hubiera homologado el acuerdo de transacción” (las negrillas nos pertenecen).

En efecto, conforme al procedimiento establecido por el DS 27384, mediante el cual se reglamenta la Ley de Reestructuración Voluntaria, el art. 36 establece los efectos del acuerdo de transacción, señalando en el parágrafo I que el acuerdo de transacción debidamente homologado por el “Superintendente” y registrado en el Registro de Comercio a su cargo, constituye novación, tiene los efectos de cosa juzgada e impide definitiva e irrevocablemente todo pronunciamiento judicial posterior, impidiendo por ningún motivo la modificación de la cuantía de los créditos; por ello, de ninguna manera se aplica de forma retroactiva el Decreto Supremo ahora impugnado a procesos que hubieran sido iniciados con anterioridad a su promulgación, sino que por previsión legal, y al quedar subsistente ese parágrafo, las disposiciones del tantas veces mencionado DS 29535, son aplicadas a los procesos que no cuenten con la homologación del acuerdo de transacción, y todavía no tienen efectos de cosa juzgada, lo cual impide la modificación de la situación ya consolidada; por cuanto al haber quedado vigente la norma prevista por el parágrafo II del artículo único del DS 28414, que establece la aplicación de dicho Decreto Supremo a situaciones en las cuales aún no se haya homologado el acuerdo de transacción, se entiende que es en virtud de lo establecido en el Decreto Supremo que quedó vigente la aplicación a todos esos trámites en los cuales no exista novación, y no a consecuencia de lo establecido por el Decreto Supremo ahora impugnado. Consecuentemente, dicha norma no contradice el art. 123 de la CPE, que proclama el principio de irretroactividad de la Ley.

III.5.2. Sobre la supuesta vulneración del principio de jerarquía normativa

El accionante de la misma manera, alega que el DS 29535 en sus arts. 1 y 2, así como las disposiciones abrogatorias y derogatorias, lesionaría el principio de jerarquía normativa, previsto por el art. 410.II de la CPE, ya que, según aduce, dicho Decreto Supremo habría vaciado el contenido de la Ley de Reestructuración Voluntaria, la que perdió sentido, cuando las facilidades establecidas por el Estado para conservar el capital empresarial y las fuentes de trabajo, es anulada mediante la potestad ejecutiva reglamentaria. Además, el Decreto Supremo, estaría posicionado por encima de la Ley, al haber igualmente establecido una diferencia de porcentajes relacionada con las quitas, considerando que el 1% establecido, sería invertido en gastos operativos, dejando de tener eficacia el proceso de reestructuración.

Conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Órgano Ejecutivo, entre otras, tiene la potestad de promulgar leyes y dictar decretos supremos; respecto a estos últimos, establecen disposiciones legales específicas con el propósito de reglamentar normas generales constituidas en leyes, sin alterar y menos suprimir derechos y obligaciones señaladas por ellas.

Es pues en el ejercicio de esa potestad que se promulgó el Decreto Supremo ahora impugnado, el mismo que como se refirió en el Fundamento Jurídico precedente, modificó el DS 27384, que de igual manera reglamentaba la Ley de Reestructuración Voluntaria.

Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia y doctrina asumida por esta jurisdicción constitucional, se ha establecido que el principio de jerarquía normativa se ve vulnerado en su contenido cuando de manera expresa se pretende la aplicación de una ley u otra norma de inferior jerarquía con preferencia a la Constitución, así como, cuando una norma inferior es aplicada en detrimento de una de rango superior; presupuestos que en el caso en cuestión no han sucedido, por lo que el Decreto Supremo ahora impugnado, no contradice ni infringe de manera alguna el principio de jerarquía normativa; por cuanto, de ninguna manera esta norma está siendo aplicada con preeminencia a la Ley de Reestructuración Voluntaria, sino simplemente la está reglamentando, conforme dispone la misma Ley en su art. 29; así, no está creando ni modificando ninguna disposición que contravenga el espíritu de la Ley 2495, más aún, si en la referida Ley no se establece nada sobre el porcentaje de las quitas a capital en los intereses y accesorios correspondientes a las acreencias públicas en los procesos de reestructuración de empresas. Por otro lado, es preciso establecer que una disposición legal sólo puede ser modificada mediante otra disposición legal de igual o superior jerarquía, por lo que en ningún caso una disposición legal inferior podrá modificar a otra de jerarquía superior, criterio asumido por la SC 0072/2004.

En consecuencia, los arts. 1 y 2 y así como las disposiciones abrogatorias y derogatorias del DS 29535, impugnado de inconstitucional, no contradicen de ninguna manera el art. 410.II de la Norma Suprema.

III.5.3. Sobre la supuesta vulneración al valor de igualdad

El accionante citando el art. 8.II de la CPE, alega que el Decreto Supremo ahora impugnado de inconstitucional, lesiona el valor igualdad, al mantener el precepto de oportunidad de aplicabilidad de su contenido a procesos en los que no se hubiera homologado el acuerdo transaccional, y en los casos en los que exista dicha homologación no se aplica, y tomando en cuenta el espíritu de la Ley 2495, se estaría creando una diferencia entre un empresario y otro, y entre el Estado como acreedor y el acreedor privado, sin establecer ninguna concesión en las empresas en desequilibrio.

Como ya se señaló inicialmente en el Fundamento Jurídico III.5.1 de la presente Sentencia, el DS 28414, fue modificado mediante el Decreto Supremo ahora impugnado, señalando en sus disposiciones abrogatorias y derogatorias, que quedaba vigente el parágrafo II, en el cual se establece la aplicación inmediata, inclusive, para aquellos procesos de reestructuración en trámite en los cuales aún no se hubiera homologado el acuerdo de transacción.

Al respecto es preciso aclarar que la aplicación a procesos de reestructuración en trámite, no ha sido dispuesta por el ahora impugnado Decreto Supremo, sino que es una disposición que quedó vigente de manera expresa en el DS 28414, por el DS 29535, impugnado de inconstitucional.

Analizada la disposición establecida en el parágrafo II del artículo único del DS 28414, que quedó vigente, éste establece la aplicación inmediata del Decreto Supremo impugnado, inclusive para aquellos procesos de reestructuración en trámite en los cuales aún no se hubiera homologado el acuerdo de transacción; en consecuencia, y tomando en cuenta que una vez homologado el acuerdo de transacción por la autoridad competente, dicho acuerdo constituye novación y tiene efectos de cosa juzgada, impide definitiva e irrevocablemente todo pronunciamiento judicial posterior relacionado a los términos y condiciones contenidos en el mismo; previsión normativa concordante con el art. 17 de la Ley 2495; conforme a lo referido, se establece que no existe una aplicación diferenciada del Decreto Supremo, respecto a uno u otro empresario, sino que dicha situación está regulada de acuerdo a la existencia o no del acuerdo de transacción homologado; es decir, que en los casos en los cuales ya exista homologación del acuerdo transaccional, dicha disposición normativa no se aplica, ello no implica de ninguna manera un trato desigual, puesto que no constituye lesión al valor igualdad cuando se impone un trato diferente para circunstancias no coincidentes, toda vez que la igualdad no reside en la identidad; situación que determina aseverar de manera concluyente que en el caso presente, el Decreto Supremo impugnado de inconstitucionalidad, no ha lesionado el principio y valor a la igualdad, ya que se han presentado dos situaciones desiguales, siendo una de ellas que exista homologación del acuerdo transaccional; por lo que de ninguna manera el Decreto Supremo es aplicado de manera disímil, máxime si a las empresas que ya cuentan con el referido acuerdo, por mandato legal, no pueden modificar su situación al constituir dicho acuerdo en cosa juzgada; consecuentemente, el Decreto Supremo impugnado no contradice, ni infringe de manera alguna la norma constitucional prevista en el art. 8.II de la CPE, que invoca en su parte pertinente el valor igualdad.

III.5.4. Respecto a la presunta lesión al principio a la seguridad jurídica

El art. 9.2 de la CPE, establece como fines y funciones esenciales del Estado, el de “Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”.

En este punto es preciso señalar que, conforme a la doctrina constitucional, la seguridad jurídica es un principio que actúa como un medio de protección ante la actuación arbitraria del Estado, propiciando que la relación de éste y sus habitantes, se enmarquen a reglas claras, precisas y determinadas, más aun refiriéndose a leyes que deben contener y desarrollar mandatos constitucionales, basados en la materialización, tanto de principios ordenadores del sistema jurídico, como de derechos y garantías constitucionales.

En el caso de estudio, el accionante considera igualmente quebrantado el principio a la seguridad jurídica; por cuanto, a criterio de éste, se estaría creando incertidumbre en los empresarios, al reformar continuamente la reglamentación de la Ley 2495, emitiéndose decreto tras decreto, que regula una misma situación jurídica.

A efecto de establecer si es evidente este cargo, corresponde inicialmente señalar, que los decretos supremos son normas auxiliares de la ley, si bien este tipo de disposiciones normativas, tienen como esencial naturaleza la de reglamentar leyes, se entiende que no establecen derechos ni obligaciones propiamente dichos, sino que prevén los medios para la materialización de los mismos; en ese sentido, es que se pronunció el Decreto Supremo impugnado, a fin de reglamentar la Ley de Reestructuración Voluntaria, sin crear ni modificar los derechos insertos en la misma, sino que simplemente, dada su naturaleza reglamentaria, establece la forma en la que se concretizarán los mandatos establecidos en la ley conforme a las necesidades de su aplicación.

En el caso de estudio, de ninguna manera el Decreto Supremo impugnado es contrario al principio de seguridad jurídica, por cuanto, como ya se señaló, no se están modificando derechos ni obligaciones establecidas en la Ley de Reestructuración Voluntaria, simplemente se establece el procedimiento adecuado a efecto de concretizar la disposición legal, la misma que debe responder a la necesidad de cambios normativos de un orden jurídico que es dinámico, en el sentido de adecuarse a las situaciones y realidades actuales, lo que no implica desconocimiento de situaciones jurídicas definidas conforme a la ley.

Por ello, conforme al principio de seguridad jurídica, para la sociedad las actuaciones del Estado deben ser previsibles, conforme a ello y dentro de la referida previsibilidad, el Decreto Supremo ahora impugnado de inconstitucional, prevé que es legal aplicar la quita de capital del 1% a todos los procesos en los que aún no exista homologación de acuerdo transaccional, lo cual no constituye vulneración al principio de seguridad jurídica.

Por todos los argumentos expresados, se concluye que el Decreto Supremo impugnado no vulnera las normas constitucionales señaladas como lesionadas por el accionante; por lo que corresponde declarar su constitucionalidad.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y conforme al art. 12.1 de la LTCP, resuelve declarar la CONSTITUCIONALIDAD de los arts. 1 y 2, más las disposiciones abrogatorias y derogatorias del DS 29535 de 30 de abril de 2008.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

No interviene la Magistrada, Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños, por ser de voto disidente.

Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey

PRESIDENTE

Fdo. Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo. Soraida Rosario Chánez Chire

MAGISTRADA

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

MAGISTRADA


FICHA TÉCNICO JURÍDICA DCMI


Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia

Enlace Gaceta Bolivia: https://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/

Edición: Gaceta No 0683

Tipo: SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL No 1925/2012

Enlace Permanente para citar: https://www.vobolex.org/bolivia/sentencia-constitucional-plurinacional-no-19252012-del-12-de-octubre-de-2012

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